Se multiplican las ejecuciones en Egipto tras juicios sin garantías
Durante los dos últimos meses, 28 personas han sido ahorcadas, y más de 30 se hallan en el corredor de la muerte
A pesar de su durísima historia, Ibrahim Jalil habla con una gran entereza de su hijo Lotfi: “Ni tan siquiera pude despedirme de él. No nos avisaron de la fecha que lo iban a ejecutar, aunque así lo estipula la ley. En Egipto, no hay ley”. El derecho a una última visita familiar fue el postrero de una larga lista de abusos que se inició con la detención arbitraria del muchacho y que culminó con su ejecución en la horca el pasado 2 de enero. El recurso a la pena capital se ha acentuado en Egipto después del golpe de Estado de 2013, y sobre todo a partir de finales de diciembre. Según denuncian las organizaciones de derechos humanos, buena parte de los reos acusados de haber cometido atentados terroristas han sido sentenciados en procesos sin garantías.
“Lotfi Jalil y los otros tres chicos ajusticiados por el atentado del estadio de Kafer Sheij fueron víctimas de desapariciones forzadas, durante las que fueron torturados brutalmente para extraerles una confesión, principal base de su condena”, afirma en una conversación telefónica Osama Bayumi, uno de los abogados que los defendió en el juicio militar. En concreto, Jalil pasó un calvario de 76 días en una cárcel secreta, con sesiones habituales de descargas eléctricas incluidas, según ha corroborado Amnistía Internacional. A pesar de que lo denunció ante el tribunal, no se abrió ninguna investigación.
“La pena capital ya existía en Egipto durante la era Mubarak, pero apenas se aplicaba. En cambio, después de 2013, se han multiplicado tanto las condenas como las ejecuciones”, asevera Mohamed Ahmad, un investigador de Amnistía especializado en este asunto. De acuerdo con sus estimaciones, desde el golpe de Estado liderado por el mariscal Abdelfatá al Sisi, se han dictado 1.400 penas de muerte en el país árabe, de las que se han aplicado más de 125. Las dos últimas ejecuciones tuvieron lugar el pasado jueves, después de que el Tribunal Militar Supremo rechazara una última apelación
Solo en los últimos tres meses, la cifra asciende a 28, todos excepto cuatro por casos de violencia política. Este súbito incremento se inició después de que Al Sisi prometiera “fuerza bruta” como respuesta al atentado del pasado diciembre en una mezquita sufí del Sinaí, en el que murieron más de 300 personas.
Jalil, un estudiante universitario de 21 años, fue condenado junto a otros seis muchachos -tres de ellos in absentia- a la pena capital en febrero de 2016, una sentencia ratificada por la Corte Militar Suprema en junio del año pasado. Se les imputaba un atentado con una bomba en 2015 contra un grupo de cadetes de una academia militar en la provincia de Kafer Sheij, que se saldó con siete muertos y tres heridos.
De acuerdo con sus abogados, aún tenían derecho a una última apelación, que fue vetada por la Fiscalía. Y ello a pesar de que atesoraban nuevas pruebas que sugerían su inocencia. “En otro juicio, uno de los acusados dijo conocer a los responsables del ataque frente al estadio de Kafer Sheij”, sostiene Bayumi. “A Lotfi lo detuvieron el día después del atentado. Era inocente. No tengo duda, porque ni se interesaba por la política. Creo que lo arrestaron solo porque lo vincularon con su primo, que estaba arrestado”, apunta su padre.
Preocupación en la ONU
El aumento de las ejecuciones en Egipto ha hecho sonar las alarmas de diversas instituciones internacionales, además de las ONG de derechos humanos. “Estamos particularmente preocupados por un aparente y reiterado patrón de penas de muerte dictadas sobre la base de evidencias obtenidas a través de la tortura o los malos tratos, a menudo durante un periodo de desaparición forzada”, reza un reciente comunicado del Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos. El Parlamento Europeo ha instado a las autoridades egipcias a aplicar una moratoria a las ejecuciones para “garantizar que los estándares de un juicio justo son respetados”.
Egipto saltó a los titulares de la prensa internacional en 2014 después de la condena de centenares de personas en dos macroprocesos exprés, resueltos en un par de sesiones. No obstante, la mayoría de los acusados vieron sus penas conmutadas o fueron finalmente absueltos. “Históricamente, la corte de casación egipcia ha actuado de forma más garantista, anulando muchas condenas u ordenando repetir los juicios. Pero tras una enmienda aprobada este año, se ha reducido el número de filtros previos a las condenas firmes”, explica Ahmad, preocupado por un previsible aumento de las sentencias.
En 2017, de los 110 veredictos que revisaron las cortes de casación, solo 53 fueron revocados. De los 57 restantes, 22 habían sido dictados por tribunales militares y 35 por civiles. “Los juicios militares a civiles, como el de Lotfi, son injustos por definición, y no deberían estar permitidos. Ni los jueces ni los fiscales cuentan con la formación adecuada”, señala Ahmad. Actualmente, más de 30 reos se hallan en el corredor de la muerte por casos de violencia política, y la cifra supera el centenar en los casos de crímenes comunes. Todos ellos podrían ser ajusticiados en cualquier momento. El mes pasado, 13 organizaciones de derechos humanos egipcias firmaron un comunicado conjunto pidiendo una moratoria a la aplicación de la puede de muerte, previa a su futura abolición, y criticaron la falta de garantías de los juicios.
