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Johnson se compromete a pedir la prórroga del Brexit que votó el Parlamento si no hay acuerdo

El Gobierno asegura a un tribunal escocés que cumplirá con el mandato de Westminster, que le obliga a enviar una carta a Bruselas en caso de no haber pacto el 19 de octubre

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Boris Johnson, el jueves en Londres. Reuters

Los tribunales del Reino Unido están logrando sacar a la luz con cuentagotas los propósitos ocultos de Boris Johnson. En este caso, es un juez de Edimburgo el que ha logrado extraer el compromiso de Downing Street, a través de una declaración por escrito, de que cumplirá con el mandato parlamentario y pedirá formalmente a la UE una nueva prórroga del Brexit si no logra alcanzar un acuerdo.

Todo tiene en esta crisis política, sin embargo, un doble lenguaje o alguna trampa oculta. Y la respuesta del Gobierno británico a un juez no tiene por qué ser la última palabra en un asunto que fluctúa cada hora que pasa.

El multimillonario de la energía renovable Dale Vince y la portavoz del Partido Nacionalista Escocés, Joanna Cherry, presentaron una demanda ante la justicia en la que acusaban a Johnson de intentar rehuir la decisión del Parlamento. El primer ministro no ha dejado de repetir en las últimas semanas que el Reino Unido abandonará la UE el próximo 31 de octubre, la fecha fijada oficialmente para el Brexit, “a vida a muerte, venga lo que venga”. Una mayoría de diputados sacó adelante a principios de septiembre una resolución con fuerza de ley que obligaba a Downing Street a pedir a los 27 una nueva prórroga si era incapaz de cerrar un acuerdo que sustituyera al de la ex primera ministra, Theresa May, que la Cámara de los Comunes rechazó hasta en tres ocasiones.

El juez escocés reclamó al equipo de Johnson una respuesta por escrito en la que dejara clara su posición. El Gobierno la entregó, aunque no quiso hacerla pública. Sin embargo, el abogado de los demandantes, Aidan O'Neill, ha tenido acceso al texto, y este viernes leía públicamente algunos de los fragmentos más relevantes: “El primer ministro enviará una carta [a la Comisión Europea] en la forma establecida por la ley no más tarde del 19 de octubre. (…) Si el Consejo Europeo accede a acordar esa extensión por el periodo especificado en la carta, el primer ministro estará obligado inmediatamente a notificar al presidente del Consejo que el Reino Unido accede a esa prórroga”.

Es un modo de admitir, ante un tribunal, lo que debería ser una obviedad: el Gobierno británico se compromete a cumplir la ley. Pero las circunstancias que rodean hoy esta crisis política hacen muy confusa la interpretación del texto. En primer lugar, Downing Street sigue asegurando que quiere alcanzar un acuerdo con la UE y acaba de hacer pública su última propuesta. En segundo lugar, no es lo mismo enviar una carta formal que maniobrar activamente para alcanzar la prórroga que desea la oposición. En tercer lugar, Johnson puede siempre —como ha llegado a sugerir algún diario citando fuentes del Ejecutivo— sugerir a puerta cerrada a los líderes comunitarios que él no está por la labor de seguir prorrogando esta crisis y aconsejarles que no concedan la prórroga.

Tras difundirse el contenido de los papeles entregados a la justicia escocesa, una fuente oficial de Downing Street explicó a la BBC que "el Gobierno cumplirá la ley, que solo impone una tarea muy específica que consiste en entregar la carta del Parlamento pidiendo una extensión (...) que puede ser interpretada de maneras diferentes". "Pero la ley no impide al Gobierno hacer otras cosas que impidan un retraso, incluidas otras comunicaciones, tanto públicas como privadas. La gente tendrá que esperar a ver cómo esto se arregla. El Gobierno está haciendo saber en Europa de forma privada cuál es su posición oficial sobre el retraso y la hará pública pronto".

El texto es un reconocimiento expreso del doble lenguaje con que actúa Johnson. En la tribuna parlamentaria o en el escenario del reciente congreso del Partido Conservador asegura que no hay vuelta atrás y el Reino Unido saldrá irremediablemente de la UE el 31 de octubre. Ante un juez, donde todo lo expresado compromete legalmente, admite que el Gobierno no está por encima del Parlamento y que sus resoluciones legales deben ser cumplidas.

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