Los diputados analizan una ley que regula la actuación del Ejército mexicano en tareas de seguridad

La Cámara de Diputados analiza una iniciativa que buscar reglamentar las tareas de las Fuerzas Armadas en México en materia de seguridad interior. Desde que el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico a finales de 2006 y sacó a los militares a las calles a combatir al crimen, sus tareas no han estado reguladas por un marco legal. El despliegue del Ejército ha sido seriamente cuestionado por casos como el de Tlatlaya o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde los soldados observaron los ataques a los jóvenes, pero se mantuvieron pasivos. Los organismos internacionales han denunciado como práctica ordinaria las torturas y los abusos. La propuesta legislativa que se presentó el pasado 8 de noviembre plantea la posibilidad de disponer de la totalidad del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para hacer frente a las amenazas a la seguridad Interior, como delincuencia organizada, portación y tráfico ilícito de armas de fuego, terrorismo y hasta corrupción.

La inciativa que se analiza en la Comisión de Gobernación fue presentada por dos diputados del PRI -el partido al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto-  y prevé que las Fuerzas Armadas en coordinación con las instancias de seguridad pública desarrollen actividades de inteligencia con el objeto de brindar apoyo en la toma de decisiones en la materia."Las Fuerzas Armadas en México, por su disciplina, organización y disponibilidad, han sido durante muchos años el principal recurso para enfrentar y contener los distintos desafíos a la seguridad de la nación que en cada momento se han presentado", establece el documento. Sin embargo, su eficacia se ha visto limitada por la falta de un marco normativo adecuado que fortalezca su actuación en materia de seguridad.

La iniciativa propone disponer del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para hacer frente a las amenazas a la seguridad Interior, como delincuencia organizada, portación y tráfico ilícito de armas

Actualmente el Gobierno de Enrique Peña Nieto mantiene en las calles a 50.000 soldados que diariamente se movilizan en el combate al narco. Recientemente el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, reconoció que hay un desgaste en el Ejército después de diez años de haber salido a las calles. “Sí, claro que hay un desgaste, obvio. Estamos trabajando en todo el país, a toda hora, en todo momento, en la sierra, en las ciudades… claro que hay un desgaste’’, aseguró en un evento. El titular de la Sedena se ha pronunciado en varias ocasiones por contar con un marco legal que regule las tareas de los militares en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Según dio a conocer el diario La Jornada, Cienfuegos se ha pronunciado a favor de la inciativa del PRI.

En el Senado también se presentó una iniciativa de ley en la materia. A finales de septiembre, Roberto Gil Zuarth, legislador del conservador Partido Acción Nacional (PAN), propuso dar certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas cuando acudan en apoyo a las autoridades civiles en los ámbitos federal y local. "Mientras no se logre resolver de fondo el problema de la violencia y de la incursión del crimen organizado, vamos a recurrir a las Fuerzas Armadas para pacificar a México", manifestó durante la presentación del proyecto. Para ello se debe regular los procedimientos, acciones e intervenciones en materia de seguridad interior, apuntó.

La iniciativa de Acción Nacional propone la intervención de comunicaciones privadas, la extracción de información, la geolocalización y la entrega de datos conservados en sistemas informáticos, como técnicas especiales de investigación en materia de seguridad interior. Estas actividades podrá llevarlas a cabo el órgano de inteligencia mexicano (CISEN) y estará autorizado para compartir e intercambiar información con otras instancias como el Ejército mexicano, la Secretaría de Marina, Comisión Nacional de Seguridad y Fiscalía General. La propuesta  se turnó a las comisiones de seguridad pública y estudios legislativos para su análisis y dictamen.