Alberto Fujimori, el nombre que divide
La anulación del indulto al expresidente peruano, condenado por violaciones de los derechos humanos, está bien motivada
La figura de Alberto Fujimori polariza a los peruanos desde hace más de 25 años. De un lado están sus seguidores, que lo apoyan porque en su gestión se ordenó la economía y se venció a Sendero Luminoso, el grupo subversivo que sembraba el terror en la nación. Al frente se encuentran quienes lo critican por fracturar el orden democrático, promulgar una Constitución que transgredió para perpetuarse en el poder, prostituir las instituciones y terminar preso por graves actos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos.
El sentimiento antifujimorista aglutina a peruanos de todas las ideologías. Ha demostrado una enorme capacidad de movilización y es responsable de definir las votaciones presidenciales más recientes. Permitió el triunfo por dos puntos de Ollanta Humala sobre Keiko Fujimori —hija de Alberto— en la segunda vuelta de 2011. Lo mismo ocurrió en 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski (PPK) venció a la heredera fujimorista por un margen que apenas superó los 40.000 votos.
Aunque no se hizo con la presidencia, Keiko Fujimori no salió de las últimas elecciones con las manos vacías. Amplia ganadora de la primera vuelta, consiguió que su partido controlara el Congreso peruano, con una mayoría absoluta de 73 parlamentarios sobre 130.
Desde ahí dejó sentir su hostilidad y le infringió varios reveses a Kuczynski, cuya situación se volvió comprometida cuando aparecieron las primeras evidencias que lo vinculaban con Odebrecht. Todo indicaba que tenía una antigua relación como consultor de la cuestionada constructora, que no supo interrumpir cuando fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Con esa munición, el Congreso abrió un proceso para vacarlo.
Kuczynski sobrevivió a aquel trance gracias a una inesperada transacción. Al momento que se decidió la vacancia, Kenji Fujimori —congresista y hermano menor de la dinastía— le entregó los votos que controlaba dentro de Fuerza Popular, partido del fujimorismo. A cambio, el 24 de diciembre, el todavía presidente firmó el indulto humanitario para Alberto Fujimori.
Aunque esta maniobra se tradujo en un cisma dentro de Fuerza Popular (donde ya era pública la disputa por el poder entre Keiko y su padre preso), no evitó que la situación de PPK se hiciera más precaria. Al saberse traicionados, los ciudadanos que lo habían apoyado le dieron la espalda y organizaron protestas en todo el país. Aún con los votos perdidos a manos de Kenji, Keiko Fujimori mantenía el control del Congreso. Solo tres meses más tarde, cercado por un nuevo proceso de vacancia y por graves denuncias de compra de votos para evitarla, Kuczynski se veía obligado a renunciar a la presidencia.
Pero el debate por el indulto siguió su propio camino. Como era obvio, se trataba de un torpe enjuague y no de una decisión humanitaria, y pronto la discusión fue llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego de escuchar a las partes y evaluar las pruebas, ésta emitió una resolución donde advertía que el indulto no cumplía con los estándares internacionales y ordenaba su revisión, reservándose la posibilidad de emitir un pronunciamiento posterior si los errores no eran absueltos.
La resolución que declara nulo el indulto y ordena que Fujimori vuelva a prisión está muy bien motivada. En ella, el juez supremo Hugo Núñez Julca reconoce que esta gracia fue producto de un canje político, que estuvo respaldada por diagnósticos médicos poco profesionales, que violó el debido proceso y que la comisión que la concedió ni siquiera se preocupó por recibir los documentos que constataban el estado de salud del interno. Esta salida jurídica pone fin a los problemas ocasionados por los torpes tejemanejes entre Kuczynski y Kenji Fujimori. Pero, por más impecable que sea, no impedirá que el nombre de Alberto Fujimori siga despertando un profundo disenso entre los peruanos.
