¿Quién se presta a sustituir a un candidato ejecutado por el narco?

El PRI no encuentra reemplazo para un cabeza de lista municipal asesinado en Guerrero, el violento Estado de la matanza de Iguala

Quiroz, el candidato asesinado en Guerrero, en un acto de campaña.
Quiroz, el candidato asesinado en Guerrero, en un acto de campaña.

De cara a las elecciones del 7 de junio en México (municipales, estatales y a la Cámara de Diputados), uno de los lugares más expuestos a la violencia del narco es el Estado de Guerrero, el mismo donde el pasado 26 de septiembre fueron asesinados los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El viernes pasado hubo una nueva muestra de la crisis de seguridad de esta región: el candidato del PRI al municipio de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, fue asesinado durante un recorrido de campaña. Y el miedo hace que su partido no encuentre a quién quiera sustituirlo.

El candidato fue enterrado este lunes. Después del sepelio, el dirigente del PRI de Guerrero Cuauhtémoc Salgado informó de que a lo largo del día anunciarían quién sería el nuevo cabeza de lista. Pero no fue así. El primero en la lista de sustitutos, José Santos, lo rechazó. Se lo propusieron a otros cuatro. Ninguno aceptó.

Quiroz, de 34 años, viajaba el viernes por la tarde por una carretera de Chilapa cuando un comando criminal bloqueó el paso a su comitiva. Al candidato —que había optado por no tener escoltas— le ordenaron bajar de su camioneta, le dieron un tiro en la cabeza y lo remataron en el suelo. Lo acompañaban otras 15 personas a las que pusieron de espaldas contra los vehículos. Una vez ejecutado el candidato, ordenaron a los acompañantes que se subiesen a la camioneta y se fuesen de allí de inmediato, "Si no quieren morir".

Chilapa forma parte de la zona montañosa de Guerrero en la que se baten distintos carteles por el control territorial

El viernes sobre las dos de la tarde el candidato había escrito en su perfil de Facebook sobre un acto cultural que había tenido en un barrio. El primer comentario a ese post llegó sobre las nueve de la noche por parte de un seguidor de su página: "Creo que lo acaban de quebrar, ¿no?". Otro respondió: "Total, un muerto más".

Chilapa (120.000 habitantes) es un municipio conocido por sus artesanías y forma parte de la zona montañosa de Guerrero en la que se baten distintos carteles por el control territorial. El control del cultivo de droga en los montes (marihuana y heroína), el de las rutas de tráfico de los estupefacientes, el de la extorsión sistemática a la población y el de las instituciones: de sus recursos económicos e incluso de sus policías municipales.

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En el caso de Chilapa, los grupos en guerra son Los Rojos y Los Ardillos. Son microcarteles surgidos tras el desmoronamiento en los últimos años del monopolio criminal en Guerrero del cartel de los Beltrán Leyva. Disgregada la unidad mafiosa, unos y otros se matan por copar los territorios.

Los Rojos y Los Ardillos son microcarteles surgidos tras el desmoronamiento de los Beltrán Leyva

El asesinato de Quiroz viene precedido de otros hechos en la zona. El 26 de abril un comando le salió al paso en una carretera de Chilapa a Luis Walton Aburto, exalcalde de Acapulco y candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno estatal de Guerrero. Walton afirmó que incluso llevaban un lanzagranadas. Pero en este caso los narcos dejaron pasar a la comitiva. En marzo fue asesinada Aidé Nava González, de 41 años, candidata del PRD en Ahuacuotzingo, a unos 50 kilómetros de Chilapa. Su cabeza apareció en una pista de tierra con una manta a su lado con un mensaje: “Esto le va a pasar a todos los putos chaqueteros y putos políticos que no se quieran alinear. Firmado: Puro Rojo ZNS”.

Guerrero es uno de los cuatro Estados señalados en noviembre como prioritarios por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dentro de su estrategia de seguridad nacional. Los otros tres son Michoacán (donde surgió en 2013 el movimiento de autodefensas rurales contra el narco), Jalisco, actual foco rojo por la enloquecida cruzada que ha emprendido el cartel Nueva Generación contra cargos públicos, policías y militares, y Tamaulipas, un agujero negro asolado desde hace una década por la batalla entre el Cartel del Golfo y Los Zetas.

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