México, la gran interrogante en la negociación del primer acuerdo ambiental de América Latina

Berta Cáceres fue asesinada hace dos años. La memoria de la ambientalista está presente estos días en Costa Rica, donde delgados de 24 países de América Latina y el Caribe están discutiendo un importante tratado de acceso a la justicia para ciudadanos y defensores del medioambiente de la región. El texto final del Principio 10 estará listo ese domingo. Algunos nubarrones todavía obstaculizan el acuerdo. Los negociadores del instrumento de derecho internacional están a la espera del papel que asumirá México, un país que comenzó liderando los esfuerzos , pero ha bajado su perfil en los últimos años.

Los delegados aterrizaron en San José para afinar los últimos detalles de lo que será el primer acuerdo en su tipo en la región. Principio 10 es un instrumento de derechos humanos que permite a toda persona participar de forma individual o colectiva en la toma de decisiones que afectan al medioambiente. Esto incluye el acceso a la justicia para proteger derechos ambientales y el acceso a la información. El acuerdo no entrará en vigor hasta que sea ratificado por ocho Estados. No obstante, México propone que sean 22 naciones quienes lo ratifiquen, el 90% de los países en la zona.  

Esta iniciativa, auspiciada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), es importante en una región donde la oposición al desarrollo de grandes proyectos industriales de minería y energéticos pueden convertirse en espinosos conflictos políticos que ponen en riesgo la vida de comunidades y activistas, como sucedió con Cáceres, que se inconformó contra una gran hidroeléctrica en Honduras. La región es una de las más mortíferas para los activistas. 197 defensores fueron asesinados en 2017, 60% de ellos en la región. 

Este trasfondo es lo que genera dudas al equipo negociador de México. El país norteamericano se convirtió en 2012, junto con Chile, en uno de los primeros promotores de Principio 10. Ambas naciones estuvieron dentro de los diez primeros firmantes. La llegada al poder de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, significó un cambio de postura respecto a las negociaciones que tuvieron su génesis 20 años antes con la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En 2014, la ciudad de Guadalajara fue anfitriona de una de las reuniones preparatorias. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó a poner peros. “Con el cambio de Administración se comenzó a bajar el perfil. México es ahora de los países que más trabas ponen a la negociación”, asegura Olimpia Castillo, de la asociación Comunicación y Educación Ambiental.

Algunos ambientalistas creen que la reforma energética promulgada en diciembre de 2013, que abrió el sector a la inversión privada, es uno de los elementos que hacen que el Gobierno mexicano haya perdido el apetito del Principio 10. “El tratado aumentaría la transparencia, la rendición de cuentas y los espacios de participación. Podría causar que más personas quieran hacer preguntas sobre la toma de decisiones en temas energéticos que han sido fuertemente empujados en este Gobierno. Esa es una de las preocupaciones de México”, asegura Andrea Cerami, coordinador de Derechos Humanos del Centro mexicano de Derecho Ambiental, quien sigue de cerca las negociaciones desde San José.

México registró como confidenciales las observaciones que hizo el Gobierno al texto negociado por los países de la Cepal. El país apostó por la cautela mientras otras naciones hicieron públicas sus propuestas de modificaciones al texto del acuerdo. “Pedimos la información por la ley de transparencia en 2015 y la entregaron en noviembre de 2017”, afirma Castillo. Fundar, un centro de análisis e investigación, logró obtener el documento de observaciones y enmiendas, de 166 páginas. México detectó varios problemas en el texto de trabajo. Entre ellos la “participación pública abierta a cualquier persona independientemente de su nacionalidad”, la carencia de “mecanismos para que el público influya en la toma de decisiones sobre proyectos específicos” y que la legislación mexicana “no contempla disposiciones para regular la participación ciudadana”, entre otros.

Los funcionarios mexicanos concluyen que el entramado legal nacional está más avanzado que el de vecinos de la región en materias como acceso a la información. También exigen nutrir el fortalecimiento de capacidades de los firmantes, ya que el texto de la Cepal solo dedica tres párrafos a la cooperación regional.

Los negociadores mexicanos, Diego Simancas, representante de la cancillería, y Jorge Legorreta, de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), confían en el robusto marco legal mexicano en materia medioambiental. Por ello han defendido una posición que pretende adoptar el texto sin que este sea vinculante para el Estado mexicano, es decir, que tengan obligación jurídica. “México ha expresado en todas las sesiones que no estaba convencido en un tratado vinculante. Proponía a los países adoptar un plan de acción que diera espacio para que los países tomen acciones”, afirma Cerami.

Los ambientalistas, sin embargo, presionan para que México adopte un texto vinculante. Costa Rica, Chile y Perú están entre las naciones que esperan un ambicioso instrumento de obligaciones jurídicas. Otros países, como Brasil y Colombia, han virado de posición. Inicialmente no habían fijado una postura clara, pero han comenzado a definirse. Cerami cree que México ha mostrado una posición más flexible en las últimas horas. Este domingo se verá si la nación se suma al esfuerzo regional o toma una decisión que lo aísla.