La gran purga ultraconservadora que pretende dar la vuelta a Polonia
Desde su llegada al poder, el Gobierno nacionalista del PiS ha emprendido una depuración sin precedentes de la Administración, las empresas públicas y los medios de comunicación
Pawel Potoroczyn conserva la aséptica carta con la que se le notificó de su cese a frente del Adam Mickiewicz Institute. La misiva, que puso fin a ocho años al frente de la institución que promueve la cultura y el idioma polaco en el exterior, no ofrece ningún motivo. Y Potoroczyn, de 56 años, diplomático de formación y con una larga trayectoria como académico y artista, no tiene ninguna duda: “Mi despido, como el de otros tantos, es político. El Ejecutivo busca controlar el Estado. Y parte de su proyecto es controlar la cultura, que alimenta, forma y contribuye al libre pensamiento. Y Ley y Justicia no soporta a cualquiera que no comparta su ideología”.
Desde que los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS) llegaron al poder en diciembre de 2015, han emprendido una purga a fondo de las instituciones para construir un Estado a su imagen y semejanza. Los anteriores Gobiernos también habían realizado cambios estructurales en los puestos de responsabilidad, pero Polonia jamás había experimentado un terremoto similar.
Un “asalto” que está viviendo un nuevo capítulo estos días con la jubilación forzosa de casi una treintena de magistrados del Tribunal Supremo, a través de una controvertida reforma legal que favorece el control del PiS del poder judicial, describe Jacek Kucharczyk, director del think tank Instituto de Estudios Públicos. El Gobierno ya despidió a más de un centenar de presidentes y vicepresidentes de tribunales locales y regionales, y controla a una mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional. La nueva maniobra para rediseñar el Supremo --que el Ejecutivo justifica afirmando que los jueces de este tribunal y tantos otros son "una casta" y remanentes comunistas que no tienen cabida en la nueva Polonia-- ha vuelto a sacar a decenas de miles de polacos a las calles y ha provocado una escalada en el enfrentamiento entre Bruselas y Varsovia.
El extremista Jaroslaw Kaczynski, líder del partido ultraconservador y quien gobierna el país desde la sombra, nunca ocultó que su idea era una remodelación a fondo del Estado. “La historia demuestra que las instituciones son la fuerza de un país, y estas están creadas por la gente”, suele decir. Y sin cambiar a esa gente, sostiene, las reformas no funcionan. Según esa premisa, el Ejecutivo, a través de cambios legales, ha pasado a controlar los medios de comunicación públicos, lo que ha provocado decenas de despidos de periodistas incómodos, a quienes ha sustituido por personas de su confianza. Desde los despachos directivos hasta los pupitres de las redacciones y las corresponsalías.
Como sus predecesores, ha reemplazado a la cúpula del servicio secreto, pero también a la de distintos entes administrativos, varios organismos judiciales y la mayoría de las instituciones educativas y culturales, como el Adam Mickiewicz o, más recientemente, el Instituto de Cine Polaco. El despido de su directora, la reputada Magdalena Sroka, despertó nutridas protestas. La depuración ha sido tal que ha alcanzado a compañías que, sobre el papel, no tienen ningún papel político, como el prestigioso criadero de caballos árabes Janow Podlaski. Su director desde hace 30 años fue despedido el año pasado y reemplazado por un economista sin experiencia cercano al PiS que tuvo que renunciar tras la muerte de al menos tres caballos.
En Polonia, el Estado puede controlar a las empresas que cotizan en bolsa, incluso si no tiene una participación mayoritaria, así que la purga ha alcanzado a los directores generales de 13 de las 14 compañías públicas incluidas en el índice bursátil polaco (el WIG30). Empresas de energía, ferrocarriles, seguros… Y en algunos casos, los nuevos cargos solo han durado unos meses. En lo que va de año, han nombrado nuevos consejeros delegados en nueve compañías y reemplazado a una veintena de gerentes. Un carrusel que ha golpeado al precio de las acciones de las empresas, explica la analista Anna Nowacki. Energa. La mayor empresa de energía, ha perdido más de un 29,5% en lo que va de año; la petrolera Orlen, un 21,7%.
“El escenario no deja lugar a dudas, el ‘amiguismo ha alcanzado cotas inéditas”, recalca el experto Kucharczyk. El ahora consejero delegado de Orlen, por ejemplo, fue concejal del PiS. También el presidente de la televisión pública fue miembro del partido, como muchos de los nuevos superintendentes educativos. Y el jefe del segundo aeropuerto más grande del país fue asistente de la exprimera ministra Beata Szydlo.
El Gobierno polaco no esconde su postura. Recalcan que los cargos de responsabilidad deben “identificarse con el programa del Gobierno”, como ha declarado su ministro de Finanzas, Dawid Jackiewicz. Y a parecer el académico Potoroczy, a quien dos tribunales han dado la razón en un caso de despido improcedente, no casa con los valores del PiS, que defiende que Polonia es un país de profundos valores cristianos y que debe proteger a la “familia tradicional”. Su reemplazo, Krzysztof Olendzki, un diplomático de carrera sin ninguna experiencia en el sector de la cultura y conocido por sus ideas ultracatólicas, sí.
Desde su llegada, las nuevas prioridades del Adam Mickiewicz Institute —similar al Instituto Cervantes, en España; al Goethe, en Alemania o al British Council—, marcadas por el Ministerio de Exteriores, ya no son dar a conocer el teatro, el cine, las artes visuales o el diseño polaco. Se centra más bien en promover el legado del pensamiento político de Lech Kaczynski, el hermano gemelo del líder del PiS, fallecido en un accidente de avión en Rusia hace años; también la difusión de figuras históricas como Chopin, Copérnico, Marie Curie o Juan Pablo II. De hecho, el Instituto ha ampliado sus proyectos en Filipinas, donde Jackiewic asegura que hay una comunidad fascinada por el papa polaco.
Despidos discriminatorios
En otro paso para reformar la justicia polaca, el Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia, modificó la edad de jubilación de los jueces regionales y locales. Rebajó la edad de retiro de los 67 años a los 65 para los hombres y a 60 para las mujeres. Una medida duramente criticada por la Comisión Europea que la considera discriminatoria. Tras unos meses en vigor, el Ejecutivo la retiró. “En ese tiempo, unas 70 juezas fueron jubiladas de manera forzosa”, explica la magistrada Monika Frackowiak, de la organización judicial Iustitia, que critica la deriva autoritaria del PiS.
Muchas de las juezas retiradas han recurrido su jubilación, que supone un importante recorte de la pensión que reciben en comparación con sus colegas varones. Un sesgo que el Ejecutivo del PiS quiso repetir en otros organismos públicos.
Frackowiak explica que, conforme a la ley, todavía es complicado despedir a los jueces. Por eso, el Gobierno se está valiendo de cambios legales que alteran la edad de jubilación —como ha hecho con el Tribunal Supremo— o que relevan a los magistrados de cargos como la presidencia o la vicepresidencia de las cortes regionales y locales. “En esos casos se les expulsa de esos puestos, pero siguen siendo jueces”, dice la magistrada.
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