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Colombia se propone sustituir 50.000 hectáreas de coca este año como parte del proceso de paz

El Gobierno de Santos lanza un plan que quiere llegar a 100.000 familias en 13 departamentos

Francesco Manetto
Juan Manuel Santos ayuda a plantar una mata de plátano, ayer en Uribe
Juan Manuel Santos ayuda a plantar una mata de plátano, ayer en UribeEfraín Herrera (EFE)

El camino a la convivencia en Colombia no tiene que ver solamente con el desarrollo de los acuerdos con las FARC. Además de la guerrilla, el país ha vivido en las últimas décadas bajo otra espada de Damocles. El cultivo masivo de la hoja de coca lo convirtió el primer exportador de cocaína en el mundo y determinó el día a día de decenas de miles de familias, creando un ecosistema perverso en manos de mafias y bandas criminales. La paz pasa también por el fin de los cultivos ilegales y esta parte del proceso, fundamental para la renovación del campo, tuvo este jueves un impulso que busca ser decisivo. El Gobierno de Juan Manuel Santos inició un plan de sustitución voluntaria de estas plantaciones que se propone acabar en un año con 50.000 hectáreas, alrededor de la mitad del total, según las estimaciones más recientes de Naciones Unidas.

El programa comenzó con una fotografía en el corazón de una zona golpeada por el conflicto armado y el narcotráfico. El presidente colombiano, acompañado de unos campesinos de la vereda La Primavera- una aldea que pertenece al municipio de Uribe en el departamento del Meta, en el centro del país-, arrancó una mata de coca para sustituirla con otra de plátano. El mandatario calificó el significado de ese gesto de “hecho histórico”. “El mundo lleva cuarenta años luchando contra las drogas, una guerra que no se ha ganado porque a los campesinos no les hemos dado la alternativa que los sostenga y que los estimule a hacer este cambio”, razonó.

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Los retos del Estado, que quiere llegar a unas 100.000 familias en 13 departamentos, son ahora dos. Ambos centraban ayer las inquietudes de la comunidad. Esto es, la continuidad de las ayudas económicas y la seguridad. El Ejecutivo se ha comprometido a entregar durante un año a los campesinos cocaleros un millón de pesos al mes (algo más de 300 euros). También contempla ayudas de 1,8 millones de pesos para proyectos de seguridad alimentaria y de 9 millones para iniciativas de piscicultura y avicultura. A partir del segundo año, además de respaldo técnico y de líneas de crédito especiales, la Administración promete nuevas inversiones de hasta de 10 millones.

Los incentivos tienen el objetivo de alentar el abandono de los cultivos ilícitos en medio de un mercado con unas leyes preestablecidas. “El plátano y la yuca valen 4.000. Una bolsa de plátano aquí lleva dos arrobas [aproximadamente 25 kilos]. Si nosotros raspamos una arroba de hoja nos pagan 6.000, 7.000 pesos, una arroba de hoja yo me la raspo en, póngale, 25 minutos. Entonces en un día puedo raspar 15 arrobas de hoja”, dice Carlos Caselles. Con todo, no muestra titubeos con respecto al futuro: “Estamos convencidos de que el Gobierno nos va a cumplir e iremos a hacer lo posible para arrancar todo esto”. Jorge Luis Pérez también está de acuerdo con el programa. “Me parece bien, está bueno”, afirma mientras demanda “ayudas y trabajo”.

El ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, explicó que este plan consta de tres fases: la identificación de las familias interesadas en cambiar sus cultivos; la llamada “socialización” de los objetivos; finalmente, el “compromiso de no reincidencia”. Pero existe una amenaza que puede perturbar el desarrollo de este proceso: la seguridad. Ayer se escuchaban distintas voces reclamando la protección de la comunidad. Así, Santos se dirigió a los responsables de las fuerzas de seguridad y del Ejército para pedirles: “Las bandas criminales que vengan a sabotear o a tratar de amedrentar a un solo campesino o a las comunidades para que este programa no tenga éxito, ustedes los capturan y los judicializamos”.

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El presidente colombiano estuvo acompañado del director de sustitución de cultivos ilícitos, Eduardo Díaz, y de la directora de la Agencia de Renovación del Territorio, Mariana Escobar. Pero ayer viajó al Meta también el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, justo una semana antes de que Santos se reúna con Donald Trump. “La sustitución voluntaria, con la oportunidad de una vida digna, lícita para los del campo es esencial”, consideró. “Es obvio que hay preocupación y la justa manera de dar respuesta es un plan”.

Para demostrar que ese plan puede ser exitoso, la caravana presidencial se desplazó por la tarde al puerto de Santa Marta, en el Caribe, para asistir al envío de un cargamento de café cultivado en tierras restituidas a víctimas del conflicto. “Un ejemplo”, en opinión del mandatario, “de que sí se pueden hacer las cosas”.

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Sobre la firma

Francesco Manetto
Es editor de EL PAÍS América. Empezó a trabajar en EL PAÍS en 2006 tras cursar el Máster de Periodismo del diario. En Madrid se ha ocupado principalmente de información política y, como corresponsal en la Región Andina, se ha centrado en el posconflicto colombiano y en la crisis venezolana.

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