“Guatemala sigue capturada por las redes criminales”

Querido por una mayoría de la ciudadanía, odiado por algunas de las personalidades más influyentes del país, el colombiano Iván Velásquez (Medellín, 1955), no llegó a Guatemala para hacer amigos. El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo currículo alberga un pasado de lucha frontal contra los paramilitares colombianos, lidera desde hace casi cinco años dicho organismo, una suerte de fiscalía bajo control de la ONU creada en 2006 para ayudar al país centroamericano a combatir la corrupción y apoyar sus investigaciones.

Menos de dos años después de su aterrizaje, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina ya dormía entre rejas. También su vicepresidenta y todo su gabinete de gobierno del Partido Patriota, la formación que ejerció el poder entre 2012 y 2015. La investigación de la CICIG demostró que formaban parte de una enorme trama que, a cambio de sobornos, permitía la importación de productos burlando el pago de impuestos.

Pese a sus numerosos éxitos, o tal vez debido a ellos, la continuidad de la entidad en el país está en el alero. Su mandato expira el 3 de septiembre de 2019, casualmente el día del tercer aniversario de la entrada en prisión del expresidente Pérez Molina. Hasta ahora ha habido cinco prórrogas para que la institución siga operando, pero su supervivencia no está garantizada. "La prórroga solo sería posible por solicitud del presidente de la República", afirma Velásquez en una entrevista a un grupo reducido de medios en la oficina de la ONU en Bruselas, donde esta semana ha acudido para tratar la situación de Guatemala después de visitar Berlín y La Haya.

Su condición de bestia negra, no solo del general Pérez Molina, sino del actual presidente, Jimmy Morales, ha complicado la posibilidad de un nuevo mandato y amenaza con revertir los avances. Las averiguaciones de Velásquez y su equipo han propiciado que un hermano y un hijo de Morales se encuentren en arresto domiciliario desde hace año y medio acusados de fraude. Y se mantiene abierta una investigación que acusa directamente al presidente por financiación ilegal de su partido. Su enfrentamiento con el presidente alcanzó su culmen el pasado año, cuando este declaró a Velásquez persona non grata y trató de expulsarle del país sin éxito: la Corte Constitucional sentenció que la medida era ilegal y frenó su salida. Los intentos de amedrentarle no han surtido efecto, y el jurista espera que haya pronto una decisión sobre si Morales incurrió en un delito. "Creo que los elementos probatorios son fuertes y espero que la valoración de la fiscal llegue a una conclusión similar en las próximas semanas", apuntó.

Ni su papel fundamental en la caída de un presidente, ni los casos de corrupción que han visto la luz gracias a su labor han hecho que Velásquez pierda perspectiva sobre dónde se encuentra Guatemala ahora. El implacable juez cree que los logros puntuales no pueden ocultar que la corrupción sigue siendo estructural, y se muestra escéptico sobre el futuro del país. "Hemos conseguido muy poco. Los éxitos en las investigaciones pueden ser considerados triunfos. Pero el objetivo es fortalecer el Estado de derecho, y no se ha dado ese paso, ni siquiera para decir que es un proceso irreversible. Hay tantas fuerzas que confrontan la lucha contra la corrupción que no tenemos la tranquilidad de que vamos hacia adelante".

Velásquez parece tener a veces la sensación de remar sin avanzar, pero la alternativa, dejarse llevar por la corriente de corrupción que carcome el país, supondría tirar por la borda muchos años de trabajo. ¿Sigue cautiva Guatemala? "Creo que está capturada. Falta mucho por liberar. Y no solo en el tema de la investigación criminal. Lo que se requiere es una transformación del Estado. Lograr que la administración de justicia sea independiente y que a ella lleguen los más idóneos, los más capaces y honrados, como dice la Constitución. Para eso se requiere una reforma constitucional para variar la manera de elegir a los magistrados", opina.

Delinquir hoy en Guatemala sigue saliendo gratis en una abrumadora mayoría de ocasiones. "Cuando alguien tiene un 97% de posibilidades de salir impune de un delito, hay más posibilidades de que lo cometa", dice Velásquez tirando de lógica. La impunidad ha sido permanente y aceptada, pero la resignación a veces tiene límites, como prueban las masivas protestas que terminaron en la renuncia de Pérez Molina. "La confianza renovada que se ha generado en el país no significa que esa guerra se haya ganado. Hay posibilidades, pero se necesitan muchos recursos internos para que cometer un delito tenga consecuencias".

Arropado por un apoyo popular que algunas encuestas cifran en el 71%, es habitual que incluso los candidatos electorales hagan público su apoyo al CICIG para ganarse el favor de la población. Velásquez confía en que ese amplio respaldo ciudadano sirva de barrera contra aquellos que quieren desmantelar su labor. El contexto puede echarle una mano: cabe la posibilidad de que en las elecciones del próximo año salga elegido un presidente partidario de la continuidad del combate de la CICIG, y países donantes como Suecia, Canadá o Alemania pueden presionar al respecto. Entretanto, Velásquez tiene claro el descomunal reto al que deben dar prioridad las autoridades guatemaltecas: "Hay que generar una cultura de legalidad, pero para eso hay que generar cultura de consecuencias".