La liberación de Simón Trinidad, otra piedra en el camino hacia la paz

La situación de Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, guerrillero de las FARC condenado a 60 años y encarcelado en Estados Unidos desde 2004, es uno de los asuntos más espinosos que, aunque no públicamente, tratará Santos durante su visita a Washington. Aunque no es indispensable para que se firme el acuerdo final, la guerrilla exige la liberación inmediata de Simón Trinidad, que permanece en una prisión de alta seguridad de Estados Unidos acusado de estar vinculado al secuestro de tres contratistas estadounidenses que permanecieron en poder de la guerrilla durante cinco años. Sin embargo, no está condenado por otros delitos como terrorismo o narcotráfico. El Gobierno de Estados Unidos ha rechazado en numerosas ocasiones la excarcelación de Trinidad.

En una reciente entrevista con la agencia AP, Santos se mostró partidario de la liberación de Trinidad aunque, insistió, no depende de él esa decisión. "Por supuesto estaría de acuerdo con ello porque ayudaría en el proceso" de paz, sostuvo Santos. "Sería un tremendo gesto para las FARC, para su dignidad, ya que esto es un asunto realmente importante para ellos. A veces tienes que hacer concesiones para hacer los acuerdos más fuertes... Pero de nuevo: esto es algo con lo cual no me puedo comprometer".

Los negociadores de las FARC en La Habana, que nombraron a Trinidad como uno de sus representantes en el inicio de las conversaciones hace más de tres años, consideran que si no hay un compromiso antes de que se firme el acuerdo final, cuando la mesa de negociaciones de La Habana termine, lograrlo va a resultar mucho más complicado.

“La idea de liberarlo, especialmente en año electoral, es explosiva, puede conllevar un gran poste político”, asegura Adam Isacson, experto en política de seguridad regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Colombia va a tener que compartir ese coste político. El escenario más probable sería que fuese a una cárcel colombiana o que entre en la jurisdicción especial para la paz junto a otros guerrilleros”, añade.

Pese a la buena disposición de Estados Unidos durante todo el proceso, y la sintonía con el enviado especial de Obama, Bernie Aronson, la guerrilla quiere cerrar algunos cabos que le preocupan de cara a un posconflicto. Si bien existe el compromiso de que no habrá extradiciones por delitos cometidos hasta la firma del acuerdo, las FARC reclaman que se les saque de la lista de organizaciones terroristas del Gobierno de Estados Unidos, en la que llevan 20 años. Un pedido al que se unió recientemente el presidente Santos. En una entrevista con El Tiempo, Aronson fue tajante: Tienen que desarmarse, cesar sus actividades criminales y dejar de plantear un riesgo para los intereses de EE. UU. Cuando eso suceda entonces se iniciará un proceso de revisión para determinar si las condiciones ya no existen y pueden ser removidos. No depende de las FARC, depende del Gobierno de Estados Unidos. Pero creo que ellos entienden que ese proceso no puede comenzar mientras sean una organización armada y sigan involucrados en actividades criminales”.