Daniel Ortega arremete contra las ONG de Nicaragua
El régimen cancela la personalidad jurídica del Cenidh, la principal organización defensora de derechos humanos del país centroamericano
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el presidente Daniel Ortega, canceló este miércoles por la mañana la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la principal organización de su materia en este país, que ha denunciado los abusos y desmanes del Gobierno desde abril, cuando comenzaron las manifestaciones que exigen la salida del ex guerrillero sandinista. Esta decisión, considerada como una “venganza” por activistas, es un duro golpe a una organización con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos en el país centroamericano, que la ha hecho merecedora de varios reconocimientos internacionales. También fue cancelada la personalidad jurídica de Hagamos Democracia, una organización dedicada a, entre otras actividades, fiscalizar la actuación del Legislativo nicaragüense.
Para los defensores de los derechos humanos se trata de una nueva fase de la represión desatada desde el Ejecutivo sandinista, que comenzó con el ataque a las manifestaciones, el desmantelamiento de las barricadas levantadas en todo el país como símbolo de resistencia, a través de la denominada “Operación Limpieza” —que dejó decenas de muertos— y continúo con el arresto de los rostros más visibles de la llamada “insurrección de abril”. A eso siguió el asedio, persecución e intimidación de medios de comunicación y periodistas independientes, hasta llegar a esta arremetida contra organizaciones de la sociedad civil.
Nicaragua cumplirá ocho meses de una profunda crisis política que suma 325 muertos, más de 500 personas encarceladas, más de dos mil heridos, decenas de miles de exiliados y una dura afectación a la economía, que ha dejado en el desempleo a más de 400.000 nicaragüenses.
La votación de este miércoles en la Asamblea Nacional fue un mero trámite, dado que ese poder del Estado funciona como caja de resonancia de los desmanes del presidente Ortega. El Parlamento está presidido por el diputado Gustavo Porras, un leal de Ortega y operador político del mandatario y su esposa, la también vicepresidenta Rosario Murillo. Porras está a cargo de la supervisión de los llamados programas sociales del Gobierno, que en la práctica son una herramienta de cooptación política, liderada por Murillo.
La decisión de cancelar la personalidad jurídica del Cenidh se da después de que la Policía Nacional negara el pasado lunes a la organización el permiso para realizar una manifestación en Managua para conmemorar el 70° aniversario de la promulgación oficial de la Carta de Derechos Humanos por parte de la ONU. En un comunicado público, la Policía alegó que “no autoriza, ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones, o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido golpe de Estado”.
Ortega ha calificado como un intento de golpe de Estado contra su Gobierno las manifestaciones que iniciaron en abril, aunque una misión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU desplegada en Nicaragua –y expulsada a inicios de septiembre por Ortega– afirmó que “no encontramos ningún indicio de un golpe de Estado, sino de una protesta cívica” durante su estadía en el país centroamericano.
Para Gonzalo Carrión, asesor jurídico del Cenidh, la decisión tomada hoy es una “venganza” por el trabajo de denuncia que han hecho no solo desde abril, sino durante los once años de Gobierno autoritario de Ortega en Nicaragua. “Es una barbarie, una expresión de odio, de venganza, de parte de una dictadura dinástica y sangrienta. Nos nos perdona que hayamos acompañado a las víctimas de sus abusos”, dijo a EL PAÍS por teléfono.
Al trascender la noticia a nivel internacional organizaciones de derechos humanos reaccionaron a la decisión contra el Cenidh. “Con esta cancelación queda claro que el Gobierno del presidente Ortega está dispuesto a hacer todo por silenciar las voces de quienes han denunciado las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por su Gobierno. Es sumamente alarmante que organizaciones con la trayectoria y legitimidad del Cenidh estén siendo perseguidas”, dijo a EL PAÍS Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Retirarle la personalidad jurídica al Cenidh deja en indefensión a la población de Nicaragua, sin organizaciones que les representen y luchen por sus demandas de justicia y rendición de cuentas”, agregó la activista.
Ortega ya había ordenado la cancelación de la personalidad jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro del pensamiento dedicado a la fiscalización del presupuesto público y a análisis en temas de defensa. También ocurrió lo mismo con el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), dirigido por la feminista Ana Quirós, quien fue expulsada hacia Costa Rica por órdenes del Ejecutivo sandinista. El martes fueron citados por el Ministerio de Gobiernación (Interior) directivos del Centro de Investigaciones de las Comunicaciones (Cinco) para que presentaran los libros contables de la organización. Este centro fue fundado por los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Sofía Montenegro, dos de las voces más críticas contra el Gobierno de Ortega.
Sobre la firma
