La cartilla de racionamiento de Maduro
Millones de venezolanos, incluso opositores, se cobijan en el paraguas del carnet de la patria para tratar de paliar los estragos de la crisis
Gladys Judith Aular exhibe una pequeña tarjeta, similar a un documento de identidad. De este carnet dependen los exiguos beneficios con los que el aparato chavista busca asegurarse el control de la población venezolana. El pasado 20 de mayo, día en que se celebraron unas elecciones presidenciales rechazadas por la oposición y la mayoría de la comunidad internacional, esta caraqueña de 62 años salió de un centro de votación del barrio de Petare y se dirigió a uno de los puestos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), conocidos como puntos rojos. Lo hizo para certificar su asistencia a las urnas y su fidelidad al chavismo a través del llamado carnet de la patria, la versión venezolana de una cartilla de racionamiento.
En vigor desde enero del 2017, se trata de un instrumento digital de transferencia de recursos, presentado por el Gobierno de Nicolás Maduro como un vehículo para agilizar, en medio de la escasez y una hiperinflación sin freno, el acceso de la población a determinados programas de subsidios, bonos y servicios sociales.
La oposición denuncia que es una herramienta de control social enfundado en un programa de asistencia, y que su puesta en práctica constituye un chantaje orquestado en el cual se oficializa la discriminación política. Un análisis extendido compara el carnet de la patria con instrumentos frecuentes en la Cuba de Fidel Castro, como las famosas cartillas de racionamiento. Existen diferencias, aunque el fin último que persiguen converge sobre un objetivo estratégico: información que permita el control político y condicione las ayudas estatales.
Ese uso quedó demostrado en las últimas elecciones, cuestionadas por fraudulentas dentro y fuera de Venezuela, y que oficializaron la reelección de Nicolás Maduro. Unas 15 millones de personas, según las cifras oficiales, tienen ese carnet. Es decir, alrededor de la mitad población antes del éxodo masivo de los últimos meses. Se trata sobre todo de militantes chavistas, aunque la catástrofe económica lleva a solicitarlo incluso a los que no tienen simpatías con Maduro.
Gasolina subsidiada
Con el paso del tiempo y el agravamiento de la situación Maduro ha procurado fortalecer un sistema de subsidios que dependen de este documento. El Ejecutivo trabaja a toda velocidad para ampliar su cobertura. El último peldaño ha sido el anuncio en el cual queda oficializado que su tenencia garantiza el combustible a precios subsidiados, así como el pago del transporte público, y el acceso al programa de vivienda.
Estos días hay en las filas de la oposición un acalorado debate en torno a la moralidad del uso del carnet de la patria. Siguen existiendo importantes sectores sociales de ciudadanos, especialmente en las clases medias y altas, que rechazan de plano la posibilidad de sacárselo, al considerarlo un instrumento de esclavitud. Pero un número creciente de dirigentes, ubicados a la izquierda del amplio espectro de la oposición, como Henrique Capriles Radonski, han justificado que los ciudadanos más humildes recurran al carnet para poder alimentarse y tratar de hacer frente a la escasez, y han pedido comprensión para quienes se ven obligados a acudir a sus beneficios, que en definitiva siguen siendo muy magros frente a la magnitud de la crisis.
Los servicios del carnet de la patria incluyen varios bonos lanzados por el Gobierno y el acceso teórico a programas como el “plan parto humanizado”, el “plan chamba juvenil” y el acceso a las bolsas de comida repartidos por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Estas cajas contienen un puñado de productos básicos y suelen llegar con retraso a las familias.
Conforme el panorama económico del país se fue deteriorando, el acceso a los servicios del carnet de la patria pasó a convertirse en un dilema fundamental para parte importante de la población. Mientras los precios aumentaban descontroladamente, los productos comenzaron a escasear, y los funcionarios chavistas aprobaban sus inútiles operativos de fiscalización comercial, esta tarjeta ofrecía un mínimo de oxígeno. Pero también dependencia del chavismo.
El documento tiene un código QR que le permite al régimen disponer de un mapa con información sobre la población beneficiada. En una de sus alocuciones para justificar su creación, Nicolás Maduro afirmó: “El Carnet de la Patria nos permitirá llegar a donde no estamos llegando. Para llegar a las catacumbas de los hogares venezolanos, con amor, con la mano, con la protección de una revolución que tiene que renovarse”.
Protestas de jubilados por el pago de la pensión
Jubilados venezolanos protestaron ayer frente a las entidades bancarias y bloquearon avenidas de Caracas para exigir el pago de sus pensiones en efectivo. Las protestas se producen en medio de un corralito de facto y después de que el presidente, Nicolás Maduro, anunciara el jueves que a partir de ayer podrían cobrar una parte del total, el 25% del nuevo monto de las pensiones, es decir, 450 bolívares soberanos, que equivalen a 7 dólares según la tasa oficial. Debido al proceso de reconversión monetaria que le quitó cinco ceros a la moneda y tras el abrupto aumento de las jubilaciones, el presidente anunció que este mes el pago se haría de forma fraccionada.
El anuncio de Maduro provocó que cientos de pensionistas amanecieran haciendo largas filas frente a las agencias de los bancos públicos y privados, que no abren durante los fines de semana. Los jubilados venezolanos piden cobrar sus pensiones en efectivo porque aseguran que los precios de los productos son más altos si se pagan por transferencia o con tarjeta bancaria. Entre consignas como “basta ya de engaños, queremos la pensión” y letreros en los que se podía leer “hay hambre”, algunos usaron escombros para bloquear avenidas.
