Derechos humanos en la encrucijada
La Corte Penal Internacional y Venezuela
Ya es redundante decir que vivimos una época de exacerbación de las viejas ideologías. Sin embargo, no hemos reconocido lo suficiente que el precio a pagar es la erosión de la arquitectura normativa del sistema internacional, estructura de principios y valores que no se derivan de, ni son reducibles a, ideología alguna.
Ello ha causado que el sistema internacional no solo esté plagado de doble estándares, aceptables dentro de ciertos parámetros, sino que se halle en proceso franco de erosión. El test de Litmus de esta desafortunada realidad vuelve a ser Venezuela. El caso verifica las acciones contradictorias de las organizaciones cuya misión es proteger, hacer cumplir y promover los derechos humanos, tanto como reparar a las víctimas.
De hecho, mientras la OEA no se acobarda ante ningún hierro caliente —Venezuela, pero también Nicaragua y Cuba— desde organizaciones extra regionales llegan mensajes de otro tipo, los cuales unas veces confunden, otras rebelan y casi siempre perturban. El siguiente ejemplo ilustra el punto.
En julio pasado se celebró el vigésimo aniversario de la firma del Estatuto de Roma, documento que creó la Corte Penal Internacional. El acto tuvo lugar en su sede en La Haya. Como Estado parte del sistema, Venezuela asistió a los actos conmemorativos. Es de protocolo invitar a todos los miembros, con lo cual la presencia de dicho país no fue necesariamente una sorpresa.
Lo inesperado fue quién representó a Venezuela: Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, corte colonizada por apparatchiks del partido gobernante que jamás emitió una sentencia adversa al Ejecutivo. Moreno está sancionado por la Unión Europea junto con otros altos funcionarios del régimen por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Su presencia en La Haya requirió una autorización especial del gobierno holandés a solicitud de la Corte Penal.
Se deriva de ello que los Países Bajos están dispuestos a hacer excepciones al principio jurídico de igualdad ante la ley. Que además esa sea la política del tribunal encargado de juzgar y castigar crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio transformó el evento en algo deshonroso.
O tal vez aún peor cuando se lee que Moreno aseguró allí que "el Poder Judicial venezolano garantiza el respeto por los derechos humanos del pueblo venezolano, así como la institucionalidad democrática en la nación". Lo dijo sin importarle que la Corte Penal tenga el caso de Venezuela bajo la categoría de "Examen Preliminar", lo cual tampoco pareció preocupar a los propios funcionarios de la Corte.
A ese punto el evento adquirió ribetes de burla, a las víctimas de los crímenes, a sus familiares y a la comunidad internacional. El 31 de mayo Luis Almagro le hizo llegar a la Fiscal General Fatou Basouda el informe del panel de juristas que examinaron la evidencia presentada en la OEA durante audiencias celebradas en 2017. Nombran a Maikel Moreno, por sus antecedentes criminales antes de convertirse en el juez más importante de Venezuela, y al TSJ, por ser instrumental a los abusos allí documentados. Concluye dicho informe que existe más que razonable evidencia acerca de la comisión de crímenes de lesa humanidad.
El 22 de junio, a su vez, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, emitió un informe sobre Venezuela. Afirma que "dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia".
No queda claro, entonces, la renuencia de la Fiscal Basouda a transformar dicho examen preliminar en investigación plena, de eso habla el Alto Comisionado al considerar "una mayor implicación de la Corte Penal en esta materia". Y menos claro es, desde luego, que a pesar de toda evidencia, uno de los responsables de tales violaciones sea invitado por la propia Corte.
En Venezuela no solo se han cometido crímenes de lesa humanidad sino que se siguen cometiendo, es un delito continuo. Si la Fiscal Basouda hubiera actuado, tal vez podría haberle evitado la detención ilegal, violación del debido proceso y torturas al diputado Juan Requesens, hecho ocurrido el día 7 de agosto. La foto del diputado, semidesnudo y con visibles signos de haber sido sometido a tratos crueles y degradantes, fue circulada por sus carceleros pero la Fiscal piensa que no hay suficiente evidencia.
La Corte Penal Internacional no aplica el principio de igualdad ante la ley. Los crímenes de los que se ocupa se seleccionan arbitrariamente antes de ser considerados. Tal vez el filtro que se usa es la ideología de quienes están en el poder, la geografía del abuso o la cantidad de víctimas en cuestión. Son hipótesis acerca de un doble estándar flagrante y cuyo resultado es la reproducción de una injusticia.
Además de doble estándar la Corte también tiene mal gusto. Obligar a los asistentes a un evento sobre derechos humanos a tolerar la presencia y las palabras de Maikel Moreno es un insulto a su inteligencia, a sus principios y al propio ideal de justicia.
