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ABRIENDO TROCHA
Columna
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Nueva vitalidad de la democracia

En medio de una crisis de legitimidad, hay signos positivos: la posición de la sociedad frente a la corrupción, el papel de los comunicadores y una dinámica judicial vigorosa

Diego García-Sayan

Con legitimidad muy baja, las instituciones políticas parecerían haber caído a niveles históricos hondos en América Latina. Y lo que es peor, en una especie de “caída libre” irreversible que se agudiza todos los años. ¿Antesala del fin de la democracia? No lo creo; pero para ello se tendrán que producir ajustes en su dinámica y sistemas de representación. Pero, en medio de todo, señales de vitalidad democrática

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Usaré como ejemplo algo de lo que viene pasando en el Perú. Una mirada parcial de lo ocurrido en los últimos dos años y medio -desde que asumió la presidencia Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en julio del 2016 hasta la actualidad- arroja una impresión desalentadora. Dos “perlas”.

Una, un gobierno inepto y débil que terminó, sin pena ni gloria, con la renuncia de PPK en marzo de este año a los 20 meses de gestión y con el renunciante sometido a investigación por la justicia. Asumió la presidencia el vicepresidente Martín Vizcarra a quien días antes no conocía más del 70% de la población.

Dos, una oposición parlamentaria fujimorista, cerril y destructiva, desde el Congreso que ha socavado al propio legislativo (reduciéndolo a un dígito de apoyo), logrado la desarticulación en picada del propio fujimorismo y su líder en la cárcel, procesada judicialmente por lavado de activos. Parecerían quedar pocos elementos de aliento en ese panorama.

Esa conclusión no es correcta pues en otros ámbitos vibra la vitalidad democrática. Tres componentes a modo de ejemplo.

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Primero: conducta proactiva de la sociedad frente a la corrupción. Que no se limita a constatarla, sino que la enfrenta en diversos escenarios. Así fue en la gran gesta del 2000-2001 luego de caído el régimen de Fujimori al que sucedió una vigorosa dinámica institucional y social por la verdad y la justicia.

Ese y no otro es el significado del apoyo creciente al presidente Vizcarra quien, virtualmente desconocido hace ocho meses, hoy tiene 61% de respaldo. Y no por carreteras construidas o inauguraciones, sino por las señales que ha dado contra la corrupción. Ello opera como factor retroalimentador en la política pues está claro que pierde quien vacila frente a la corrupción.

Segundo: el papel de relevantes comunicadores sociales, medios y la investigación periodística (en la que destaca Ideele-reporteros) que no ha sucumbido ante “troles” y redes sociales intolerantes. Este espacio comunicacional ha sido clave en la desarticulación de la modorra de una anquilosada institucionalidad. Destaca, por cierto, un Congreso que ha abdicado en su función fiscalizadora y más interesado en borrar la palabra “género” de las leyes vigentes.

Tercero: una dinámica judicial muy vigorosa, con reminiscencias de lo que ocurrió en el 2000-2001. Como en esos años, encuentra a sus protagonistas dentro del propio sistema de jueces y fiscales, operando enérgicamente con independencia del poder político en investigaciones sobre graves hechos de corrupción en las que avanzan en develar la verdad. Aspectos debatibles, por cierto, como decisiones sobre largas detenciones preventivas, pero en base a criterios judiciales y de fiscales independientes y no de diktats del poder político.

Dentro de ese marco de resquebrajamiento institucional por la crisis de “la política”, es innegable el saludable papel equilibrador que viene desempeñando el Tribunal Constitucional. Manejando inteligentemente sus diferencias internas, pero adoptando decisiones claves, con independencia del poder político, ante excesos legislativos de un Congreso sin brújula.

En este panorama de “luces” hay también “sombras”. Un cuestionado Fiscal de la Nación trabando sistemáticamente a sus propios fiscales que conducen investigaciones sobre corrupción y faltando reiteradamente a la verdad. Claramente no es la persona “de conducta intachable, públicamente reconocida” que exige la ley para ese cargo. En una dinámica como la actual aparecerá la respuesta institucional adecuada a esa amenaza.

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