“No vamos a expulsar a gente de Reino Unido”, asegura el ministro del ‘Brexit’

El Gobierno británico ha reiterado que garantizar los derechos de los cerca de tres millones de ciudadanos de otros países europeos residentes en suelo británico será una prioridad en sus negociaciones de salida de la Unión Europea. Si no lo ha hecho aún, asegura, es porque un acuerdo de reciprocidad con los otros 27 Estados miembros aún no ha sido posible. Así se recoge en el libro blanco que desarrolla su estrategia de cara al Brexit y que el Gobierno, cediendo a las exigencias de transparencia de los diputados, ha presentado este jueves en el Parlamento.

El documento –que es más una lista de objetivos que una estrategia- se ciñe básicamente a las 12 prioridades marcadas por Theresa May en su discurso del pasado 17 de enero. Su publicación es una concesión a los diputados, de uno y otro lado de la cámara, que han protestado reiteradamente por el secretismo que ha venido rodeando a los preparativos para la salida de la UE. Al presentar el texto en la cámara, el ministro del Brexit, David Davis, prometió construir un “consenso nacional” sobre cómo debe el país abandonar la UE.

Con 77 páginas, se trata de un texto sensiblemente más extenso que las 137 palabras que contenía el proyecto de ley aprobado el miércoles por una amplia mayoría (498 votos a favor, 114 en contra) en la Cámara de los Comunes. Dicha votación no fue el veredicto final del Parlamento -que aún debe continuar la tramitación en la cámara baja y, después, en la de los lores- pero la contundencia de la victoria prácticamente garantiza a May que el escrutinio parlamentario al que le obligó el Tribunal Supremo no entorpecerá su camino de salida de la UE.

El libro blanco no llega a garantizar los derechos de los cerca de tres millones de ciudadanos de otros países de la UE residentes en Reino Unido. Un asunto que, como ya avanzó la primera ministra, el Gobierno británico quiere que forme parte de un acuerdo temprano que garantice la reciprocidad. El documento dice que proporcionar seguridad a los nacionales europeos en Reino Unido es una prioridad, como también los es garantizar la asistencia sanitaria a los británicos en los países de la UE. “Al Gobierno le habría gustado resolver este tema antes de que empiecen las negociaciones formales. Y aunque muchos de los Estados miembros están a favor de un acuerdo, este no ha sido posible”, añade el texto.

Numerosos diputados, de uno y otro signo, presionan al Gobierno para que resuelva esta situación cuanto antes, y algunos expresaron este jueves su malestar por el hecho de que el documento presentado en la cámara no haya ido un poco más lejos. El portavoz laborista del Brexit, Keir Starner, insistió en la exigencia de su partido de que el Gobierno garantice unilateralmente los derechos de los migrantes europeos que viven en suelo británico. En su respuesta, el ministro David Davis aseguró que se trata solo de una cuestión de tiempo. “No vamos a expulsar a gente de Reino Unido” como resultado del acuerdo del Brexit, dijo, “y sugerir lo contrario es indignante”.

El documento confirma, como ya expresó May en su discurso, que Reino Unido pretende abandonar el mercado único y la unión aduanera. Y reitera los planes de alcanzar un acuerdo comercial “ambicioso” con la UE, que incluya el “comercio lo más libre posible en los servicios financieros”.

El Gobierno reitera que cualquier acuerdo que se alcance con la UE supondrá el fin de la jurisdicción en suelo británico del Tribunal de Justicia Europeo. Y reconoce que, entre las cuestiones aún por decidir, se encuentra el mecanismo de resolución de disputas que sustituya la corte con sede en Luxemburgo.