Bruselas ve “problemáticos” los planes sobre inmigración de Londres

La Comisión Europea rechaza de plano que el Reino Unido imponga restricciones a la libre circulación de personas, pero apunta que el resto de propuestas de Cameron son factibles

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, posa con la bandera de la UE, el lunes en Bruselas.
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, posa con la bandera de la UE, el lunes en Bruselas.LAURENT DUBRULE (EFE)

Acción en Londres, reacción en Bruselas: la Comisión Europea salió ayer al paso del esperado envite de David Cameron con una respuesta ambigua, que combina suavidad (Europa no quiere el Brexit ni en pintura) y cargas de profundidad (tampoco quiere a Londres en el barco a toda costa). A este lado del Canal de la Mancha se ven factibles algunas de las propuestas. Pero la medida clave es inadmisible, prácticamente indefendible: el brazo ejecutivo de la UE rechaza de plano que Reino Unido pueda imponer restricciones a la libre circulación de personas, una de las libertades fundamentales e intocables.

Con la crisis se han esfumado en la Unión certidumbres y violado tabús; se han cruzado líneas rojas y se han reescrito reglas: arrastrada por la necesidad, la UE ha demostrado que sigue en una suerte de un estado de transición permanente. “Pero alguna de las propuestas de Cameron pasa de castaño oscuro”, explicó un veterano diplomático de uno de los grandes países del euro; “las reglas son moldeables; las libertades básicas, no”, subrayó. “Algunos elementos son altamente problemáticos porque atañen directamente a las libertades fundamentales; la discriminación directa de ciudadanos comunitarios entra claramente en esta categoría”, abundó un portavoz comunitario.

Cameron pretende que los inmigrantes, incluso los procedentes del interior de la UE, tengan vedado el acceso al Estado de Bienestar durante los cuatro primeros años de residencia. Y cita estadísticas hasta ahora desconocidas: el 43% de los inmigrantes procedentes de la UE, según Londres, reciben beneficios sociales en esos primeros años, una cifra que duplica el 21% publicado este mismo año en un informe gubernamental, según el Centro por la Reforma Europea, un laboratorio de ideas. “Esa medida es discriminatoria y viola los tratados; Londres podría impedir en sus leyes que los inmigrantes tuvieran que esperar cuatro años antes de acceder a los beneficios sociales, pero incluso en ese caso los tribunales europeos pueden declarar ilegal esa medida”, según el think tank.

Bruselas ve nubes y claros en el resto de asuntos. En un análisis a vuelapluma, la Comisión explicó que la posibilidad de dar más poder a los parlamentos nacionales es viable; más difícil parece que Reino Unido y el resto de países que no quieren el euro puedan protegerse de la necesidad de la eurozona de estrechar lazos, con una especie de puerta de salida a ese leit motiv que es la “Unión cada vez más estrecha”. “Eso es lo único realmente nuevo, pero tiene apenas valor simbólico: carece de implicaciones prácticas”, dijo el analista Daniel Gros.

El envite fue más descafeinado de lo previsto, pero Cameron tocó fibra sensible con la inmigración intraeuropea. Algunos de los países históricamente migrantes, como los del Este, salieron en tromba contra su plan. Ese tipo de medidas requiere cambios de tratados, recuerda Bruselas, y para eso hace falta unanimidad. Nada de eso parece factible, y no solo por la oposición del Este: ni Berlín ni París están dispuestos a tocar los tratados a corto y medio plazo.

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Sobre la firma

Claudi Pérez

Director adjunto de EL PAíS. Excorresponsal político y económico, exredactor jefe de política nacional, excorresponsal en Bruselas durante toda la crisis del euro y anteriormente especialista en asuntos económicos internacionales. Premio Salvador de Madariaga. Madrid, y antes Bruselas, y aún antes Barcelona.

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