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El Tribunal Supremo de Estados Unidos comienza el curso atado al resultado de las elecciones

Clinton y Trump solo están de acuerdo en una cosa: la elección de nuevos jueces definirá el país en las próximas décadas

Pocos temas ponen de acuerdo a republicanos y demócratas en estas elecciones como el Tribunal Supremo. Donald Trump y Hillary Clinton han convertido la rama judicial del gobierno en uno de los temas claves de la campaña y coinciden en que el ganador puede configurar la balanza de la Corte de cara a los próximos 25 años. El nombramiento de los jueces es potestad del mandatario que ocupa la Casa Blanca. Sin embargo, desde la muerte de Antonin Scalia hace siete meses, y dado que su reemplazo ha sido bloqueado por los republicanos, el próximo presidente también tiene la oportunidad de determinar cuál será la ideología mayoritaria dentro de la Corte.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos en Washington.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos en Washington. REUTERS

Una victoria del republicano puede garantizar que el Tribunal mantenga su superioridad conservadora, ya que Trump nombraría a un sustituto alineado con las ideas de Scalia. Pero si Clinton llega a la Casa Blanca, tiene la oportunidad de elegir a un sustituto con un perfil totalmente opuesto. El Supremo tendrá entonces una mayoría de magistrados progresistas por primera vez desde hace casi cincuenta años y se revertirá la tendencia conservadora vigente desde 1971, la última vez en que cinco de los nueve jueces habían sido elegidos por demócratas.

Esa mayoría progresista en la Corte puede consolidar las políticas sociales que en los últimos años han reconocido nuevos derechos a las minorías, así como reforzar el derecho al aborto, limitar la influencia de las grandes fortunas en las campañas electorales, respaldar la regulación de las armas o mejorar las opciones de una futura reforma del sistema migratorio.

El objetivo de impedir este cambio ha llevado al Partido Republicano a obstaculizar por todos los medios la confirmación de Merrick Garland, nominado por Barack Obama para ocupar la vacante que dejó la muerte de Scalia. El presidente podría haber dado un vuelco a la orientación de la Corte, pero los republicanos han apostado todas sus posibilidades de conservar la mayoría conservadora en el Supremo a la victoria de Trump en las elecciones.

“Es la normalización de lo profundamente anormal”, afirma este lunes un editorial de The New York Times sobre el bloqueo en el Supremo y el estado de la política estadounidense en 2016. “Es el colapso de costumbres y comportamientos respetables y la creación de un ambiente tan tóxico y polarizado que los líderes del país tienen dificultades para cumplir con las tareas más básicas de gobierno”.

El encargado de liderar ese bloqueo en los últimos ocho meses ha sido el senador republicano Mitch McConnell, con el argumento de que debe ser el próximo presidente quien decida, no Obama. El mandatario ha criticado duramente la posición republicana, recordando que la Constitución le concede, como mandatario electo, la potestad para elegir a los jueces, aunque sea en año electoral.

Pero los republicanos tienen otra realidad en mente. El jefe de gabinete de McConnell ha declarado que el Supremo “es uno de los pocos lazos que nos unen a todos en el Partido Republicano, una de las pocas cosas que han mantenido unida una coalición republicana que sin embargo parece que se está deshaciendo por Donald Trump”.

La estrategia conlleva un riesgo: si Clinton gana y Garland no es confirmado antes de que ella llegue a la Casa Blanca (el Senado puede votar el nombramiento del juez en el período intermedio), ella podría elegir a otro candidato aún más progresista que el seleccionado por Obama. Los republicanos sufrirían así una doble derrota en este proceso.

El giro progresista se podría consolidar aún más en los años siguientes, porque hay tres jueces cerca de la edad de retirarse: Ruth Bader Ginsburg, con 83, Anthony Kennedy, con 80, y Stephen Breyer, con 78. De ellos tres, Kennedy fue nombrado por un presidente republicano, Ronald Reagan, en 1987. Esa sería la segunda oportunidad de Clinton para sustituir a un juez conservador y entonces seis de los nueve magistrados del Tribunal serían progresistas.

Las consecuencias definirán el futuro de EE UU en las próximas décadas. Los últimos años de sentencias en las que dos jueces conservadores moderados —el presidente de la Corte John Roberts, y Anthony Kennedy— han votado junto a los progresistas dan ejemplo de cómo un puñado de sentencias puede dar forma a un país. Con su voto salieron adelante la reforma sanitaria de Obama que cambió drásticamente el concepto de cobertura médica para millones de estadounidenses, el derecho al matrimonio de las parejas homosexuales, se bloquearon las restricciones al aborto y se impidió el avance de leyes contra los inmigrantes como las de Arizona en 2010.

“Es el tema más importante de estas elecciones. Sin más”, escribe Ari Berman, el autor del libro Give Us The Ballot. Berman se refiere a la influencia de la mayoría conservadora en las últimas décadas ha dejado regulaciones como ‘Citizens United’, el caso que abrió las campañas electorales a la financiación privada y opaca, así como el fin de la provisión de la Ley de Derecho a Voto de 1965 que protegía a las minorías raciales y que fue revocada en 2015. Los dos casos han movilizado a un sector del electorado demócrata que ve en la victoria de Clinton y en su selección de jueces, la posibilidad de revertir dos de sus más importantes derrotas de los últimos años.

La más grave, el bloqueo a la reforma de inmigración de Obama, también podría tener una segunda oportunidad. Las declaraciones xenófobas del candidato republicano han convertido la inmigración en un asunto central de esta campaña desde el día que anunció su apuesta presidencial. Más de un año después, el Supremo dejó vacante la sentencia sobre la reforma aprobada por Obama el pasado verano, por lo que no salió adelante.

Clinton ha prometido ir aún más lejos si llega a la Casa Blanca y la nueva composición del Supremo facilitaría su entrada en vigor. Una corte de mayoría progresista también podría expandir estos avances en casos como el de la igualdad de derechos de las personas transgénero, reforzar el derecho al aborto, limitar la influencia de las grandes fortunas en las campañas electorales o respaldar la regulación de las armas.

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