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China juzga a varios abogados de derechos humanos por “subversión”

Los letrados, especializados en casos sensibles para el régimen, fueron detenidos hace más de un año en medio de una intensa campaña contra el colectivo

China empezó a juzgar esta semana a varios activistas y abogados especializados en casos de defensa de los derechos humanos en el país. Los cuatro que se sientan en el banquillo están acusados de subversión y fueron detenidos de forma repentina en julio del año pasado, cuando las fuerzas de seguridad lanzaron una ofensiva para debilitar al colectivo que se saldó con centenares de personas arrestadas.

El presidente chino Xi Jinping, a finales de julio, en Pekín.

Un tribunal de la ciudad de Tianjin, en el norte del país, sentenció este martes al primero de los acusados, Zhai Yanmin, a tres años de cárcel tras ser declarado culpable de "subvertir el poder del Estado". Zhai no entrará a prisión a no ser que vuelva a cometer ese u otros delitos porque el juez ha suspendido la pena durante los próximos cuatro años.

El cargo atribuido a Zhai puede acarrear hasta la cadena perpetua dependiendo de la gravedad del caso. En esta ocasión la corte dictó una sentencia más leve de lo esperado porque el acusado se declaró culpable y colaboró con la Justicia. Aunque formalmente será puesto en libertad, el activista estará sujeto a una estrecha vigilancia, prácticamente bajo arresto domiciliario. "Zhai recibió una sentencia relativamente baja probablemente porque ha estado bajo mucha presión durante su periodo de detención", asegura Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional.

El tribunal resolvió que Zhai y tres personas más -Hu Shigen, Li Heping y Zhou Shifeng, que también serán juzgados esta semana en el mismo lugar-, "conspiraron y urdieron para subvertir el poder del Estado y establecieron el sistema ideológico, el método y los pasos para lograrlo", según informó la agencia oficial Xinhua. Zhou es el director del bufete de abogados pekinés Fengrui, que ha llevado la defensa de casos sensibles para el régimen como el de las cinco jóvenes feministas arrestadas por su activismo, el del académico uigur Ilham Tohti, el de la defensora de los derechos humanos Cao Shunli o los de varios miembros del grupo religioso Falun Gong. Los medios de comunicación estatales llegaron a calificar a la empresa de "banda delictiva". Poon teme que los otros acusados reciban sentencias más severas.

Este bufete ha quedado prácticamente desmantelado desde la redada policial de julio del año pasado. Las fuerzas de seguridad arrestaron e interrogaron a más de 300 personas del colectivo en todo el país. Algunas fueron liberadas apenas unas horas después, mientras que otras han permanecido detenidas desde entonces sin la posibilidad de ver a sus familiares ni hablar con sus abogados. Aproximadamente una quincena de personas, según cálculos de varias ONG, sigue retenidas sin que haya fecha para su juicio.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado irregularidades durante el juicio de este martes. El abogado elegido por la familia del acusado, Ge Wenxiu, no pudo acceder al juzgado a pesar de contar con los documentos necesarios y su defensa la llevó a cabo un letrado representado por el Gobierno chino. "Temo que no se vayan a respetar los principios legales", señaló Ge a Efe. La mujer de Zhai tampoco pudo ser testigo de la vista. "Nada hace pensar que haya sido un juicio justo", sostiene Poon.

El lunes, una de las abogadas más prominentes del bufete Fengrui, Wang Yu, fue liberada bajo fianza de forma inesperada horas después de que se divulgara una entrevista en la que confesaba sus delitos. "Soy china y solamente acepto el liderazgo del Gobierno chino", aseguraba la letrada en la grabación, durante la cual atribuía a "fuerzas extranjeras" las actividades del bufete en el que trabajó durante años. Los grupos de defensa de derechos humanos sostienen que Wang fue coaccionada a realizar esta confesión televisada, una práctica habitual contra la disidencia.

Según el South China Morning Post, uno de los pocos medios de comunicación no estatales que logró entrar en la sala este martes, Zhai aseguró ante el juez que quería recordar al público "el verdadero significado detrás de las consignas sobre la democracia y los derechos humanos". Una vez anunciada la sentencia, durante una breve entrevista organizada por las autoridades, el activista aseguró que pensaba que sería condenado a diez años de cárcel. "En este caso no habría podido ver de nuevo a mi padre", confesó.

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