Francia deporta a Argelia al mentor de los terroristas de ‘Charlie Hebdo’
El caso del yihadista Djamel Beghal muestra la dificultad de actuar ante radicales peligrosos, para los que el Gobierno ha presentado nuevas medidas
Francia ha expulsado este lunes a Argelia, nada más cumplir su última sentencia de cárcel, a uno de los yihadistas que más dolores de cabeza le ha provocado en la última década: Djamel Beghal, considerado el mentor de los terroristas de Charlie Hebdo.
Beghal salió de la prisión de Vezin-le-Coquet, en Bretaña, este lunes a las 5.20 horas de la mañana. Cinco horas más tarde, partía en un vuelo rumbo a Argelia. Su deportación, sin embargo, no resuelve el problema de qué hacer con los extremistas nacionales, en momentos en que unos 450 presos radicalizados se disponen a salir en libertad tras acabar sus condenas en el próximo año y medio. Y aunque el Gobierno acaba de presentar nuevas medidas antiterroristas, las críticas no han tardado en emerger.
Las dudas sobre qué pasaría con Beghal una vez liberado planearon hasta el último momento, en vista de que no se acababa de cerrar un acuerdo con las autoridades del país magrebí. Este argelino, nacionalizado francés en 1995, contaba con la doble nacionalidad hasta que las autoridades galas le retiraron la ciudadanía francesa en 2007. Para entonces, ya llevaba dos años en prisión, cumpliendo una condena de diez años de cárcel por su plan para atentar contra la embajada estadounidense en París en 2001. Tras pasar una temporada bajo arresto domiciliario, fue condenado de nuevo a otros diez años en 2013, esta vez por planear en 2010 la fuga de prisión del miembro del Grupo Islámico Armado argelino (GIA) Ali Belkacem, condenado a cadena perpetua por el atentado en 1995 contra la estación de tren regional situado delante del Museo d’Orsay en París y que dejó una treintena de heridos.
Fue durante su primera estancia en prisión en la cárcel de Fleury-Méogis cuando conoció a Chérif Kouachi y a Amedy Coulibaly, autores de los atentados en París en enero de 2015 contra la revista satírica Charlie Hebdo y contra un supermercado judío. Beghal, “una referencia para tres generaciones de yihadistas”, según la Agencia France Presse (Afp), se convirtió en su mentor religioso.
El caso de Beghal es atípico en el sentido de que el yihadista poseía la doble nacionalidad y ha podido ser expulsado a su país de origen. Muchos de los radicalizados que cumplen sentencia en las cárceles del país no tienen más nacionalidad que la francesa, por lo que a su salida de prisión es el Estado francés el encargado de vigilarlos.
Francia tiene una población carcelaria de unas 70.000 personas, de las cuales más de 500 cumplen una pena por terrorismo islamista. Otros 1.200 presos están considerados radicalizados aunque fueran encarcelados por otro tipo de delitos. Hasta finales de 2019, unos 50 presos condenados por terrorismo y otros 400 considerados radicalizados saldrán de prisión tras cumplir sus sentencias. El Gobierno ha asegurado que se efectuará un seguimiento cuidadoso de estas personas.
Una Fiscalía especial
El viernes pasado, el primer ministro, Édouard Philippe, reveló nuevas medidas dentro de un plan antiterrorista que, entre otros, prevé la creación de una “unidad permanente de seguimiento” de los detenidos terroristas y de los presos radicalizados tras su salida de prisión. Esta unidad, que contará hasta 2020 con un centenar de personas, no se encargará de su seguimiento físico, sino de garantizar que cada uno de los presos liberados sea asignado a las autoridades correspondientes para que no se pierda su rastro en ningún momento.
También se organizará una “célula de elaboración de perfiles” de autores de actos terroristas y de identificación de factores que indican un pase a la acción de radicalizados, además de crearse un servicio específico que garantice el seguimiento de las personas bajo control judicial por terrorismo o radicalización y que podrá accionar una respuesta judicial si violan, por ejemplo, los términos de su libertad condicional.
La medida más criticada es la creación de una Fiscalía nacional antiterrorista, que hasta ahora era una sección de la Fiscalía General de París. Los sindicatos de magistrados consideran que no es más que un “golpe de efecto” que no aporta nada y, por el contrario, hará más difícil movilizar fuerzas extraordinarias cuando se presente una emergencia terrorista.
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