Munir Baatur, el primer presidenciable abiertamente gay en Túnez
El defensor de los derechos LGBTI Munir Baatur se presenta al cargo pese a que en Túnez la homosexualidad se castiga con cárcel
Nadie puede discutir a Munir Baatur, uno de los más conspicuos defensores de la causa LGBTI en Túnez, su valentía. A sus 48 años, este abogado no solo se ha convertido en el primer aspirante abiertamente homosexual a la presidencia de una nación árabe, sino que ha dado el paso en un país con una ley en vigor que castiga con hasta tres años de cárcel las prácticas homosexuales. No obstante, las organizaciones para la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI sí son legales desde la revolución de 2011, y Baatur es el líder de Shams, una de las más conocidas.
Baatur, sin embargo, no quiere hacer bandera de su condición de homosexual. Al menos, eso asegura. “Mi orientación sexual no es una cuestión relevante. A los otros candidatos no se les pregunta por ello. No me molesta que los medios lo mencionen, pero me veo como el simple candidato de un partido”, comenta en referencia al Partido Liberal Tunecino, la formación casi desconocida que preside. Creada en 2011, entre sus prioridades figuran la defensa de los derechos de las minorías y una estricta separación entre religión y política en la esfera pública.
Al ser preguntado por su programa para las presidenciales de noviembre, Baatur coloca en el centro de su agenda política la búsqueda de fórmulas innovadoras para relanzar la economía, como por ejemplo la regularización de la economía sumergida, cuyo peso oscila entre el 15% y el 40% del PIB nacional. Tampoco olvida las medidas relativas a la comunidad gay: “En primer lugar, abolición del artículo 230 que criminaliza la homosexualidad. Luego, que se incluya como agravante el ejercer la violencia contra los homosexuales, y el derecho de los transexuales a cambiar su estado civil legalmente sin necesidad de operarse”. El activista asegura tener más de las 10.000 firmas para oficializar la candidatura cuando se abra el plazo de inscripción.
Su participación en los comicios estuvo en el aire hasta la semana pasada. El Parlamento había aprobado en junio una serie de enmiendas a la ley electoral que incluyen como condición para los candidatos la presentación de una hoja de antecedentes penales inmaculada. Baatur pasó tres meses en la cárcel condenado por su condición de gay. Sin embargo, el presidente Beji Caïd Essebsi se negó a firmar la ley, que también prohíbe a los partidos realizar actividades caritativas, provocando una crisis constitucional. A falta de menos de tres meses para las elecciones legislativas y de cuatro para las presidenciales, todavía no está del todo claro qué requisitos deberán cumplir los candidatos para presentarse.
Tras la caída de la asfixiante dictadura de Ben Alí, en la plaza pública tunecina se empezaron a discutir muchos temas que antes eran tabú, incluida la homosexualidad. Ello fue posible, sobre todo, gracias al activismo de diversas organizaciones LGBTI, pero la aplicación de las leyes no se ha relajado. “La situación es catastrófica. La tendencia es que los arrestos se multiplican. El año pasado hubo 130”, denuncia Baatur, un hombre corpulento.
Aunque a los tunecinos, y sobre todo a sus autoridades, les gusta proyectar una imagen de país abierto y tolerante, en la cuestión de los derechos de las minorías sexuales la mentalidad continúa anclada en una visión muy conservadora. Según una reciente encuesta de la cadena BBC en varios países árabes, tan solo un 7% de los tunecinos considera “aceptable” la homosexualidad, un porcentaje sensiblemente inferior al de otros países considerados menos progresistas, como Argelia (26%), Marruecos (21%) o Sudán (17%).
A pesar de estos datos, Baatur instará al futuro Parlamento a despenalizar la homosexualidad, y compara la situación con la existente en los años cincuenta cuando se ilegalizó la poligamia: “La sociedad tunecina se adaptará al cambio, como lo hizo entonces, cuando una mayoría era conservadora y estaba en contra de aquel cambio radical”. Otra posible vía para abolir el artículo 230, incluido en el código penal por los colonizadores franceses, sería mediante una sentencia del Tribunal Constitucional que lo declarara contrario a la Carta Magna. No obstante, cinco años después de su aprobación, la corte suprema no ha sido todavía creada por falta de acuerdo de los partidos políticos sobre la identidad de sus magistrados.
Ni Baatur ni su organización despiertan muchas simpatías entre una parte de la comunidad LGBTI tunecina. Hasta el extremo de que varias ONG que defienden sus derechos han firmado un manifiesto en el que se posicionan contra su candidatura. Entre otras cosas, les acusan de “numerosas violaciones de la vida privada con la publicación de informaciones personales de individuos LGBTQI+ sin su consentimiento con el único objetivo de atraer atención mediática”. Ante tal panorama de divisiones y rencillas, las expectativas electorales de Baatur no son muy halagüeñas.
