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Los fondos de inversión presionan a las empresas que más CO<sub>2</sub> emiten

Los inversores reclaman a un centenar de multinacionales que reduzcan sus gases de efecto invernadero

Manuel Planelles

La presión para luchar contra el cambio climático también llega desde los fondos de inversión. Durante la cita organizada por Francia este martes para conmemorar los dos años del Acuerdo de París un grupo de 225 fondos —que gestionan activos por valor de más de 22,4 billones de euros— lanzó una iniciativa para presionar a las que consideran las 100 compañías internacionales que más emisiones de gases de efecto invernadero expulsan. Entre los impulsores destaca el fondo de pensiones de los trabajadores públicos de California —el mayor de este tipo de EE UU—, que ya ha retirado sus inversiones de las centrales de carbón.

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Defensores del medioambiente ante el monumento del Panteón en París este martes.Michel Euler (AP)
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Los impulsores de esta iniciativa —denominada Climate Action 100+— han elaborado un listado con un centenar de compañías a las que consideran las más emisoras de gases de efecto invernadero del planeta. Tienen en cuenta sus emisiones directas e indirectas y las que están asociadas a los productos que elaboran. Hay por supuesto grandes petroleras —como ExxonMobil, BP, Imperial Oil, Gazprom, Shell o Total—. También, empresas eléctricas —como ENEL o General Electric Company— y fabricantes de automóviles —como Fiat, General Motors, Ford, Nissan o Volkswagen— o de aeronaves —como Airbus y Boeing—. Pero también se incluyen gigantes de otros sectores como Nestlé, Panasonic o PepsiCo. En el listado de ese centenar de compañías figuran las españolas Repsol y Gas Natural.

El sector energético e industrial es el responsable de más del 85% de las emisiones generadas por el ser humano de CO2, el principal gas de efecto invernadero.

A este centenar de multinacionales los fondos de inversión que presentaron este martes la iniciativa les piden que tomen medidas para reducir los gases de efecto invernadero que generan y que esos planes sean coherentes con el objetivo del Acuerdo de París de limitar a final de este siglo el aumento de la temperatura media mundial a dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales.

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También exigen que mejoren la información que ofrecen a sus inversores sobre cómo puede afectar a sus planes de negocio el cambio climático. Esta última reclamación ya la están llevando los accionistas a cada una de las empresas. Por ejemplo, los de ExxonMobil votaron mayoritariamente en mayo a favor de que la compañía informara sobre las implicaciones del cambio climático y las políticas contra el calentamiento para su negocio. Y este martes AFP informó de que el gigante petrolero finalmente evaluará estos riesgos tal y como le habían exigido sus inversores.

Entre los impulsores de la iniciativa presentada el martes destacan el banco HSBC o el fondo de pensiones de los trabajadores públicos de California (CalPERS), el mayor de este tipo de todo EE UU. Este último caso es paradigmático de un movimiento silencioso que se está produciendo en el mundo financiero. En 2015 California aprobó una ley para que este fondo de pensiones dejara de invertir en las centrales térmicas de carbón por su impacto en el cambio climático. Este año CalPERS ha concluido ese proceso de desinversión y se ha desvinculado del carbón a pesar de las proclamas de Donald Trump a favor de este combustible fósil.

A la iniciativa de los fondos de inversión se le unieron este martes anuncios concretos de desinversión, como los de la aseguradora AXA o el banco ING. Ambas entidades dijeron que retirarán su dinero de las empresas que se dediquen mayoritariamente al negocio del carbón. Paralelamente, estas empresas anunciaron su intención de aumentar sus inversiones en energías renovables, que no emiten gases de efecto invernadero.

El agujero de EE UU en la financiación

La reunión de París sirvió para mostrar el apoyo del sector privado a la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué ocurre con el sector público? El Acuerdo de París incluye el compromiso de que, a partir de 2020, se movilicen 100.000 millones de dólares al año para financiar la lucha contra el calentamiento. En esa cifra se incluyen medidas para que los países más pobres se puedan adaptar a los efectos del cambio climático y de reducción de gases de efecto invernadero. Entre los países menos desarrollados existe el temor de que la retirada de EE UU del acuerdo pueda afectar a ese compromiso.

La última gran evaluación de la financiación climática fue la proyección realizada por la OCDE en 2016. El organismo internacional señalaba que para 2020 se esperaba que los fondos públicos contra el cambio climático estuvieran en los 67.000 millones de dólares. El resto, hasta llegar a los 100.000, se esperaba que llegara desde el sector privado. Pero, según reconocen fuentes de la OCDE, esa evaluación se hizo antes del anuncio de la retirada de EE UU del pacto. La OCDE no cuantifica el impacto de esa salida y, de momento, la ONU no le ha solicitado que realice una nueva evaluación. Durante la última Cumbre del Clima, el comisario europeo Miguel Arias Cañete cifró en 2.300 millones de dólares el montante que EE UU dejará de aportar solo a uno de los instrumentos de financiación climática, el Fondo Verde.

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Sobre la firma

Manuel Planelles
Periodista especializado en información sobre cambio climático, medio ambiente y energía. Ha cubierto las negociaciones climáticas más importantes de los últimos años. Antes trabajó en la redacción de Andalucía de EL PAÍS y ejerció como corresponsal en Córdoba. Ha colaborado en otros medios como la Cadena Ser y 20 minutos.

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