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Las ONG se rebelan contra la ley Salvini

El ejemplo de la capitana Carola Rackete anima al resto de organizaciones a desobedecer la política migratoria del Gobierno italiano

Llegada del velero 'Alex' a Lampedusa, el pasado sábado.
Llegada del velero 'Alex' a Lampedusa, el pasado sábado. AP

La realidad y la política migratoria del Gobierno de Italia transitan ya por caminos paralelos. El caso de la nave Sea-Watch 3, capitaneada por la joven comandante Carola Rackete, rompió hace una semana el muro ficticio que el ministro del Interior, Matteo Salvini, había dibujado alrededor de los puertos italianos. El barco atracó en el puerto de Lampedusa sin la autorización y desembarcó a los 41 migrantes que había rescatado. Pese a la vigencia de la nueva ley que persigue a estas organizaciones, la juez de instrucción desestimó los cargos contra Rackete y defendió que había cumplido con su deber. Desde entonces, y tras meses de silencio y dique seco para estas embarcaciones, ha comenzado una rebelión en el mar.

El barco Alex de la ONG italiana Mediterranea llegó el sábado al puerto de Lampedusa con 41 inmigrantes. La historia fue parecida. El capitán, Tommaso Stella, decidió saltarse las órdenes que le impedían acceder a uno de los muelles de la isla y atracó el barco. Tras algunas horas hacinados en la cubierta del barco, un velero de 20 metros de eslora, y un grotesco veto a su desembarco, los inmigrantes fueron trasladados al centro de acogida de Lampedusa. Las consecuencias para la ONG son una investigación al capitán y una sanción económica a la que la organización hará frente con donaciones. Para Salvini, en cambio, constituye una deslegitimación de su doctrina, cada vez más criticada en Europa, pero más respaldada por los italianos, según los sondeos.

Las resoluciones judiciales, tal y como ha demostrado el caso de Rackete, comienzan a entrar en colisión con las nuevas leyes redactadas por el Gobierno populista formado por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas. El auto judicial que firmó la juez que liberó a Rackete la semana pasada dejaba poco margen a la política de puertos cerrados. “El deber de socorro no termina en el mero embarque a bordo de náufragos, sino en su conducción a un puerto seguro”, señaló la juez. Además, la magistrada apuntó que el conocido como Decreto Seguridad Bis nunca sería aplicable a embarcaciones que salvan vidas en el mar y solo podría usarse contra traficantes. Amparados en esta resolución, las ONG han redoblado su labor de rescate en el Mediterráneo y están poniendo a prueba todos los flancos de la doctrina Salvini.

Una tercera nave ha entrado en escena este fin de semana. La Alan Kurdide la ONG alemana Sea-Eye, con 65 inmigrantes a bordo salvados en el Mediterráneo, estuvo esperando en aguas internacionales cerca de Lampedusa. Salvini denegó la entrada en el puerto, como en las anteriores ocasiones, alegando que Malta aceptaba el ingreso de la nave. Tras una larga espera, el comandante de la nave de Sea-Eye decidió poner rumbo al puerto maltés de La Valeta, tal y como le reclamaba Italia. Sin embargo, en plena ruta, Malta le denegó el acceso. Horas después, tras mantener negociaciones con el resto de la Unión Europea, el Gobierno maltés autorizó el atraque, aunque precisó que ninguno de los migrantes permanecerían en su territorio, sino que serían enviados a diferentes países europeos, ya que “este caso no es responsabilidad de las autoridades maltesas”. Tres de los migrantes habían sufrido un golpe de calor a bordo del barco, denunció la ONG.

Y Europa comienza a decir basta. El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, hasta hace poco alineado con muchas de las políticas migratorias de Salvini, mandó una carta el sábado a su homólogo instándole a revisar su doctrina. Además, aseguró que Alemania -el país que más migrantes ha acogido de la Unión Europea- estaba dispuesta a acoger a varios migrantes de los últimos barcos llegados a Italia "en el marco de una solución europea de solidaridad". Una propuesta que no convence a Salvini, que reiteró el sábado en Milán su llamado a reformar el Reglamento de Dublín, que confía el examen de la solicitud de asilo al país de entrada en la Unión Europea, por considerar que supone una carga injusta para Italia.

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