La Comisión Europea impulsa una policía de fronteras comunitaria
Bruselas reforzará el control en Internet para evitar interferencias en las elecciones del año próximo
La Comisión Europea tiene previsto aprobar el próximo miércoles un proyecto legislativo para establecer por primera vez una auténtica policía europea de fronteras y convertir el polémico control de la migración irregular en una competencia comunitaria. El histórico proyecto constituye el núcleo del último discurso de Jean-Claude Juncker sobre el estado de la Unión Europea, que tendrá lugar el 12 de septiembre en Estrasburgo.
El presidente de la Comisión prepara una intervención ante el Parlamento Europeo que no pretende ser ni un legado ni un balance de su mandato desde 2014. Más bien aspira a convertirse en una potente agenda de trabajo para el último ejercicio de una Comisión que será relevada a finales de 2019. Y como fiel reflejo de los tiempos, la mayoría de las iniciativas apuntan a un blindaje de Europa, tanto en el terreno físico de las fronteras como en el digital de las redes sociales.
En el discurso del año pasado la apertura comercial era una de las principales bases de su intervención, como respuesta al proteccionismo aventado por Donald Trump desde la Casa Blanca. Pero ahora, a solo unos meses de las elecciones europeas de mayo de 2019, Bruselas intentará demostrar a la ciudadanía que el continente no es vulnerable ni a los flujos migratorios incontrolados ni a las injerencias exteriores en asuntos tan cruciales como los procesos electorales. Una doble andanada de última hora que pretende tranquilizar a la opinión pública y quitar argumentos a las corrientes populistas en ascenso. Bruselas toma partido en la futura batalla electoral y se apunta al bando de la recuperación de la soberanía europea capitaneado por el presidente francés, Emmanuel Macron.
El discurso de Juncker llegará acompañado de la aprobación de varios proyectos legislativos, entre los que destaca la creación de una verdadera Guardia europea de Costas y Fronteras, con capacidad de vigilancia en territorio europeo, posibilidad de intervenir en terceros países y poderes para participar en las operaciones de devolución de irregulares.
La propuesta se sopesaba desde hace años, pero nunca ha salido adelante por las tremendas reticencias que suscita en varios países, en particular los meridionales, temerosos de una cesión de soberanía que implica perder en parte una competencia tan sensible como la vigilancia del territorio. Pero la Comisión cree que la última crisis migratoria, desencadenada por la negativa de Italia a permitir el desembarco de personas rescatadas en el mar, ha demostrado que la gestión nacional de los flujos migratorios se ha quedado obsoleta y debe pasarse a una gestión centralizada.
Si llega a consumarse como espera Bruselas, el tremendo salto de federalizar la vigilancia exterior rematará la cesión de soberanía de una política que dio sus primeros pasos con la creación de Frontex en 2004 y que se vio reforzada con la creación en 2016 de una Guardia europea de costas y fronteras, supeditada todavía al control de las autoridades nacionales. Ambos hitos supusieron un avance, pero fuentes europeas reconocen que “no se ha pasado de una coordinación y gestión de información”.
La Guardia actual cuenta con unos 1.500 efectivos desplegados y su intervención está sujeta a petición de los países y a la colaboración con unas fuerzas nacionales que suman en total más de 100.000 efectivos. Bruselas ya ha propuesto elevar a 10.000 efectivos la guardia europea antes de 2020 y, con la propuesta del próximo miércoles, dotarla de un mando centralizado y con amplios poderes.
Juncker propondrá al mismo tiempo una mejora de los canales de emigración legal, con vistas a facilitar la entrada en Europa por cauces previsibles y controlados. Pero en este caso las propuestas se presentan en forma de Comunicación, un formato con un rango mucho menor que el proyecto legislativo para blindar las fronteras. Un mensaje claro en contenido y forma.
Ciberataques
La Comisión también aprobará medidas para intentar garantizar la integridad de las elecciones europeas de mayo de 2019. Se trata del proceso electoral de mayor envergadura del mundo, después de India. Y el riesgo interferencia se multiplica por 27, el número de países que participan (una vez descontado Reino Unido).
Juncker planea exigir a las redes sociales que retiren información fraudulenta en menos de una hora desde su detección. Y potenciar la vigilancia sobre posibles interferencias electrónicas en la potente maquinaria electoral que se pondrá en marcha entre el 23 y el 26 de mayo de 2019, los cuatro días en que se elegirá a los 705 miembros del Parlamento Europeo (59 en España).
Bruselas teme que se repitan los ciberataques y las campañas de desinformación sufridas en recientes comicios, desde EE UU a Francia y atribuidos en general a activistas vinculados a Rusia.
