“Subir el salario mínimo es justicia económica”
El gobernador de California firma la ley que eleva el salario a 15 dólares la hora. Más de la mitad de los beneficiados son latinos
El gobernador de California, Jerry Brown, firmó este lunes la ley que subirá el salario mínimo en todo el Estado hasta 15 dólares la hora en los próximos seis años. La firma solemne fue coreada por decenas de representantes de los sindicatos en el centro de Los Ángeles al grito de “¡sí se pudo!”. Brown habló de “justicia económica” para aprobar esta medida, la primera vez que se alcanza esa cifra en lo estatal en Estados Unidos. Las dos ciudades más grandes de California, Los Ángeles y San Francisco, ya habían adoptado legislación en este sentido.
“La rabia que estamos viendo en la actual campaña política tiene muchas fuentes”, dijo Brown durante el acto en referencia al ascenso de los discursos populistas. “Pero una de ellas es la forma en que se está tratando a los trabajadores americanos”. La subida del salario mínimo “puede no tener sentido económico, pero tiene sentido moralmente, políticamente, mantiene la cohesión de la sociedad”. “Esto pone un poquito de equilibrio en un sistema que cada día es más desequilibrado”, dijo Brown.
California es el estado más rico y más poblado (38 millones de habitantes) de Estados Unidos. Según cálculos de la oficina del gobernador, hay 7 millones de trabajadores que cobran por horas y de ellos 2,2 millones cobran el salario mínimo actual estatal de 10 dólares la hora. Al año, son unos ingresos de 20.800 dólares. Con la subida, esos trabajadores estarán cobrando en el año 2022 un mínimo de 31.200 dólares. El Gobierno de Estados Unidos considera que el límite de la pobreza es 24.300 dólares al año para una familia de cuatro personas.
Un estudio de la Universidad de California eleva hasta 5.6 millones de personas las que serán beneficiadas por la subida. El 55% de ellos son latinos y la mayoría mujeres, “limpiadoras como mi madre y mis tías”, dijo el hijo de inmigrantes y presidente del Senado de California, Kevin de León, durante el acto de la firma. "En el Estado más rico del país más rico del mundo, nadie que trabaje a tiempo completo debería vivir en la pobreza", dijo De León. El ambiente festivo latino en el que se desarrolló la firma de la ley quedó corroborado cuando De León llamó al gobernador "Edmundo Gerardo Café (Edmund G. Brown)".
Alvina Ardón, inmigrante salvadoreña de 28 años, gana el salario mínimo de 10 dólares en un McDonald’s. Su marido gana lo mismo. En su casa entran como mucho 2.000 dólares al mes. Tiene tres hijos de 8 años, 6 años y 4 meses. Viven todos juntos en una casa de una habitación por la que pagan 950 dólares al mes. Ha participado desde el principio en la campaña del sindicato SEIU, el más grande de California, para subir el salario mínimo y este lunes se declaraba “orgullosa de dejar un legado para mis hijos, que vean que hay que luchar para lograr lo que uno quiere”.
El sindicato SEIU había presentado dos iniciativas distintas de salario mínimo para que fueran votadas en noviembre junto con las elecciones presidenciales. A mediados de marzo, una de ellas ya había conseguido las firmas necesarias para entrar en la papeleta. Esto activó una negociación contrarreloj que en dos semanas ha terminado con una negociación entre el Legislativo, el gobernador y el sindicato para llegar a una versión matizada de la propuesta original que es la que finalmente se ha aprobado.
El salario mínimo subirá un dólar al año hasta llegar a 15 en enero de 2022 para empresas con más de 25 trabajadores. Las empresas pequeñas tendrán un año más. El gobernador se reserva el derecho a suspender la subida en determinadas condiciones de aumento del paro o aumento del déficit. A partir de que se alcancen los 15 dólares la hora, el salario mínimo queda fijado al aumento de precios, con un límite anual del 3,5%.
“Cuando a una idea le ha llegado su momento, nada la puede parar”, dijo por su parte el senador Mark Leno, autor de la versión final de la ley. “Agradezco al gobernador Brown que haya tratado esto como una cuestión de justicia económica”.
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