La justicia argentina cita al padre y al hermano de Macri por presuntos sobornos
Franco y Gianfranco Macri deberán aclarar una denuncia por su supuesta vinculación con los cuadernos de la corrupción durante el kirchnerismo
La justicia golpea muy cerca del presidente de Argentina, Mauricio Macri. Un juez federal ha citado este lunes a indagatoria a su padre Franco, patriarca del emporio industrial familiar, y a su hermano Gianfranco en la causa conocida bajo el sobrenombre de los cuadernos de la corrupción. Los Macri deberán aclarar ante el magistrado Claudio Bonadio si es cierto que pagaron sobornos a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como titulares de importantes concesiones viales. Las sospechan surgieron tras la declaración de un exalto funcionario que detalló como arrepentido una supuesta red de recaudación ilegal montada en el Ministerio de Infraestructura con dinero de empresarios de la obra pública. Franco y Gianfranco Macri tienen cita con el juez este jueves.
Los efectos sísmicos de los cuadernos de la corrupción son ya difíciles de disimular. Redactados con obsesión puntillosa por un antiguo chófer del poder, pusieron en evidencia una presunta red de sobornos orquestada desde el Gobierno kirchnerista y financiada por empresarios. Muchos de ellos se han acogido a la figura del arrepentido, abriendo así la caja de Pandora. El juez Bonadio, a cargo de la investigación, avanzó sobre altos cargos pero también sobre altos ejecutivos de empresas supuestamente implicadas en el caso. Hasta ahora, la figura de mayor peso había sido Paolo Rocca, primer ejecutivo de la multinacional italoargentina del sector siderúrgico Techint, sospechoso de aportar “contribuciones” ilegales para que la Casa Rosada intercediera ante Venezuela por la expropiación, en 2008, de su filial Sidor. Bonadio ha ido ahora más arriba, hasta el círculo más cercano del presidente Macri, que nada tiene que ver con el kirchnerismo.
Franco, de 87 años, y Gianfranco Macri fueron dueños de hasta el 23% de Autopistas del Sol, la concesionaria de 120 kilómetros de la ruta panamericana, uno de los principales accesos a Buenos Aires. En mayo del año pasado, cuando Mauricio Macri ya llevaba dos años y medio en el poder, el poderoso grupo empresarial familiar se desprendió de las acciones de la compañía. Tras el escándalo de los cuadernos de la corrupción, el ex director del Órgano de Control de las Concesiones Viales Claudio Uberti dijo al juez que cada mes recibía dinero de esas y otras empresas que luego entregaba en mano al expresidente Néstor Kirchner (2003-2007, fallecido en 2010).
La declaración a indagatoria se produce cuando un magistrado entiende que hay motivos suficientes para sospechar de un delito. El acusado es entonces citado para que brinde su versión y avance con su defensa. Antes de que se cumplan 10 días hábiles, el magistrado debe decidir el sobreseimiento, la falta de mérito o el procesamiento del sospechoso. En caso de procesamiento, la situación del padre y el hermano de Macri deberá someterse a un largo juicio y a la posibilidad de una condena. Si se llega a ese extremo, el golpe político para el presidente sería mayúsculo.
La causa de los cuadernos ha sido hasta ahora una causa de ramificaciones imprevisibles, con consecuencias para el entorno de Macri, pero también para Cristina Fernández de Kirchner y sus allegados. En septiembre pasado, Bonadio procesó con prisión preventiva a la expresidenta, acusada de liderar una asociación ilícita que tenía como objetivo recaudar millonarios sobornos de empresarios de obras públicas. Kirchner no está en la cárcel porque la protegen sus fueros como senadora. Su ex ministro de Planificación, Julio de Vido, a cargo de los presupuestos de toda la obra pública del Gobierno anterior y uno de los hombres fuertes del kirchnerismo, está también entre los más comprometidos por el expediente judicial.
Por el lado de Macri, figura en la causa —como arrepentido— su primo Ángelo Calcaterra, a cargo de las obras de soterramiento del tren Sarmiento en Buenos Aires, la mayor inversión de infraestructura en transporte del kirchnerismo, en sociedad con Odebrecht, la constructora brasileña detrás del que está considerado como el mayor caso de corrupción —a través del pago de sobornos— de la historia de América Latina, con potentes ramas en países tan diversos como Perú, Ecuador, México, Colombia, Brasil, Chile y la propia Argentina.
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