Cristina Fernández de Kirchner acusa a los magistrados que la juzgan y llama “corsarios” a los fiscales
En su dura declaración ante el tribunal, la expresidenta y próxima vicepresidenta de Argentina dice que sus causas de corrupción son un "plan ordenado" por el Gobierno de Macri
Cristina Fernández de Kirchner cree que la justicia argentina es corrupta y que las causas judiciales contra ella correspondieron a “un plan ordenado” por el Gobierno de Mauricio Macri. La expresidenta aprovechó su comparecencia ante el Tribunal Oral Federal número 2, como imputada en una causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública, para lanzar una feroz crítica a los magistrados que la escuchaban y al conjunto del poder judicial. Llamó “corsarios” a los fiscales y proclamó que el sumario no era más que “un expediente mediático”. El tono amenazante adquirió una especial relevancia por el hecho de que Cristina Fernández asumirá la semana próxima la vicepresidencia del país.
La que fue presidenta de Argentina durante ocho años, y será vicepresidenta a partir del día 10, ha acumulado una rabia profunda contra los jueces. Eso quedó claro en su declaración del lunes. Cristina Fernández de Kirchner deseaba que quedara aún más claro y exigió hasta el último momento, sin éxito, que su comparecencia fuera retransmitida en directo por las televisiones. Los magistrados se negaron, aunque sí autorizaron la retransmisión, como denunció la expresidenta, de las sesiones previas en las que se detallaron las acusaciones de la Fiscalía.
“No solo todo el juicio de instrucción fue difundido, sino que era tema en 20 millones de programas de televisión”, afirmó. “Hubo cinco audiencias completas retransmitidas en directo y en los pasajes más escabrosos del guion de los fiscales apuntaban a mi cara. Eso es el lawfare, que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente o que no son delito para conformar a la opinión pública y con eso los jueces no tengan otra alternativa que condenar. Es construir mediáticamente lo que no pueden comprobar jurídicamente”.
La vista oral se refería a presuntas irregularidades cometidas en 51 obras públicas de infraestructura en la provincia patagónica de Santa Cruz, feudo tradicional de los Kirchner. Según los fiscales, la expresidenta favoreció sistemáticamente en la adjudicación a su amigo Lázaro Báez, también encausado, al igual que los antiguos altos funcionarios Julio de Vido y José López.
Cristina Fernández de Kirchner, que gozará de una importante influencia sobre el poder judicial dentro de pocos días, descargó su furia desde el inicio de la comparecencia. “Esto a lo que asistimos aquí es una clase práctica de lawfare”, dijo, utilizando el término con que se define el uso abusivo de las causas judiciales por parte del poder político y mediático.
La expresidenta y futura vicepresidenta acusó al Gobierno saliente de Mauricio Macri de utilizar la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UFI) para promover acusaciones contra ella, y recordó que los titulares de ambas instituciones no tenían un pasado impoluto. Laura Alonso, de la OA, no es abogada, titulación que exige la ley para ocupar el puesto, y Macri promulgó un decreto “ad hoc” para modificar esa exigencia. Mariano Federici, de la UFI, procede del banco HSBC, condenado por blanqueo de dinero y con una causa pendiente en Argentina. “El Gobierno saliente tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso y quién no, y a qué empresario había que apretar para que vendiera sus empresas”, dijo Cristina Fernández.
En su declaración cargó también contra el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, responsable de las escuchas secretas tuteladas por la judicatura y también de las abundantes filtraciones a la prensa de esas mismas escuchas. E ironizó sobre el hecho de que sus sumarios casi siempre correspondieran “por sorteo” al juez Claudio Bonadio, con quien mantiene una enemistad personal. “Fui citada por Bonadio a ocho indagatorias en una sola mañana, esto solo ocurre aquí”, apostilló.
En su alegato, Cristina Fernández subrayó que su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner, había gobernado la provincia de Santa Cruz durante muchos años sin adjudicar contratos a Lázaro Báez, y que nunca existió ningún “plan maestro para saquear las arcas públicas”, como dicen los fiscales. Añadió que los responsables de la ejecución presupuestaria no eran ni su marido cuando fue presidente ni ella cuando lo fue después, porque esa tarea correspondía por ley al entonces jefe de gabinete: precisamente Alberto Fernández, ahora electo presidente. “Tendrán que llamar a declarar al presidente de la República, será interesante escuchar lo que tenga que decirles”, desafió. Recordó igualmente que uno de los empresarios beneficiados con obra pública en Santa Cruz fue Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
