El pacto pesquero entre la UE y Marruecos, en vilo por la discriminación del Sáhara
El abogado general cree que el pacto "no es válido" porque no respeta el derecho del Sáhara Occidental a la libre determinación y explotación de sus recursos
El abogado general de la UE afirma que el acuerdo pesquero Unión Europea-Marruecos no es válido por aplicarse también al Sáhara Occidental y sus aguas adyacentes. En las conclusiones publicadas este miércoles, el letrado Melchior Wathelet ve un doble incumplimiento en el texto firmado por ambas potencias: no respeta el derecho del Sáhara Occidental a la libre determinación —derecho que el Gobierno marroquí niega—, y no garantiza que la explotación de sus recursos naturales vaya a aportar beneficios al pueblo saharaui. "La Unión ha faltado a su obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la vulneración por parte de Marruecos del derecho a la libre determinación del pueblo mencionado", ha reprochado con dureza Wathelet.
La opinión del abogado de la UE, de largo alcance político por sus eventuales implicaciones diplomáticas, no supone una decisión definitiva. El destino final del tratado queda pendiente de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, pero su dictamen suele coincidir con las conclusiones del letrado en una amplia mayoría de ocasiones (alrededor del 80%). El acuerdo pesquero, en vigor desde 2007 y renovado desde entonces en dos ocasiones, puede por tanto verse afectado si la justicia europea sigue sus recomendaciones. Y su anulación o modificación tendría consecuencias para los barcos que faenan en dichas aguas, entre ellos pesqueros españoles.
El proceso judicial se puso en marcha tras la denuncia de la organización Western Sahara Campaign, con sede en Reino Unido, que llevó el acuerdo a los tribunales británicos por considerar inválida su aplicación al territorio saharahui. El abogado comunitario comparte ese diagnóstico: "El acuerdo de pesca y los demás actos impugnados no respetan ni el principio de soberanía permanente sobre recursos naturales, ni las normas de Derecho internacional comunitario (...) de explotación de los recursos naturales de los territorios ocupados, ni la obligación de no reconocer una situación ilegal", afirma en sus conclusiones.
El letrado cree que no se han concretado las garantías suficientes para evitar que Marruecos sea el único beneficiario del acuerdo, con los habitantes del Sáhara ajenos a esas jugosas contrapartidas financieras pese a que una amplia mayoría de caladeros se encuentran en su territorio. Lo ilustra con una cifra: en torno al 91,5% del total de capturas fijadas por el pacto se producen en aguas adyacentes al Sáhara Occidental, por lo que para Wathelet, deberían ser los propios saharauis los que recogieran casi en exclusiva la rentabilidad económica que cada año percibe Marruecos por otorgar a buques europeos licencias de pesca.
Los acuerdos entre la UE y Marruecos han tenido que superar en los últimos tiempos trabas judiciales similares. Hace un año, el Tribunal de Justicia de la UE validó el pacto comercial sellado entre Bruselas y Rabat, pero determinó que el Sáhara debía quedar fuera del mismo, lo que impide legalmente a Marruecos exportar productos de la zona en conflicto. La máxima autoridad judicial europea sentenció entonces que la expresión "territorio del Reino de Marruecos" que aparecía en el texto no incluía al Sáhara Occidental.
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