Alemania y Suecia aceleran la expulsión de inmigrantes

El acuerdo de los tres partidos que gobiernan Alemania llega en uno de los momentos más calientes para la gran coalición, cuya imagen se ha visto muy deteriorada estos días por las disputas internas. El punto más controvertido era la reagrupación familiar, que finalmente se congela durante dos años para aquellos refugiados no amenazados directamente en su país de origen. Pese a las disputas, de lo que no había duda era que el nuevo paquete legal facilitaría las expulsiones. Y, según lo acordado este jueves en Berlín, estas afectarán sobre todo a marroquíes, argelinos y tunecinos.

La nueva norma considerará a los países del Magreb como seguros, lo que debe facilitar la expulsión de sus ciudadanos. En esta decisión ha jugado un importante papel los ataques que más de 900 mujeres sufrieron en Colonia la pasada Nochevieja. La mayor parte de los sospechosos por unas agresiones que horrorizaron a Alemania y que tensaron aún más el debate sobre refugiados venían de Marruecos y Argelia.

No es la primera vez que el Gobierno de Merkel amplía la lista de países seguros para facilitar la expulsión de inmigrantes. Antes lo hizo con Kosovo, Albania y Montenegro. Pero los cambios legales no aseguran la expulsión automática. Primero, porque el derecho al asilo es individual. Y segundo, por las dificultades prácticas que conllevan las deportaciones. “Para expulsar a alguien, necesitas el acuerdo del país de origen, algo que muchas veces no ocurre. Y además, muchos solicitantes de asilo no tienen documentos identificativos, lo que complica mucho la devolución”, explica Angeliki Dimitriadi, experta en migración del think-tank ECFR.

Así se explica que el Gobierno alemán haya amenazado con cortar la ayuda al desarrollo a aquellos países que no colaboren. El ministro del Interior, el democristiano Thomas de Maizière, defendió hace meses la expulsión de afganos con el argumento de que el país recibe muchas ayudas económicas. “Podemos esperar que se queden en su país”, dijo.

Y a devolver a sus orígenes a los que no reciben asilo se va a emplear a fondo Suecia, según avanzó su ministro del Interior. Ygemna prevé expulsar a entre 60.000 y 80.000 personas a las que se les deniegue el asilo, según anunció en una entrevista en el diario Dagens Industri. De las 163.000 solicitudes de asilo recibidas en 2015, el número más alto en relación con la población en Europa, se han tramitado 58.802, de las que el 55% fueron aceptadas.

Vuelos chárter

El ministro declaró que el Gobierno utilizará vuelos chárter para su deportación durante varios años. “Creo que vamos a ver más aviones fletados, especialmente bajo los auspicios de la UE”, declaró. Hasta ahora, las deportaciones se hacían en vuelos regulares con el personal del Servicio de Prisiones y Libertad Condicional.

El Ejecutivo sueco recuerda que los que han visto denegada su petición en firme (pueden apelar en los tribunales) deben abandonar voluntariamente el país y “a todos se les se les ayuda a organizar y pagar el viaje”. Aduce también que el número de refugiados aceptados se va a incrementar este año ya que “muchos solicitantes de asilo procedentes de Siria y Afganistán [los que reciben permisos de residencia en mayor medida] no han visto aún sus casos examinados”. La Agencia de Migración sueca tarda 229 días en tramitar las solicitudes.

Para el Ejecutivo socialdemócrata y verde de Suecia fue traumático anunciar el fin de su generosa política de asilo. “Me duele que Suecia no sea ya capaz de recibir” más refugiados, dijo el primer ministro, Stefan Löfven, en noviembre, junto a su viceprimera ministra, Åsa Romson, de Los Verdes, que no podía contener las lágrimas.

Según un reciente informe del FMI, Suecia fue el país europeo que más esfuerzo económico realizó el pasado año para atender a los refugiados: el equivalente al 0,5% de su PIB. Y prevé que este año llegue al 1%. Alemania, que dedicó el 0,2% en 2015, llegaría al 0,35% en este ejercicio.