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Columna
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Protejamos nuestro espacio digital

Imaginen una gran autopista por donde circula cada día más tráfico. La ruta es rápida y concurrida pero está plagada de bandas de ladrones

A menos que los gobiernos logren alejar los bandidos con más policías y acciones preventivas, los viajeros buscarán otras rutas, más indirectas y más lentas, o simplemente dejarán de viajar.

Esa es la realidad que reina en Internet en gran parte de América Latina y el Caribe, según se desprende de la lectura de nuestro Informe Ciberseguridad 2016 ¿Estamos preparados en América Latina y el Caribe? Traemos el tema a colación porque hoy (17 de mayo) es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y es una ocasión para celebrar que nuestras sociedades están más conectadas y globalizadas que nunca, gracias en gran parte al Internet.

Pero una enorme mayoría de nuestros países están poco preparados para combatir el cibercrimen. La estructura institucional es débil, los recursos humanos calificados escasean, la inversión en infraestructura de protección es insuficiente y los países que cuentan con una política de Ciberseguridad son una minoría. Es hora que los gobiernos empiecen a hacer todo lo necesario para proteger este espacio digital clave para el siglo XXI.

Hay mucho en juego. Según estimaciones de LACNIC, el cibercrimen le cuesta a nuestra región alrededor de 90.000 millones de dólares al año, una suma que, por ejemplo, podríamos utilizar para cuadruplicar el número de investigadores científicos o tomar un paso importante en cerrar la brecha en inversiones en infraestructura.

En el mundo globalizado, la conectividad rápida y segura no es un lujo sino un factor condicionante de la competitividad. La buena noticia es que muchos de nuestros países están haciendo considerables inversiones en ampliar su infraestructura digital y nuestros ciudadanos adoptan estas nuevas tecnologías con rapidez y entusiasmo: ya somos el cuarto mayor mercado móvil del mundo y la mitad de nuestra población usa Internet. Nuestros gobiernos emplean cada vez más medios digitales para comunicarse y servir a los ciudadanos.

El tema es cómo hacerlo sin exponernos a los peligros del crimen cibernético, una amenaza que crece a la par que aumenta nuestra dependencia de esta nueva infraestructura. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, ya hay países en nuestra región que procesan el 100% de sus compras gubernamentales por vía electrónica. Los riesgos sólo se multiplicarán con el advenimiento del “Internet de las cosas”, donde ya no sólo estarán interconectadas nuestras computadoras sino un universo de máquinas y sensores inteligentes, controlando virtualmente todo lo que usamos a diario.

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Los problemas proliferan al mismo ritmo que las oportunidades, desde ataques maliciosos para sembrar el caos en nuestros mercados o en los sistemas de energía y transporte público, hasta la extorsión, donde delincuentes fuerzan a empresas a pagar “rescates” para no vulnerar sus bases de datos o ciudadanos para recuperar el acceso a su información digital. Y esto no es algo que sucede sólo en países ricos.

Aún nos queda mucho por hacer para prevenir y mitigar este tipo de amenazas. Un análisis de 49 indicadores en nuestro informe revela que muchos países de nuestra región son vulnerables a ataques potencialmente devastadores. Cuatro de cada cinco países no tienen estrategias de seguridad cibernética o planes de protección de infraestructura crítica. Una gran mayoría de las fiscalías carece de capacidad para perseguir los delitos cibernéticos.

La lectura de esta rigurosa y sistemática evaluación es una invitación a la reflexión y a la acción a quienes son responsables de la seguridad cibernética en América Latina y el Caribe.

Nuestra región llegó tarde a la Revolución Industrial. No podemos perdernos la oportunidad que nos abre la Revolución Digital. Nuestra futura prosperidad dependerá en gran medida del éxito que tengamos en sacarle el mayor provecho posible a estas nuevas tecnologías. Por ello, la seguridad del espacio cibernético tiene que ser una prioridad para todos.

Luis Alberto Moreno es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; Luis Almagro es secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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