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Francia acelera el combate a las ‘fake news’ a pesar del frenazo europeo

El Gobierno defiende penalizar por ley las desinformaciones aunque la Comisión Europea se muestre reticente a legislar sobre este tema

La ministra francesa de Cultura (der.), Françoise Nyssen, junto a la ministra de Deportes del país, este miércoles en París.rn
La ministra francesa de Cultura (der.), Françoise Nyssen, junto a la ministra de Deportes del país, este miércoles en París. AFP PHOTO

Francia pisa el acelerador para luchar contra las noticias falsas. A pesar de las reticencias de la Comisión Europea, que ha renunciado a la legislación para proteger los procesos electorales europeos de injerencias, el Gobierno de Emmanuel Macron impulsa su propia ley para penalizar las desinformaciones en periodos electorales, un texto que está ya en proceso de estudio tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado. Y quiere además que el debate siga presente más allá de sus fronteras.

“Todas las democracias están afectadas, es un desafío mundial, grave y urgente, es nuestro modelo democrático lo que está en juego”, advirtió la ministra de Cultura, Françoise Nyssen, al abrir este jueves una conferencia con expertos europeos sobre “Las democracias ante las manipulaciones de la información”. El ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, defendió la necesidad de un “modelo democrático defensivo” ante esta amenaza y adelantó su intención de proponer durante la próxima cumbre del G7, en junio en Canadá, “una discusión sin tabúes sobre este desafío y sobre las soluciones que requiere”. El objetivo es “acordar un cierto número de principios a respetar y de normas a promover, sobre todo en materia de transparencia de publicidad política y de refuerzo de los medios y la sociedad civil para detectar manipulaciones”.

Pero Francia no va a esperar a que haya una concertación internacional en un tema que considera urgente. La Asamblea Nacional francesa recibió a finales de marzo el proyecto de ley “relativo a la lucha contra las falsas informaciones”, solo días después de que la Comisión Europea renunciara, al menos por el momento, a proponer leyes, abogando por un marco de autorregulación. Una vía que el Gobierno francés respeta pero no comparte.

“En Francia hemos decidido actuar, y hacerlo por la vía de la ley. Porque la ley protege”, sostuvo Nyssen. Francia, dijo, “apoyará todo trabajo a nivel europeo” sobre el tema de la desinformación. “Pero sin esperar”, apostilló. “Debemos actuar a nivel nacional” porque al fin y al cabo, “la constitución europea progresa gracias a iniciativas nacionales”. Y en este campo, Francia “desea ser una precursora”.

La propuesta de ley francesa busca imponer, en periodo preelectoral y electoral —a partir de la publicación oficial de la convocatoria a las urnas—, a las plataformas online “obligaciones de transparencia reforzadas”. El objetivo es tanto detectar a tiempo posibles campañas de desestabilización como que los internautas sepan quién está detrás de los contenidos patrocinados. Se proponen penas de hasta un año de cárcel y de 75.000 euros de multa a la violación de esta mayor transparencia. Además, estipula que la decisión judicial sea rápida —en un plazo máximo de 48 horas— cuando haya una denuncia de emisión de una información considerada falsa.

También concede más poderes al Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA), el organismo que regulador de los medios audiovisuales franceses. La propuesta prevé que tenga capacidad de “ordenar la suspensión de la difusión” hasta el fin de las elecciones de un medio o contenido que se considere está “controlado por un Estado extranjero o bajo la influencia de ese Estado, y que puede atentar contra los intereses fundamentales de la nación o participe en un intento de desestabilización de sus instituciones, notablemente mediante la difusión de noticias falsas”.

La normativa defiende que “la actualidad electoral reciente ha demostrado la existencia de campañas masivas de difusión de informaciones falsas destinadas a modificar el curso normal del proceso electoral por la intermediación de servicios de comunicación en línea” y que las leyes existentes “son insuficientes para permitir la retirada rápida de contenidos en línea para evitar su propagación o reaparición”.

No todos coinciden en que este riesgo amerita una vía legislativa.

Durante el debate parisino, el representante para la libertad de medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Harlem Desir, alertó de la potencial “desproporcionalidad” de las leyes y citó la aprobada en Alemania, que prevé fuertes multas a las plataformas que no retiren rápidamente contenidos que inciten al odio. Los operadores pueden “acabar suprimiendo un contenido más amplio de lo que probablemente un juez habría considerado ilegal”, dijo. Esta ley además traslada, señaló, la responsabilidad de decidir retirar un contenido del magistrado “a una organización privada, que a su vez la transfiere a sus ordenadores”.

Durante otra discusión del proyecto de ley francés en el Senado, el miércoles, uno de los miembros del comité de expertos de la Comisión Europea, Divina Frau-Meigs, alertó también del peligro de que países “liberticidas” puedan usar —y ya se está haciendo, dijo— las iniciativas en democracias como la alemana o la francesa para justificar leyes más restrictivas de la libertad de expresión.

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