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“Colombia sigue siendo un país difícil para ser negro”

Este año, la Fiscalía ha recibido más de cien denuncias por actos discriminatorios

Sally Palomino
Juan Carabalí, politólogo de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
Juan Carabalí, politólogo de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.S.P.

En septiembre de 1954 Gabriel García Márquez escribía sobre el Chocó, en el Pacífico colombiano. Describía sus polvorientas casas de madera y techos de zinc. Hablaba de sus retorcidas calles empedradas, hacía una radiografía de un pueblo que se manifestaba pacíficamente para reclamar atención estatal. Han pasado 63 años y el retrato es el mismo. Chocó es la región más pobre de Colombia y sus necesidades siguen siendo básicas. “Las zonas con población negra tienen las peores condiciones de vida. ¿Estamos condenados a la pobreza y el abandono solo por el color de nuestra piel?”, reflexiona Juan Carabalí, politólogo y una de las voces de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA).

Carabalí dice que basta con mirar el mapa del país para darse cuenta de la exclusión. Los diez municipios más pobres están poblados mayoritariamente por negros. Hay lugares como Río Quito (Chocó) donde la miseria alcanza el 98%. “Hay pocas oportunidades y la participación en política es escasa”, reclama. Según el último censo oficial (2005), la población negra llega al 10,6% (más de cuatro millones de personas), pero su visibilidad en cargos públicos apenas roza el 1%. Solo dos ministros en Colombia han pertenecido a esta población. Paula Moreno en el despacho de cultura de 2007 a 2010 y Luis Alberto Murillo, el actual ministro de ambiente. Dos nombramientos empujados por las organizaciones negras del país con el apoyo de la bancada de congresistas afro de Estados Unidos, que en los últimos años, de forma discreta, ha ayudado a impulsar la inclusión de algunos temas étnicos en Colombia. “Gracias a la articulación que hemos tenido con ellos se han dado avances, pero no ha sido suficiente. Colombia sigue siendo un país difícil para ser negro”. Menciona la Ley Antidiscriminación que establece sanciones penales y multas para quienes promuevan cualquier acto de segregación (por raza, nacionalidad, orientación sexual, religión), pero asegura que se trata de una medida poco efectiva si lo que se quiere es reconocer a la población negra.

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En la última semana, Vanessa Mendoza, aspirante a ocupar un lugar en el Congreso, denunció racismo. Aseguró que es víctima de discriminación porque a pesar de que existe una orden del ente electoral para que se posesione, desde el parlamento se lo han negado. Dice que la situación es una muestra de exclusión.

A la Fiscalía han llegado en menos de dos años 460 denuncias por actos discriminatorios. No se sabe cuántas correspondían a racismo y en cuántos casos ha habido condena. El Consejo Superior de la Judicatura, la instancia que debería tener la cifra, asegura que no hay un registro. Solo se ha conocido una sentencia contra un Concejal que llamó a las negritudes “el cáncer del gobierno nacional y mundial”. Aunque estuvo a punto de pagar penalmente por lo que dijo, un tribunal lo absolvió bajo el argumento de que sus palabras habían sido sacadas de contexto. La justicia se queda muchas veces en el papel.

“Vemos con escándalo lo que está pasando en Estados Unidos con el racismo, pero no nos miramos a nosotros mismos. En Colombia pocas veces te insultan en la cara, pero la cotidianidad de alguien negro en este país es dura”, asegura Carabalí. Cuenta que le han negado la entrada a un bar por su color de piel y confiesa que jamás ve un partido de fútbol en un lugar público. “En todos los insultos a los jugadores incluyen la palabra ‘negro’. Sufrimos racismo estructural, que se naturaliza en la cotidianidad”, dice.

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Paola Osorio Colorado, de 31 años, habla de lo difícil de ser mujer y negra en Bogotá. “Sigue pareciendo extraña nuestra presencia acá. Nos miran, nos acosan. Existen muchos estereotipos sexuales sobre la mujer negra y es difícil cargar con eso”, cuenta. Es abogada y publicista y tuvo que salir de su pueblo en el Valle porque no encontró trabajo. La falta de oportunidades y la violencia en las regiones empuja a cientos de afros al centro del país. De los miles de desplazados que hay en Colombia, al menos 500.000 están en Bogotá y un importante porcentaje es comunidad negra. La guerra en regiones como el Chocó no se fue con el proceso de paz con las FARC. Otros grupos armados se pasean y mandan por la zona. Tanto que la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA tuvo que pedir como medida de urgencia el cese las acciones violentas.

El selvático departamento ha tenido que cargar con la pobreza y el olvido, pero además es una de las zonas donde más se ha recrudecido el conflicto armado tras el desarme de las FARC. Allí continúan operando el Ejército de Liberación (ELN), así como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la mayor banda criminal de origen paramilitar.

Con el calendario de las elecciones electorales encima, la población afro sabe que los van a utilizar como bandera electoral. “No tendremos una representación política real hasta que nos convirtamos en un movimiento fuerte, mientras tanto las dos curules que por ley nos pertenecen estarán en manos de partidos tradicionales con otros intereses”, dice el politólogo Carabalí. En Colombia hay más de 250 organizaciones de negritudes trabajando para que los reconozcan. “El racismo tiene a millones de colombianos en la miseria”, concluye.

El lamento chocoano, una canción de la que hablaba Gabriel García Márquez en sus textos sobre esta región, suena todavía. El Nobel decía que esos hombres negros que veía haciendo resistencia en 1954 parecían capaces de cantar ese himno hasta el fin de los tiempos. Han pasado más de 60 años y lo siguen haciendo frente a un país que parece no escucharlos.

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Sobre la firma

Sally Palomino
Redactora de EL PAÍS América desde Bogotá. Ha sido reportera de la revista 'Semana' en su formato digital y editora web del diario 'El Tiempo'. Su trabajo periodístico se ha concentrado en temas sobre violencia de género, conflicto armado y derechos humanos.

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