¿Quién manda en México?
El nuevo gobierno está en su derecho de suprimir una obra ambiciosa y onerosa ante recursos públicos incapaces de cubrir otros renglones urgentes en obra pública y asistencia social
Tengo un mandato y no soy florero, no estoy de adorno, dijo en un video distribuido este martes Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo que tomará posesión el 1 de diciembre. El propósito del video era tranquilizar a los mercados financieros tras su polémica decisión de cancelar la construcción del nuevo y ambicioso aeropuerto de la Ciudad de México, NAIM. Un proyecto que se ha convertido en un pulso de fuerzas entre la iniciativa privada apoyada por los medios de comunicación y el nuevo gobierno que lo tacha de faraónico, dispendioso y corrupto.
Para su desgracia el NAIM terminó convertido a ojos del presidente de izquierda en símbolo del México elitista (las mayorías no viajan en avión) y de los abusos de una cúpula empresarial beneficiada con su construcción. Si bien es cierto que el aeropuerto actual de la capital del país está saturado, el equipo de López Obrador argumenta que es innecesaria una solución tan onerosa para las finanzas públicas. El NAIM, un proyecto arquitectónico del prestigiado Norman Foster, supone un gasto superior a los 13 mil millones de dólares, aunque se asume que sería más caro por demoras y obras colaterales. El nuevo gobierno argumenta que con la tercera parte de ese presupuesto puede mejorarse el actual y habilitar para uso civil el aeropuerto militar de Santa Lucía, resolviendo así la necesidad de la Ciudad de México.
El problema es que la iniciativa privada también ha convertido al NAIM en un símbolo. La negativa de López Obrador es visualizada como una muestra de demagogia al considerar que falsea los datos, de ignorancia financiera al subestimar el costo de la suspensión de una obra que ronda un 30 por ciento de avance y de ceguera al recurrir a parches en lugar de una solución moderna y prestigiosa de cara al mundo. Peor aún, el rechazo de López Obrador es asumido como un primer y decisivo acto de desafío que anuncia un posible divorcio entre gobierno y sector privado con consecuencias impredecibles (Venezuela la más peligrosa).
El video difundido por el presidente electo busca paliar esa impresión. “Serénense”, Los mercados financieros son maduros y entenderán nuestras razones, los contratistas serán invitados a participar en las obras de Santa Lucía, vamos a entendernos y nadie saldrá perjudicado. Aseguró que el deslizamiento del peso ante el anuncio de la cancelación era pasajero.
En el fondo el encontronazo entre las dos fuerzas va más allá de las implicaciones de una obra de 13 mil millones de dólares. Para López Obrador la disputa remite a la decisiva cuestión de saber quién manda en el país. Y por si hubiera alguna duda, en el video se hace acompañar por tres símbolos: los bustos de los héroes históricos del nacionalismo, la bandera mexicana y un libro con la portada a la vista cuyo título lo dice todo, Quién manda aquí? (la crisis global de la democracia representativa), editado por Felipe González, Gerson Damiani y José Fernández (Debate, 2017).
Es demasiado pronto para evaluar este manotazo del presidente electo sobre la mesa. Para algunos barones del dinero representa el fin de la luna de miel y del beneficio de la duda. Las consecuencias pueden derivar en una estrategia de inversión más conservadora o de plano en fuga de capitales. Para otros, menos catastrofistas, la decisión de AMLO supone una factura política a su favor que tarde o temprano tendrá que ser compensada. En medio de estos polos se encuentra el resto de la iniciativa privada, contrariada y confundida. Los mercados internacionales simplemente amonestaron con un pellizco de alerta.
El nuevo gobierno está en su derecho de suprimir una obra ambiciosa y onerosa ante recursos públicos incapaces de cubrir otros renglones urgentes en obra pública y asistencia social. Una decisión costosa por el avance de la obra, pero en última instancia argumentable por el uso alternativo que se le pueda dar a esos recursos públicos.
Más preocupante es la forma y el fondo. El uso de una consulta pública improvisada para oponer la voluntad del pueblo al interés de las élites sienta un precedente peligroso para las siguientes controversias. Apelar al supuesto sentir de la calle es un procedimiento utilizado por regímenes de muy dudosa reputación cuando se hace irresponsablemente (claramente descrito en el libro que AMLO está leyendo).
López Obrador escogió el NAIM para dejar en claro de una vez por todas quién manda en México. Una jugada arriesgada pero exitosa para su causa si puede contener las repercusiones negativas. No es deseable que el temor a los marcados financieros gobiernen a un país, pero es suicida cargar contra ellos. Lo pregunta de fondo es si López Obrador tiene la sensibilidad y capacidad política para bregar en ese delicado terreno o está dando palos de ciegos. Lo sabremos pronto.
