Bruselas planea que el presupuesto de la UE desplace fondos del Este hacia el Sur
España perderá fondos de cohesión y agrícolas, pero gana en las partidas destinadas a migración, seguridad y control de fronteras
El Este de Europa se niega en redondo a acoger refugiados, y varios Gobiernos de esa zona vulneran las reglas básicas del Estado de derecho, los denominados valores europeos. Tras un tira y afloja que ha durado meses, la afrenta les puede salir cara: Bruselas presentará el próximo miércoles su propuesta para el presupuesto europeo 2021-2027, en el que hay un desplazamiento de los fondos desde el Este —tradicional destino de las políticas de cohesión, los fondos europeos que permiten converger a las economías más atrasadas— hacia los países del Sur más golpeados por la crisis migratoria y de seguridad, según media docena de fuentes consultadas.
Bruselas se ha apoyado en las ideas de Berlín y París, y en menor medida de Italia y España, para rediseñar el presupuesto. Por el lado de los ingresos todo sigue igual, salvo por la salida de Reino Unido: los principales contribuyentes, Alemania y Francia, no tienen reparos en aumentar ligeramente su participación, y los países menos favorables, como Holanda, han dejado clara su oposición, pero no tienen suficiente tracción. Pero los cambios más profundos llegan por el lado de las políticas de gasto. Su centro de gravedad vira del Este hacia al Sur: Bruselas, finalmente, ha cumplido sus amenazas y planea establecer nuevos criterios de reparto de los fondos europeos, que reflejan los nuevos equilibrios de poder en Europa. La polémica está asegurada.
Las políticas de agricultura y de cohesión sufrirán un recorte en torno al 6% anual; un buen tijeretazo, que se puede ver compensado en parte por el uso creciente de ingeniería financiera a través de mecanismos como el Banco Europeo de Inversiones. Esas dos áreas tradicionales suponen ahora el 80% del presupuesto: en las próximas perspectivas financieras, que van de 2021 a 2027, su peso específico "se reducirá al 60% del presupuesto", según aseguró el comisario Günter Oettinger en una visita reciente a Berlín. La Comisión quiere un presupuesto más flexible, con margen de maniobra para poder activarse en caso de crisis.
Pero la gran novedad es que los fondos llegarán con condiciones. "Los fondos serán condicionales al cumplimiento de las recomendaciones específicas", aseguran fuentes europeas: esa condicionalidad macroeconómica obligará a hacer reformas so pena de perder inversiones en caso de incumplimiento. Pero las condiciones más polémicas están vinculadas con el cumplimiento de las reglas del Estado de derecho y con la solidaridad relacionada con la crisis migratoria.
"Aceptar los principios democráticos y luchar contra la corrupción serán condición sine qua non para recibir fondos", en una medida claramente dirigida a Polonia y Hungría, y en menor medida a Rumania y Bulgaria, apuntó Oettinger en Alemania. "Los efectos de la crisis migratoria, además, tendrán reflejo en varios capítulos", añaden las citadas fuentes. Bruselas quiere dejar claro que habrá más fondos para las regiones que han acogido a un mayor número de solicitantes de asilo; el envés de esa política es castigar a los países que no aceptan un solo refugiado. Además, la Comisión Juncker pretende dotar adecuadamente los fondos para la protección de fronteras: dinero fresco para los países mediterráneos (Grecia, Italia y España, muy castigados además por la Gran Recesión) y socios como Bulgaria, y para contratar a "miles de nuevos empleados" en Frontex, la agencia europea de control de fronteras.
Habrá también mayor dotación para ayudar a los países africanos y de Oriente Medio. Aunque nada de eso será fácil: los Veintiocho están en plenas negociaciones para ver quién paga 3.000 millones de euros adicionales a Turquía, con el objetivo de seguir con el acuerdo que ha permitido detener la entrada de migrantes desde ese país. La financiación de ese tipo de ayudas a los países de origen o tránsito de las oleadas migratorias será fuente de conflicto durante los próximos tiempos.
El Brexit y las nuevas prioridades de la UE dejan un agujero de entre 12.000 y 14.000 millones anuales por el lado de los ingresos, y de hasta 10.000 millones por el lado del gasto. Apenas habrá programas que no se vean afectados por el rediseño del presupuesto: Bruselas pretende elevar un 10% el presupuesto del programa Erasmus (para incentivar a los jóvenes a estudiar fuera de sus países de origen), y de hasta un 30% en el Horizonte 2020, destinado a dar un salto adelante en I+D y nuevas tecnologías. Una parte de los nuevos ingresos pueden llegar con la tasa Google (un impuesto sobre las empresas tecnológicas) y un impuesto que grave los residuos de plástico.
La Comisión Europea sabe perfectamente cuáles son los puntos más conflictivos: el grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) lleva meses avisando de que no tolerará un recorte de los fondos europeos vinculado a algo tan inasible como los valores, y esos países podrían pleitear (y ganar) en el Tribunal de Justicia de la UE. "Ese es de largo el asunto más sensible", explica una alta fuente europea, "con riesgos legales evidentes que hay que tratar de limitar al máximo". "Pero tanto varios Estados miembros importantes como los ciudadanos esperan un cambio para que el Estado de derecho se respete en Europa; no hacer nada no es una opción", añade tajante la misma fuente. La decisión sobre la condicionalidad puede llegar por varios caminos. Bruselas prefiere tomar directamente esa decisión en función de sus análisis. Pero puede llegar también en forma de recomendaciones al Consejo Europeo, o que los líderes de los Veintisiete lo acuerden por mayoría cualificada (lo que elimina la posibilidad de veto del grupo de Visegrado). "Ese es un debate abierto, como también lo es si la condicionalidad es ex ante o ex post. Pero va a haber condicionalidad: eso seguro", aseguran fuentes comunitarias.
El presupuesto actual de la UE está en torno al 1% del PIB de la UE. El próximo estará entre el 1,13% y el 1,18% del PIB, un incremento marginal pero que costará una ardua negociación tanto con el Europarlamento como con los Estados miembros. España puede salir relativamente bien parada: con la salida de Reino Unido es contribuyente neto cada vez con mayor claridad. A Madrid, por tanto, llegarán menos fondos de cohesión, y menos ingresos procedentes de la PAC. Pero a cambio España puede beneficiarse de las nuevas prioridades en materia de migración, defensa, seguridad y control de fronteras, según fuentes de la delegación española. Y esa tarta es cada vez mayor. Además, en el caso de la cohesión habrá un cambio en los criterios de reparto que también puede beneficiar a la economía española: junto con el PIB per cápita computarán variables como el desempleo, los indicadores sociales, el medioambiente, los flujos de población y la innovación. "España puede rascar fondos con esas nuevas claves", cierran fuentes diplomáticas.
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