La violencia silenciosa que arrecia en el campo colombiano en medio de la pandemia

En pocas horas en Colombia murieron ocho disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, un militar falleció en un combate con otra columna que se separó de los acuerdos de paz, una banda de paramilitares amenazó a un periodista y el partido político nacido del grupo insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denunció la indefensión ante estas organizaciones de los excombatientes que abandonaron las armas. Fue allí, en el municipio de Argelia, ubicado en el departamento suroccidental del Cauca, donde en los últimos días se intensificaron los combates entre un sector de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las Fuerzas Armadas informaron este miércoles de que “ocho terroristas murieron al enfrentarse con las unidades militares” mientras trataban de contener esos enfrentamientos, que se enmarcan en la lucha por el control de una ruta del narcotráfico.

Estos son los episodios violentos más recientes conocidos en Colombia, que hace frente a la emergencia sanitaria del coronavirus -que ha dejado 130 muertos y más de 3.000 infectados- con una estricta cuarentena y el cierre de las fronteras. Sin embargo, la violencia en el campo, en un país eminentemente rural que acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, no se detiene. Y ahora es más silenciosa porque todos los ojos están centrados en la pandemia. El partido FARC deploró a través de un comunicado que “en medio de la crisis [...] hay grupos que, con una lectura equivocada del momento, no dan tregua con sus actos, agudizan los temores y la zozobra que actualmente se vive en las comunidades”. Argelia fue el último escenario de una persecución consolidada por parte de las bandas criminales: “Rechazamos el señalamiento y la declaración como objetivo militar de los dirigentes de las organizaciones sociales y de los militantes de nuestro partido y reincorporados”, señala un comunicado.

El abismo entre campo y ciudad y la escasa presencia de las autoridades en algunos territorios no supone una novedad en Colombia. Pero en estas circunstancias hace saltar las alarmas de los expertos. Lo explica Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “El país está concentrado en el coronavirus, las Fuerzas Armadas están en acuartelamiento esperando una crisis del coronavirus, pero el país se sigue incendiando. Y la otra parte de la respuesta es que en datos, en números, en estadísticas no se ve, porque el ELN paró la actividad y los enfrentamientos entre grupos no se cuentan, porque es cuando se ataca la fuerza pública”.

El ELN es la última organización guerrillera aún activa en Colombia, aunque se disputa el control del tráfico de droga con otras bandas. Esto es, aunque a finales de marzo declarara un alto el fuego unilateral con el Estado, sus actividades siguen pese a que haya suspendido los ataques a las fuerzas militares. “Si viene el ELN y declara un cese unilateral al fuego, ellos siguen enfrentándose a otros grupos, siguen expandiéndose, aunque hayan parado la actividad frente al Ejército, la guerra sigue, con las disidencias y los paramilitares”, continúa Ávila.

El procurador, Fernando Carrillo, se pronunció públicamente a propósito del caso del Cauca. “Sobre la situación en Argelia, hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana para garantizar la protección efectiva, la vida e integridad personal de los reincorporados en el marco de la implementación del acuerdo final”, afirmó. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sumó al llamamiento, solicitando “protección inmediata tanto de reincorporados de las FARC como de las comunidades que están padeciendo el control violento de grupos armados en la zona”.

A eso se añaden los ataques sistemáticos a los líderes sociales y las preocupaciones por la compleja implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016. Entonces se acabó una guerra, pero no la violencia. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó que la necesidad de redoblar los esfuerzos ante la epidemia de covid-19. “Tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en la implementación del acuerdo de paz. La paz en Colombia no puede ser una víctima de la pandemia”, señaló el martes. “La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe [a principios de marzo] otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del acuerdo de paz”. Así las cosas, Ruiz Massieu considera que “así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes”.

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