El tortuoso camino hacia la inclusión de transexuales en India
El Código Penal aún estipula que cualquiera que tenga relaciones sexuales "antinaturales" debe ser castigado con, incluso, cadena perpetua
“La abolición del artículo 377 es el primer paso para acabar con el acoso, pero el camino a la integración está aún por recorrerse”, explica Zara Sheikha sobre la ley que persigue a las minorías sexuales en India y que se debate estos días en el Tribunal Supremo. Nacida Nishant hace 28 años, Zara superó el trauma personal, el abandono familiar, el ostracismo social y el castigo institucional para convertirse en la primera transexual india en conseguir trabajo como jefa del departamento de recursos humanos en una multinacional con sede en Trivandrum, capital del primer Estado del país con una legislación específica para la comunidad LGTBI. Pero sucesos como la detención arbitraria de cuatro transexuales en esa región a principios de año cuestionan la efectividad de una ley que está por cumplirse.
En 2015, Kerala se convirtió en el único Estado del país asiático en aprobar una política transgénero. La norma admitía el derecho a la autodeterminación del género de cada individuo además de establecer medidas para la integración socioeconómica de las minorías sexuales, reconociendo su condición marginal. El Estado sureño, famoso por el éxito de políticas progresistas como la alfabetización universal o la eliminación de la defecación al aire libre, se situaba también a la vanguardia de la defensa de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales indios. A nivel nacional, los 4,8 millones de miembros de la comunidad LGTBI identificados en el último censo carecen de protección frente al artículo 377 del Código Penal, que estipula que “cualquiera que tenga relaciones sexuales antinaturales debe ser castigado” con, incluso, cadena perpetua.
Pese a la revolución del marco legal en defensa de las minorías sexuales de Kerala, la norma no se cumple. “Todos los departamentos, especialmente el de salud, deberían aplicarla con urgencia. Solo recientemente se ha impuesto la reserva de un porcentaje de plazas en ciertas universidades”, explica Jijo Kuriakose, gay y fundador de Qeerala. Esta asociación LGTBI y la Red Legal de Derechos Humanos (HRLN, por sus siglas en inglés) recopilaron una lista con las mayores lagunas en la política transgénero.
El estudio critica la falta de médicos en hospitales públicos con conocimiento para asesorar en el cambio de sexo, la ausencia de una traducción de la ley al malayalam —la lengua regional que hablan las clases trabajadoras— o la falta de un sistema de reservas en los sectores de educación y empleo, esenciales para la integración social. La abogada y directora de HRLN, Preetha K. K., resume: “Las autoridades ni siquiera expiden el certificado de género”. Sin este documento, cualquier reconocimiento de nueva identidad es una odisea para los solicitantes.
“Es la pesadilla de todos los transexuales. Sufrimos una vejación institucional continua”, se queja Vihaan Peethambar, de 31 años. Después de pasar por el quirófano repetidas veces para el cambio de sexo en el extranjero, decidió registrar su género en su Kerala natal, hace un año. Entonces empezó su calvario. Aunque la norma transgénero solo requiere la disposición del individuo al cambio, es necesario legalizar la nueva identidad a través de la Gaceta Oficial del Estado, donde, contrario a lo que estipula la ley, exigen pruebas que avalen el trámite.
“Rechazaron mis informes médicos anteriores. Así que tuve que someter mi cuerpo a escrutinio en hospitales públicos donde la ignorancia era insultante. Una ginecóloga incluso me dijo: '¿Pero qué problema tienes si naces mujer y tienes todos los órganos bien?' ¡Y ella es la experta!”, clama Vihaan, quien tuvo que pasar, además, por un comité médico sin conocimiento de la nueva ley. “Ni psicólogos, ni ginecólogos, ni trabajadores sociales... Es como pedir a un granjero construir un cohete”, resume. Pero su tormento ha sentado precedente. Este julio, el Tribunal Superior de Kerala exigió agilidad y efectividad en el registro del género como respuesta al caso presentado por la abogada Preetha K. K. en nombre de Vihaan.
Desde su aprobación, la política transgénero ha inspirado algunos cambios en Kerala, aunque con resultados dispares. En la primavera del año pasado, se dio a conocer la contratación de una veintena de transexuales como trabajadoras del metro de la ciudad de Cochin, centro económico del Estado. La decisión resultó ser más polémica que acertada cuando se demostró el impago ante la falta de contratos por escrito y, sobre todo, tras el abandono de varias empleadas a causa de abusos por parte de sus compañeros de trabajo. “Se anunció como una medida para visibilizar a nuestra comunidad. Pero todas estaban empleadas como limpiadoras, ninguna como vendedoras de billetes”, explica Maya Ann Joseph, transexual desempleada de Cochin.
Un año antes, la propia Maya y su compañera Gowri se convirtieron en las primeras modelos transexuales de vestimenta femenina en India. “Supe de los problemas transgénero tras la aprobación de la ley y quise celebrar su feminidad a través de mis sari (vestido tradicional del subcontinente)”, cuenta la diseñadora Sharmila Nair. Su campaña, ideada para sensibilizar más que para hacer negocio, multiplicó sus ventas pese a las premoniciones nada halagüeñas. “Me sorprendió que ninguna maquilladora transgénero quisiera colaborar y que ningún sari se vendiese en Kerala. Aquí la gente no está preparada para una ley tan progresista. Se necesita educación para que funcione”, analiza Sharmila. Con ese objetivo, abrió el primer canal de YouTube de Kerala centrado en la comunidad LGTBI, en febrero de este año. Desgraciadamente, una de las primeras emisiones del canal estuvo dedicada al asesinato de una transexual hace un año en una estación de tren de Cochin, la ciudad más grande y abierta del Estado de Kerala.
Una ley de 1861
En julio comenzó el debate sobre la constitucionalidad del Artículo 377 del Código Penal, una ley británica de 1861 combatida en los tribunales desde hace una década. En 2009, el Tribunal Superior de Nueva Delhi declaraba su nulidad por violar los derechos fundamentales. Pero el dictamen fue revocado por la Corte Suprema en 2013 al considerar necesario que la ley fuese sometida a consenso parlamentario y no a la decisión de un tribunal menor. El año pasado, sin embargo, la misma corte falló en favor de la necesidad de preservar la orientación sexual como elemento principal del derecho a la privacidad.
Paralelamente, el Supremo declaró el derecho a la autodeterminación del género en 2016. El histórico veredicto, conocido como NALSA, instó al Gobierno central y a los estatales a reconocer el tercer género, además de establecer medidas para la asistencia médica pública y gratuita del colectivo y para su inclusión social. El borrador de esta ley también se debate en el Parlamento. Su aprobación y la esperada anulación de la norma colonial vislumbran un horizonte sin discriminación legal para el colectivo LGTBI en India. “Esperamos el veredicto final sobre el artículo 377 para antes de octubre de este año”, dice, esperanzado, Jijo Kuriakose.
