_
_
_
_
_
EN CONCRETO
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La justicia política. A propósito del 68

La subordinación de la justicia a la política que ocurrió tras la masacre de Tlatelolco puede repetirse

José Ramón Cossío Díaz

El 28 de julio de 1968 se abrió la primera investigación del movimiento estudiantil. A ella siguieron la del 31 del mismo mes, la del 22 de septiembre y la del 9 de octubre. En cada una y de manera creciente fueron detenidas y procesadas numerosas personas. Se les acusó de la probable comisión de los delitos de disolución social, asociación delictuosa, sedición, invitación a la rebelión, acopio de armas, robo, lesiones, homicidio, ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena y falsificación de documentos. En los 50 tomos del caso existen muchísimas declaraciones, testimonios, fotografías, peritajes y valuaciones. De ello resultó que el 12 de noviembre de 1970, 68 procesados fueran sentenciados a prisión.

Más información
Tenemos que hablar de justicia
La justicia constitucional en el porvenir

La lectura del expediente del proceso judicial del 68, produce una paradójica impresión. Por una parte, llama la atención su correcta composición formal. Los documentos están agregados y los razonamientos producidos en el modo habitual de la época. En ello no hay nada de extraordinario. Por el número de acusados y la diversidad de las conductas investigadas, existe una amplia gama de elementos que dan lugar a la paradoja. La amplísima cantidad de datos acumulados es, en realidad, el gran distractor. Es con la exhaustividad como quiere construirse la solución. Destrucciones, marchas, volantes, insultos, colectas, tumultos, conspiraciones, reuniones, barricadas, carteles y ofensas, son identificados una y otra vez. Más allá de la abundancia, las cosas fueron ordenándose para mostrar que la materialidad destructiva nunca fue relevante en sí, sino solo la consciente manera de expresión de un movimiento encaminado desde sus inicios a subvertir el orden constitucional para sustituirlo por otro de signo comunista. En lo averiguado no quiere saberse quién marchó, dañó o volanteó, sino quién ordenó hacerlo. Desde los primeros hechos considerados delictivos (27 de julio), la persecución fue contra las asociaciones de izquierda y sus afiliados. Con los días, se amplió a sus simpatizantes. Finalmente, terminó vinculándose a quienes mandaban en el movimiento, estudiantes y profesores. Las acciones concretas fueron irrelevantes. La responsabilidad se asignó por coparticipación. Quienes estaban cerca del movimiento, buscaban el poder. Los hechos diarios eran sus manifestaciones visibles. Lo relevante no era identificar a quienes actuaban, sino a quienes mandaban hacer aquello que, preconcebido, podía constatarse.

El papel de la justicia de entonces no fue tan excepcional como ahora pudiera parecernos. En nuestra historia ha habido momentos de subordinación a la política. Más allá de corrupciones, la subordinación provino de una equivocada comprensión de la función judicial y del papel del derecho. Radicó en suponer que el sistema de justicia debía ser parte del sistema político. A la pretensión del régimen de salvar a México del comunismo, el aparato de justicia se sumó al cometido. Se hizo parte del esfuerzo de salvación. En esa ocasión la acción política pudo parecerle sabia y legítima a los jueces. Pudieron decir que los mexicanos la querían. Que el momento histórico lo exigía. Que el liderazgo nacional debía ejercerse en esa dirección. Con ello, sin embargo, se desplazó a la Constitución y a las leyes.

La subordinación de la justicia a la política no suele implicar llamadas, ofertas o amenazas directas. Suele darse al asumir, como en el 68, que al impartir justicia se es parte de un todo mayor, total. Lo lamentable de estas posiciones es que terminan disolviendo lo propio de la función en el entusiasmo colectivo del momento. Así es como se deja de ser juez. Los orígenes contramayoritarios de la justicia y las garantías a sus miembros, buscan separar al derecho de la política. Es un triste espectáculo ver lo poco que esto se entendió en el 68. Lo entonces acontecido puede repetirse. Basta que los jueces de ahora, como los de entonces, claudiquen de su función haciéndose movimiento transformador. Es tan sutil la diferencia, que quienes resbalan suelen no darse cuenta de ello.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_