Pekín ya no es ciudad para inmigrantes
El plan de descongestión de la capital pasa por reducir su número de trabajadores menos cualificados
Heiqiaocun es uno de esos barrios que Pekín preferiría creer que no existen. Lo que hace apenas 20 años era un mero campo de cultivo muy alejado del centro de la capital se ha convertido, gracias a la reciente prosperidad económica china, en una aldea urbana abigarrada, polvorienta, levantada con poco orden o concierto y donde todos provienen de otras partes. Tres de cada cuatro de sus cerca de 100.000 habitantes son inmigrantes de otras provincias chinas. Aunque esa tendencia puede cambiar en el futuro, si el gobierno municipal de Pekín cumple a rajatabla sus planes.
El año pasado comenzaron las demoliciones en los barrios de alrededor. “Muchos granjeros edificaron en sus tierras de cultivo y alquilaron a los que llegaban de fuera, sin tener los permisos que hacían falta. Ahora les han empezado a llegar órdenes de derribo”, explica, entre calada y calada de cigarrillo, Hu Xiurong, de 66 años. Hu, antigua agricultora y actual casera, ha empezado a detectar una caída en el número de inmigrantes, aunque aún no en aquella zona. "Los que tienen que irse de los otros barrios están viniendo a esta”, dice.
Una de sus inquilinas, Qi Xiaoli, de 38 años, asiente en la modesta tienda de comestibles que regenta desde hace tres años. “Este último año se han marchado cuatro familias que conocía”, explica, entre cajas de fideos instantáneos, paquetes de tabaco y bolsas de verduras en salmuera. La población inmigrante representa el 38% de los habitantes de Pekín y suma buena parte de la mano de obra poco cualificada de la capital. El gobierno municipal quiere reducir en medio millón la población de los suburbios donde se concentran.
Desde 2014, el ayuntamiento ha puesto en marcha un ambicioso plan de urbanismo que busca mejorar la calidad de vida de la capital, optimizar sus recursos y, sobre todo, descongestionar una megalópolis desmesurada. Los 21,7 millones de habitantes de Pekín colapsan diariamente el tráfico con 5 millones de vehículos, consumen a un ritmo alarmante las reservas de agua y saturan los sistemas de educación, sanidad e incluso de desagüe. La meta del ayuntamiento es limitar la población a un máximo de 23 millones de habitantes a partir de 2020.
Entre los planes más conocidos figura, por ejemplo, el traslado de las oficinas del gobierno municipal a Tongzhou, una ciudad dormitorio a una hora de Pekín: una medida que afectará a un millón de personas, funcionarios y sus familias. Las universidades han sido alentadas a construir campus fuera del casco urbano. El ayuntamiento está también cerrando, o desplazando a otras ciudades, buena parte de sus mercados al detalle o al por mayor.
En el centro de la ciudad han desaparecido de la noche a la mañana tiendas y restaurantes, algunos muy populares, con el argumento de que se habían construido de manera ilegal. Los pequeños comercios que se encontraban en los bajos de los edificios han sido tapiados. Pero la campaña promete extenderse aún más. El alcalde Cai Qi, una figura en ascenso dentro del Partido Comunista, ha anunciado la semana pasada que los planes recibirán un impulso aún mayor este año para trasladar fuera de Pekín las funciones “no esenciales” de la capital, con el fin de hacerla “más ágil y eficiente”.
Las fábricas y empresas “prescindibles” serán arrancadas “como las hojas de una col” del tejido urbano para ser llevadas a otras ciudades. El ayuntamiento prevé cerrar este año 500 factorías y derrumbar 40 millones de metros cuadrados de “edificaciones ilegales”. En cambio, en sintonía con los objetivos del gobierno central, se alentará el desarrollo de start-up tecnológicas y de sectores de alto valor añadido.
Entre las “edificaciones ilegales” figuran también las guarderías sin licencia creadas para atender a los hijos de los trabajadores que llegaban de fuera. Desde 2015 han cerrado centenares de escuelas sin profesores cualificados en las que estudiaban estos niños. Al menos cuatro han cerrado sus puertas también en Heiqiaocun, cuenta Qi. “Cobraban unos 500 yuan (unos 80 euros) al mes por niño. Ahora la que queda pide mil yuanes (unos 160 euros): mucho dinero para un inmigrante”, añade.
El cierre de guarderías y colegios de primaria representa un revés especialmente duro para los inmigrantes, que al carecer de hukou —el certificado de residencia local— carecen de acceso a servicios públicos como la educación o la sanidad. Sus hijos pueden estudiar primaria en Pekín, pero si quieren continuar deben regresar a donde nacieron sus padres. Ante este panorama, y los altos precios de la capital, muchos inmigrantes han empezado ya a abandonar la ciudad. Según datos de la revista Caixin, en los nueve primeros meses de 2016 la población de los seis distritos centrales había caído en 96.000 personas.
“Yo no voy a irme mientras mi hijo [de 6 años, ndr] curse la primaria. Mi marido trabaja aquí y no quiero separar a la familia. Después, tengo muy claro que sí. En Pekín el niño no podría seguir estudiando. Y para nosotros lo más importante es que él reciba una educación”, explica Qi.
Un sistema de puntos
Si Pekín fomenta que los inmigrantes más pobres se vayan, también intenta atraer a los de mayor formación. Desde el pasado mes de enero ha entrado en vigor un sistema de puntos para conceder el permiso de residencia. El sistema prima a las personas con estudios superiores y propiedades, y excluye a quienes no están ya en edad de trabajar.
Para acceder a los servicios públicos es imprescindible contar con un certificado de residencia y haber pagado las contribuciones a la seguridad social durante al menos siete años consecutivos. Además, es obligatorio carecer de antecedentes penales.
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