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Un gran desorden bajo las leyes

Las políticas públicas deben garantizar que la democratización lograda no sea flor de un día

En su libro Reivindicación de la política (Madrid, 2010), Javier Solana hacía una calificación precisa sobre la democracia en Rusia después del colapso de la Unión Soviética: faltaban el “imperio de la ley”, una “sociedad regida por leyes” y un buen sistema judicial e instituciones que funcionasen. Solo así podría hablar recién de “democracia”.

Me quedó cascabeleando en la cabeza aquello del “imperio de la ley” para una realidad muy distinta como la democratización latinoamericana. Siendo la historia y la realidad sustancialmente distinta a la de Rusia, de antes y ahora, vale la pregunta: ¿Rige el “imperio de la ley” en Latinoamérica?

La democratización latinoamericana es un proceso real y no cosmético

En un sentido, sí, pues es innegable que se ha avanzado notablemente en democratización. Quedaron atrás las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, con su secuela de miles de desaparecidos o asesinados. Otros derechos, como la libertad de expresión, han tenido una vigencia sin precedentes, sin que dejen de presentarse, por cierto, amenazas. Los Gobiernos, finalmente, ya no surgen de golpes militares sino de elecciones populares legítimas en la abrumadora mayoría de países.

Es evidente que la democratización latinoamericana es un proceso real y no cosmético. No es, pues, algo meramente formal que la gente pueda tener hoy, por ejemplo, más y mejor información, expresarse y organizar con una libertad ausente durante las autocracias y contar con algo crucial: una creciente percepción de derechos propios. Esto último —que es crucial en un desarrollo democrático— lleva a la gente a ser más vigilante frente al manejo de los asuntos públicos. Con ello, la gestión pública de las cosas tiene que ser hoy distinta; pedir cuentas a la autoridad es hoy pan de cada día y es cada vez más baja la tolerancia frente a quien no las rinde.

Por otro lado, la evolución democrática se ha interconectado con desarrollos en lo económico y social. En 10 años el crecimiento económico regional ha sido del orden del 80%, la pobreza ha disminuido en 30% y la clase media creció en 30%. Nada de esto es indiferente a la dinámica social y política pues tiene repercusión no sólo en los derechos sociales y nivel de vida, sino también un efecto directo en el “empoderamiento” de la gente y en la autopercepción de derechos.

Siendo esto así, la realidad es de claroscuros. Simultáneamente a esos progresos, varias cosas importantes marchan en un sentido opuesto al “imperio de la ley” del que habla Solana. Algo no funciona y eso plantea urgencias bastante claras. No me refiero, con esto, a la larga lista de “pendientes” de dramas sociales y atolladeros institucionales evidentes que no se resuelven de la noche a la mañana: distribución del ingreso, pobreza, calidad educativa o distintas formas de discriminación (étnica, por género o por orientación sexual).

En nuestras democracias hay una profusa legalidad que no funciona —o que funciona a medias— para enfrentar nuevas y crecientes amenazas del presente como son el crimen organizado y la creciente inseguridad ciudadana. Y en relación a ello, el drama del sistema penitenciario que no cesa de acentuarse por políticas públicas equivocadas. En estos espacios el “imperio de la ley”, en esencia, no funciona. Con Gobiernos democráticamente elegidos y todo.

Para enfrentar amenazas como éstas la respuesta es algo conceptualmente muy claro y macizo pero esquivo en los programas electorales y prioridades gubernamentales: un sistema de justicia —policía incluida— que funcione. La dinámica social se precariza y vuelve primitiva cuando no hay procedimientos institucionales serios de prevención y regulación de conflictos. Tema soslayado en la mayoría de estrategias nacionales, es hoy un ineludible reto para que las políticas públicas nos garanticen que la democratización conquistada no sea flor de un día.