Ecuador anuncia un nuevo ajuste para enderezar el déficit fiscal
Se elimina el subsidio a la gasolina súper y se fusionan algunos ministerios para ahorrar 1.000 millones de dólares
Eliminar los subsidios a los combustibles siempre ha sido una maniobra tabú para los sucesivos gobiernos de Ecuador debido a la elevada factura política que puede conllevar. Pero el Ejecutivo de Lenín Moreno ha utilizado la estrecha situación económica del país petrolero como justificante para abrir esa llave del ajuste ante un cierre de año complicado. El presidente ecuatoriano anunció este martes un plan de recortes que retira de la gasolina súper la parte subvencionada por el Estado y que elimina casi 1.000 empleos públicos al fusionar o suprimir ministerios e instituciones.
Con el fin de reducir el gasto estatal en 1.000 millones de dólares, desaparecerá el ministerio de Justicia, el Instituto Espacial Ecuatoriano o la Secretaría de Comunicación, con la función de portavoz del Gobierno, entre otras entidades. El peso del Estado recaerá en 20 entes, frente a los 27 que ya existían y a los 40 que manejaba su predecesor en el cargo, Rafael Correa. Además se fusionará el Servicio de Rentas Internas con la Aduana, el ministerio de Comercio con el de Industrias y Productividad, el de Ambiente con la Secretaría del Agua y el de Defensa con la Secretaría de Riesgos.
Se prevé así una reducción inicial en la plantilla de funcionarios de 900 puestos de trabajo que llegará a los 1.5000 y un ahorro en el gasto de hasta 350 millones de dólares. Al día siguiente del anuncio, el secretario de Planificación y Desarrollo, José Augusto Briones, dio por primera vez una cifra del impacto de los planes de austeridad en el empleo público hasta ahora. La cifra de trabajadores que han sido separados de su función asciende a 42.000, tras una reestructuración anterior de las entidades y la prohibición de contratar a personal ocasional en el Estado.
Pese a lo doloroso de la medida, las voces críticas a la gestión gubernamental venían exigiendo un recorte a la plantilla de funcionarios y al gasto corriente ante la falta de definición de una política económica clara que enderezara el excesivo endeudamiento y déficit fiscal heredado del Gobierno anterior. Por eso, el propio Lenín Moreno inició su presentación de la receta de ajuste recordando, a modo de justificación, que la deuda ecuatoriana ronda los 60.000 millones de dólares, superando el límite del 40% del PIB que fija la legislación nacional, y que esa cifra equivaldría a que cada niño nacido cargase con 18.000 dólares de deuda. “No tomamos estas decisiones al inicio porque recibimos un país dividido familias rotas, un país sin democracia. Y sin una paz interna, no se pueden tomar estas decisiones”, se justificó Moreno antes de anunciar la eliminación al subsidio de los combustibles.
Primero la gasolina súper
Para torear el previsible desgaste del fin de las ayudas en la compra de gasolina, el Gobierno inició el programa de ajuste solo con la gasolina súper, que es la de menor venta en el país y la que se relaciona con el sector de la población de mayores recursos. El galón (casi cuatro litros) se vende a 2,26 dólares y subirá a 2,98 dólares en cuanto se implante la medida. Además, se iniciará un diálogo con el sector industrial para valorar cómo y cuánto reducir el subsidio en el diésel. No obstante, no se tocará ni el combustible que se usa en el transporte, ni el gas ni la gasolina ecopaís o extra, para evitar afectar a las clases populares. El ahorro para las arcas estatales llega en este punto a los 150 millones de dólares. “Ordenar la casa velando por los más vulnerables, es el norte de nuestro Plan de Prosperidad. Las decisiones son desafiantes y debemos hacerlo pronto para ver los frutos”, lanzó en redes el ministro de Finanzas, Richard Martínez.
Además, el Gobierno apuntala su estrategia de recorte en mejorar la contratación pública, prohibiendo, so pena de despido, que los funcionarios hagan adjudicaciones a dedo y sin concurso. Con eso, el Estado dejará de despilfarrar 400 millones de dólares al garantizarse las licitaciones con las mejores ofertas. Para completar los 1.000 millones de ajuste, se reducirá al máximo los lujos de los altos cargos. Se prevé vender 1.000 vehículos del parque automotor gubernamental, se reducirán los gastos de viaje en un 30%, se suprimirá la seguridad a los ministros que no la necesiten expresamente y estos comenzarán a pagar sus facturas de teléfono.
No obstante, el anuncio de los recortes ha sido cuestionado como insuficiente por analistas económicos que ven un cierre de año complicado. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas en la primera legislatura de Rafael Correa, recuerda que el Gobierno ha estimado una necesidad de financiamiento para lo que queda de 2018 de 4.200 millones de dólares. Y el año que viene, al déficit fiscal -que es la brecha entre los ingresos y gastos del país- hay que añadirle 1.400 millones de dólares que el Estado volverá a aportar a la Seguridad Social para garantizar las pensiones del futuro, según los cálculos del exministro Fausto Ortiz.
Por eso, ve inevitable recurrir a más endeudamiento ahora que se ha levantado el límite legal, tras la entrada en vigor de una ley de incentivos tributarios. Con él, coincide el también exministro de Finanzas, Mauricio Pozo. “Esto es una parte, necesaria, pero solo una parte. Hace falta bajar el costo de producción en el país, hay que sanear la parte monetaria y la Seguridad Social. Hay que reducir el gasto, pero también tienen que entrar más recursos, plata adicional para poder financiar lo que hay que financiar. Y eso, en este caso, no se logra. No le quito la buena intención del Gobierno de sanear internamente, pero no va a resolver el problema”.
