Una oleada de protestas indígenas pone en jaque al Gobierno colombiano

La protesta social ya se ha convertido en uno de los principales frentes del Gobierno de Iván Duque. El mandatario colombiano desactivó antes de las pasadas Navidades un ciclo de dos meses de huelgas estudiantiles tras llegar a un acuerdo con el sector de la educación superior pública. Hace tres semanas comenzó una oleada de movilizaciones indígenas que ha derivado en una preocupante crisis en el departamento del Cauca, donde los cortes de la carretera Panamericana han aislado el suroeste del resto del país. Los nativos demandan, en lo sustancial, un incremento de la inversión contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del período presidencial. Una cantidad que actualmente supera los 3.000 millones de dólares y que las comunidades consideran insuficiente. Las autoridades negocian la noche de este viernes un principio de acuerdo que, en palabras del gobernador regional, "será el punto de partida que pone fin" a los paros.

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Las movilizaciones ya han dejado varios muertos –al menos ocho personas fallecieron manipulando explosivos, según el ministro de Defensa, y un manifestante murió al recibir disparos– y decenas de heridos en los enfrentamientos con la Fuerza Pública y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Esta modalidad de protesta no es nueva. Se llama minga, que en lengua quechua es una tradición de trabajo agrícola colectivo, y tanto Álvaro Uribe como Juan Manuel Santos tuvieron que acceder a negociar con sus representantes. Tanto es así que, según los portavoces del movimiento, hay más de mil compromisos de diversa índole que se quedaron por el camino.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, territorio en el que viven cerca de 200.000 nativos, buscó la complicidad de la sociedad en este pulso. "Tiene que leer cómo el Gobierno nacional y su partido político, el Centro Democrático, están dispuestos a ir en contra del pueblo", manifestó el jueves en un comunicado. Rechazan las acusaciones del Ejecutivo y de la Fiscalía, que sostienen que se infiltraron en sus filas guerrilleros de grupos disidentes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). "La comunidad no permite la entrada a ningún actor armado", asegura la organización. La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, llegó a especular con la posibilidad de que incluso Nicolás Maduro pueda aprovechar la situación para controlar la protesta e intentar desestabilizar el país vecino.

Duque ha declinado, por el momento, reunirse con los representantes indígenas. Quiere evitar crear un precedente y primero, sostiene, deben acabar los cortes de la Panamericana que impiden el abastecimiento de la región y dificultan el acceso al puerto de Buenaventura, el principal del país y uno de los más importantes de la costa del Pacífico. “He dicho que sin vías de hecho, allá estará el presidente", aseguró. "Bloquear las vías es un mecanismo de hecho innecesario que afecta a los demás; no se puede acudir a las vías de hecho para poder reivindicar derechos, porque eso significa que los derechos de unos están por encima de los demás”.

Sin embargo, el Gobierno sí envió esta semana una delegación encabezada por el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Hubo avances en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y participación en los organismos involucrados en el desarrollo del proceso de paz. Mientras tanto, las autoridades han habilitado una vía alternativa y la madrugada del jueves activaron un "puente aéreo humanitario" para el transporte de medicamentos y suplementos nutricionales hacia el sur de Colombia. Y este viernes confiaban en un principio de acuerdo.

En cualquier caso, ante la gravedad de la crisis Naciones Unidas pidió el jueves que se mantengan los canales de diálogo y mostró su preocupación por los episodios de violencia. La oficina colombiana de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerdan a las partes que "el uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos".  "El diálogo es fundamental para la atención a las demandas sociales y es la única salida", defienden las organizaciones.