La corrupción, la gran grieta del sistema mexicano

La semana pasada se revelaron algunas fotografías de un centro de salud en Tekax, en el Estado de Yucatán, en el sureste del país. Las imágenes muestran a un niño recién nacido siendo nebulizado con una caja de cartón en marzo. La escena fue capturada por doctores y enfermeros que denunciaban las precarias condiciones del hospital. Los políticos de la oposición también aprovecharon estas denuncias para desvelar una supuesta trama que habría desviado más de siete millones de dólares de la secretaría de Salud local a través de empresas fachada. La fotografía del menor, fallecido en abril, ilustra con claridad el impacto generalizado que la corrupción, que cuesta a México diez puntos del PIB cada año, tiene en la vida cotidiana de los mexicanos.

El esquema utilizado en el sector salud de Yucatán ha sido implementado a mayor escala. Tres periodistas documentaron un mecanismo similar con el que diversas dependencias y secretarías del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto utilizaron empresas fantasma para simular contratos con decenas de universidades públicas en la nación. La estafa maestra, la investigación que hizo pública esta trama, calcula que el monto del desvío supera los 400 millones de dólares. Las autoridades fiscales afirman que en el país existen más de 6.500 empresas fachada, que entre 2012 y 2017 habría facturado más de 700.000 millones de dólares, cerca del 5% del PIB nacional.

Este refinado escándalo de corrupción, uno de los más grandes del actual Gobierno del PRI, ha dejado cuatro funcionarios inhabilitados del servicio público. Algunas personas que han ayudado a documentarlo también han sido castigadas. Es el caso de Muna Dora Buchain, la directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un organismo similar al Tribunal de Cuentas español. Empleada desde 2005, Buchain fue despedida el pasado 1 de junio cuando un nuevo auditor ocupó el cargo en el ocaso del sexenio. Junto a ella han sido expulsados de la ASF ocho personas que ayudaron a documentar corruptelas transexenales de los gobiernos del PAN y el PRI. Entre ellos el caso de la Estela de Luz, una obra encargada en la Administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012, PAN) que tuvo un sobrecoste de 192%. “Es un mal sistémico”, afirma Buchain a este diario.

“El mensaje de que no ha habido investigación real de actos de corrupción dice mucho. No pasa nada”, agrega esta experta, quien construyó desde 2010 un grupo de élite de investigación de desvíos de dinero público. “Los incentivos para la corrupción son muchos y la impunidad es vasta”.

El electorado mexicano parece haberse sumado a esta conclusión. Seis de cada 10 mexicanos consideran que la corrupción ha aumentado en el último año, de acuerdo con el informe más reciente de Transparencia Internacional. El país norteamericano ocupa la posición 135 de 180 naciones en las que se mide la percepción de este mal. Es el peor evaluado del G20 y de las naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Los escándalos de corrupción a lo largo de la Administración han tocado a funcionarios federales como el presidente Peña Nieto, cuya esposa había recibido una lujosa mansión de uno de los contratistas preferidos por el Gobierno. También han tocado políticos locales. Diecisiete exgobernadores que han estado en el poder en la última década se encuentran bajo investigación, encarcelados o fugados. La mayoría llegó al poder bajo las siglas del PRI. Esto ha empantanado la campaña de José Antonio Meade, el candidato del tricolor a la presidencia, cuyos esfuerzos parecen destinados a remontar la losa de la impopularidad de Peña Nieto, cuya gestión es aprobada por solo dos de cada diez personas.

Varios colaboradores cercanos al actual mandatario también han sido salpicados por la sospecha. Uno de ellos es Emilio Lozoya, uno de los operadores de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 y exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el triunfo del PRI. El funcionario ha sido señalado por tres exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht de haber recibido 10 millones de dólares en sobornos a cambios de contratos entre 2012 y 2016. Unos 4.1 millones de dólares habrían sido depositados cuando Lozoya fungía como jefe de asuntos internacionales del candidato Peña Nieto.

El papel de Odebrecht en la política mexicana sigue siendo uno de los misterios actuales porque no ha sido investigado a fondo. El caso está en manos de la Procuraduría General de la República (la Fiscalía), que se encuentra acéfala desde hace ocho meses. El Gobierno mexicano se ha limitado a sancionar e inhabilitar a Odebrecht en el país, pero no ha investigado el supuesto pago de mordidas que han sido declaradas ante la justicia brasileña.

Los escándalos se han convertido en el combustible de la campaña mexicana que culmina este miércoles. Ricardo Anaya, de Por México al Frente, una alianza que reúne a partidos de derecha, centro e izquierda, ha prometido una Fiscalía autónoma que investigue de forma imparcial el papel de Peña Nieto en las diversas tramas. La bandera de la lucha anticorrupción parece haber sido abarcada, primero y de mejor manera, por Andrés Manuel López Obrador, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y puntero en todas las encuestas. Este domingo 1 de julio se verá por qué proyecto se decanta México para intentar frenar un mal que hunde al país.