El castigo a la deriva autocrática de Orbán resquebraja el Partido Popular Europeo
El Parlamento Europeo vota este miércoles el primer paso para suspender a Hungría en las votaciones comunitarias
Harakiri con Orbán dentro o harakiri con Orbán fuera. El Partido Popular Europeo (PPE) se enfrenta la próxima semana al dilema existencial de castigar o no a uno de sus principales miembros, el primer ministro húngaro Viktor Orbán.
El próximo miércoles, el Parlamento Europeo tiene previsto votar en Estrasburgo una resolución en la que se insta a aplicar a Hungría el artículo 7 del Tratado de la UE, un botón nuclear que permite suspender el voto en los asuntos comunitarios a un país que viole los derechos fundamentales. El grupo Popular, el mayor de la cámara, llega completamente dividido a la votación y con grave riesgo de sufrir una peligrosa fractura a solo ocho meses de las elecciones europeas.
En las últimas horas se han intensificado las llamadas telefónicas de los líderes populares a Budapest, para rogar o conminar a Orbán, según los casos, a deponer su actitud y renunciar a sus medidas más polémicas (restricciones a la actividad de las organizaciones no gubernamentales y taimada persecución de una universidad financiada por George Soros).
Pero la posición del primer ministro húngaro sigue siendo una incógnita. Y su anunciada presencia en el pleno de Estrasburgo este martes por la tarde puede apaciguar los ánimos o incendiar definitivamente la bancada popular.
El varapalo, si se consuma, podría llevar a Orban a abandonar el grupo y buscar refugio en la extrema derecha de su nuevo aliado Matteo Salvini. Una escisión muy peligrosa para un PPE que ya de por sí teme una probable caída en el número de escaños en mayo de 2019.
Pero la benevolencia podría resultar insoportable para varias delegaciones, incluida parte de la alemana y las de los países nórdicos, muy incómodas por la convivencia con un líder que defiende abiertamente un modelo iliberal difícilmente compatible con los valores tradicionales de la UE.
El líder de los populares, el alemán Manfred Weber, sigue buscando un equilibrio que preserve la unidad. Pero su entorno reconoce que lo más probable es que deba concederse libertad de voto y que el resultado muestre la realidad de un grupo resquebrajado sobre el tratamiento que merece Hungría.
"El problema de Orbán lo debería resolver la UE y no el PPE", se quejan en el grupo Popular, que acusan de pasividad a la Comisión Europea ante la presunta deriva autoritaria del Gobierno húngaro. La Comisión rechaza la acusación y distingue el caso húngaro del de Polonia. El propio organismo comunitario, y no el Parlamento, instó la activación del artículo 7 contra Varsovia
"En Hungría se han adoptado medidas dudosas y hemos presentado denuncias ante el Tribunal de la UE", señalan fuentes de la Comisión. Pero las mismas fuentes consideran que no hay, al menos todavía, base suficiente para iniciar contra Hungría un procedimiento tan drástico como el previsto en el artículo 7.
La ponente del informe que pide la activación del artículo, la europarlamentaria verde Judith Sargentini, discrepa abiertamente. "La suma de los acontecimientos que se están produciendo en Hungría llevan a un grave deterioro de la democracia y del Estado derecho", señala Sargentini.
Esta eurodiputada holandesa admite que hay diferencias entre Varsovia y Budapest. "Polonia desafía abiertamente las normas comunitarias", señala. Pero según ella, la táctica de Orbán es más sutil pero con las mismas consecuencias. "Orbán da dos pasos adelante y uno hacia atrás y aparenta rectificar, pero solo lo hace sobre el papel", afirma Sargentini.
Sargentini ilustra su acusación con la sentencia del Tribunal Europeo que anuló la rebaja de edad de jubilación de los jueces húngaros de 70 años a 62, lo que provocó la retirada repentina y forzosa de cientos de magistrados. "Budapest acató la sentencia. Pero se limitó a indemnizar a los jueces y nunca les readmitió", asegura la eurodiputada. "Los hechos no engañan. Existe riesgo de una grave y sistémica violación de los valores europeos", concluye la holandesa.
La eurodiputada cree que el doble rasero entre Polonia y Hungría se debe a que el partido de Kaczynski no tiene aliados en Bruselas mientras que el de Orbán forma parte del PPE. La holandesa recuerda que el partido de Kacynski (PIS) llegó al poder en 2015 y dos años después la Comisión ya activaba el artículo 7. "Los problemas con Orbán empezaron en 2010", recuerda Sargentini.
Orbán, sin embargo, ha ganado una elección tras otra. Y en las calles de Budapest no hay grandes manifestaciones en contra mientras que en países vecinos, como Rumania, se han producido grandes protestas este verano contra el Gobierno socialista. Una situación que los partidarios de Orbán parecen dispuestos a esgrimir para acusar de sesgado y partidario al informe de Sargentini.
Incierto recorrido
La resolución necesita mayoría absoluta (376) para salir adelante y el voto a favor de al menos dos tercios de los diputados que participen en la votación. Los partidarios de expedientar a Orbán reconocen que será muy difícil alcanzar ambos umbrales, porque las abstenciones juegan en contra. Socialistas, Liberales y Verdes votarán abrumadoramente a favor de la resolución, aunque no se descartan algunas discrepancias. Pero la posición del PPE (218 escaños) resulta crucial y su previsible división resta muchas probabilidades al informe contra Orbán.
En la Comisión parlamentaria responsable del informe (la de Libertades Civiles, Justicia e Interior) los populares se dividieron en dos, con ocho votos a favor del informe y nueve en contra. En otras cuatro comisiones que emitieron dictamen, el PPE también voto dividido. Una situación que puede repetirse en el Pleno del miércoles.
Incluso si saliera adelante en el Parlamento, el expediente contra Hungría tendría muchas dificultades porque debe ser activado en el Consejo de la UE y, según fuentes europeas, varios países, como Rumania, Eslovaquia, República checa, Malta o Italia, se resistirían por temor a ser los siguientes.
El expediente iniciado por la Comisión contra Polonia apenas ha avanzado. Y el primer paso, todavía inocuo, se dio con la posición en contra de un numeroso grupo de países, hasta el punto de que el expediente estuvo a punto de capotar nada más arrancar.
González Pons pide ayuda a la Comisión Europea
La votación sobre Hungría también incomoda a la delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Los populares españoles, según las fuentes consultadas, tienen previsto respetar la disciplina de grupo. Pero la previsible libertad de voto, obligará a tomar una decisión individual. En los votos en comisión, los conservadores españoles se abstuvieron. Pero en el pleno, esa posición equivale a un rechazo del informe porque complica su aprobación. Esteban González Pons, líder de los populares españoles en la Eurocámara y vicepresiente del grupo europeo, ha intentado desviar la responsabilidad hacia la Comisión Europea. A finales, de agosto el eurodiputado español se dirigió por escrito al vicepresidente de la CE, Frans Timmermans. Y le pidió que valorase "si la situación actual de Hungría justifica activar el artículo 7", según la carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La Comisión, hasta el momento, se ha lavado las manos y se remite a los expedientes que ya ha puesto en marcha, lo que deja a los conservadores españoles, como al resto del grupo, ante una difícil tesitura.
