Aumenta la presión para que el presidente de Perú no promulgue la ley que beneficia a Fujimori y Montesinos
Los juristas advierten de que el texto, aprobado por la mayoría fujimorista en el Congreso, puede ser inconstitucional
La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, y el defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, cuestionaron este viernes la ley que la oposición fujimorista en el Congreso aprobó la tarde del jueves, bautizada como ley Fujimori-Montesinos y hecha para evitar que el autócrata Alberto Fujimori vuelva a la cárcel. La norma permitiría también liberar en pocos años a Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial y jefe de facto de las fuerzas armadas entre 1990 y 2000.
En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves contra las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos en 1991 y 1992 por el Grupo Colina, el destacamento del Ejército creado por su Gobierno. El exgobernante, también sentenciado por robo, corrupción y usurpación de funciones, fue indultado en plenas Navidades de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a cambio del favor político de su bancada. No obstante, el miércoles pasado de octubre un juez supremo dispuso su retorno a prisión. Por otro lado, Montesinos tiene decenas de condenas, pero la pena más alta, de 25 años de prisión, le fue impuesta en 2010 por el caso Barrios Altos.
El fiscal general desarma el equipo que investiga al fujimorismo
La líder del opositor pero mayoritario en el Congreso Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cumple ya tres días en detención preliminar, una medida que pidió el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, que la investiga por lavado de activos.
Este viernes, el fiscal general, Pedro Chávarry, cesó a la procuradora Erika Delgado -pieza clave en las pesquisas al fujimorismo y al Partido Aprista- sin conocimiento de Pérez, quien participa estos días en un foro anticorrupción que se celebra en Chihuahua (México).
La fiscal Delgado se enteró de la decisión del fiscal general mientras participaba hoy en uno de los 11 allanamientos de propiedades -en la capital y en una región amazónica- para seguir la investigación de los fondos de la contabilidad paralela de la constructora brasileña Odebrecht -protagonista de uno de los mayores casos de corrupción en la historia de América Latina- entregados al fujimorismo, motivo por el que Keiko Fujimori está en prisión provisional.
Chávarry ha sido blindado por el partido Fuerza Popular en la subcomisión de acusaciones constitucionales para evitar que sea investigado por su posible pertenencia a la red de corrupción en el sistema de justicia, conocida como los Cuellos Blancos del Puerto.
"La ley está mal hecha, las formas han sido de muy mala intención; ha sido un atropello", subrayó este viernes la también congresista oficialista Aráoz sobre el texto legal que la mayoría fujimorista aprobó este jueves por la tarde, en menos de hora y media y sin ni siquiera esperar el dictamen de la comisión de Justicia. La norma permite la libertad bajo vigilancia electrónica de los condenados mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su pena o que tengan una enfermedad crónica. "No se ha aprobado de manera apropiada. La rapidez afecta a esta fórmula legal", dijo, por su parte, el defensor del Pueblo en la emisora Radio Programas.
Algunos especialistas van más allá, hasta el punto de poner en duda la constitucionalidad de la ley. El abogado defensor de las víctimas del caso La Cantuta, Carlos Rivera, precisó en una conferencia de prensa que la ley es incompatible con la Carta Magna peruana porque "rompe el criterio de la división de poderes". "Otorga una función del Poder Judicial [liberar a un reo] a un empleado administrativo, el director del Instituto Nacional Penitenciario. Esperamos que el presidente [Martín] Vizcarra no la promulgue", señaló.
"Es también inconstitucional porque la ley incluso abarca a procesados [no condenados]", advirtió, en la misma línea, Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas del caso Pativilca, el asesinato de seis campesinos en 1991 a manos del Grupo Colina y por el que Fujimori aún no ha sido juzgado. "La ley está pensada para garantizar impunidad a violadores de derechos humanos en hechos cometidos en los años 80 y 90", añadió la letrada. El penalista Luis Lamas agregó, además, que la norma "desestabilizará todo tipo de penas, favoreciendo a condenados por delitos graves como homicidio calificado, corrupción, lavado de activos u organización criminal, todos ellos muy en boga en el país".
La anulación del indulto a Fujimori por parte de un juez supremo peruano llegó a raíz de una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la justicia del país sudamericano evaluase si la gracia presidencial que obtuvo de Kuczynski se ajustaba a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia de esa Corte por los casos Barrios Altos y La Cantuta obliga al Estado a cumplir con obligaciones internacionales de justicia para las víctimas del gobierno de Fujimori.
