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El fiscal del ‘caso Keiko’ pide investigar por encubrimiento al jefe del Ministerio Público peruano

José Domingo Pérez acusa fiscal general de entorpecer el acuerdo de colaboración con Odebrecht para que fracase la acción de la justicia contra la líder fujimorista

El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry.
El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry. Cordon Press

El fiscal provincial José Domingo Pérez, que investiga por lavado de activos a Keiko Fujimori, la jefa del partido opositor Fuerza Popular, ha solicitado a la Fiscalía peruana "accionar contra el jefe del Ministerio Público, Pedro Chávarry, por encubrimiento" a favor de la ex candidata presidencial e hija del autócrata Alberto Fujimori (1990-2000). La política es investigada por el supuesto blanqueo de 1,2 millones de dólares entregados la constructora brasileña Odebrecht a la campaña electoral de fujimorista en 2011. Keiko Fujimori está en prisión preventiva por ese caso.

En un documento de 11 páginas fechado el 21 de diciembre y que ha visto la luz este miércoles, Pérez indica que el fiscal general intenta tirar abajo el proceso de colaboración con Odebrecht para, de esa forma, “sustraer de la persecución penal a Keiko Fujimori y evitar que las pruebas sean recabadas”. El acuerdo de colaboración que el fiscal Pérez ve en peligro fue pactado el 7 de diciembre entre el jefe del equipo especial Lava Jato de la Fiscalía, la procuraduría ad hoc para el caso homónimo y el superintendente de la empresa brasileña en Perú.

El documento obliga a los ex ejecutivos de Odebrecht a responder en los interrogatorios de fiscales peruanos, a entregar más pruebas que agilicen las más de 40 investigaciones de sobornos y fondos de campaña entregados ilegalmente por la firma en Perú y, además, garantiza la validez de las pruebas entregadas por la constructora desde 2017. El gigante brasileño se compromete, además, a pagará una reparación civil de 181 millones de dólares por los delitos cometidos en cuatro concesiones de obras públicas desde tiempos de Alejandro Toledo (2001-2006). A cambio, los antiguos directivos de la constructora no podrán ser perseguidos penalmente en el país sudamericano, pero si las pruebas llevan a investigar delitos en otras obras que la empresa no haya reconocido, sí se incrementaría la cuantía de la reparación civil.

El fiscal Pérez, que en octubre solicitó la prisión preventiva por 36 meses de la política fujimorista por el conocido como caso Cocteles, solicita a la Fiscalía investigar por encubrimiento a Chávarry, basándose en información recabada en un interrogatorio al jefe del Ministerio Público, y en un pedido realizado esta semana por él mismo acerca del acuerdo con Odebrecht. El pasado día 17, el fiscal general pidió, a través del secretario del Ministerio Público, que el equipo especial Lava Jato informe sobre los “presuntos cuestionamientos” a las condiciones en las que se habría suscrito el acuerdo con el gigante brasileño.

Según la legislación peruana, los acuerdos de colaboración eficaz —el nombre que reciben este tipo de pactos— deben mantenerse en reserva y solo los conocen las partes que los firman hasta que un juez los homologue, un trámite que aún está pendiente porque falta recabar las firmas de los ejecutivos brasileños. Esa gestión la realizará el equipo Lava Jato en enero.

El documento firmado por el fiscal Pérez remarca que el único cuestionamiento público al acuerdo de colaboración lo formuló una congresista de Fuerza Popular que se reunió a mediados de diciembre con el fiscal general en su despacho. Si el proceso de colaboración con Odebrecht se frustrara, las pruebas logradas hasta la fecha en la investigación por lavado de activos contra Fujimori y otras 19 personas de su entorno “no puedan emplearse en un eventual juzgamiento”, añade Pérez.

La otra vinculación directa del jefe del Ministerio Público con el fujimorismo se deriva, según el fiscal provincial, del interrogatorio que le hizo a Chávarry el 30 de noviembre sobre su vínculo con Keiko Fujimori, a raíz del caso Cocteles. El fiscal general reconoció que pidió a un congresista fujimorista, ligado a la conducción del Congreso, le recomiende a un asesor para nombrarlo como funcionario de confianza. El pedido de investigación por encubrimiento a Chávarry aún no ha tenido respuesta en el Ministerio Público. “La investigación tendría que asumirla el fiscal supremo Pablo Sánchez, o el fiscal supremo más antiguo”, explicó el abogado Luis Lamas, en la emisora Radioprogramas.

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