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Los ataques en el Sinaí cuestionan la política de seguridad de Al Sisi

La ola de atentados y emboscadas causa al menos 31 muertos

Edificio afectado por los ataques de este jueves en el Sinaí.
Edificio afectado por los ataques de este jueves en el Sinaí.REUTERS

La cadena de ataques en la península del Sinaí que ha dejado al menos 31 muertos y medio centenar de heridos supone un órdago en la lucha contra el terrorismo que libra el régimen de Abdelfatá al Sisi. Pese a que el general ha centrado sus ocho meses de mandato en devolver la seguridad a Egipto, la magnitud de los atentados en el Sinaí cuestiona su política.

El norte de este territorio fronterizo con Gaza e Israel, marginado por la administración egipcia en las últimas décadas, se convirtió la noche del jueves en una verdadera zona de guerra. A la explosión de un coche bomba en Al Arish, la capital de la región, le sucedieron varias emboscadas con morteros y armas ligeras en controles militares. El portavoz del Ejército, Mohamed Samir, se apresuró a manifestar en las redes sociales que el ataque se debía a los “exitosos golpes” que las fuerzas de seguridad han infligido a los milicianos. Las Fuerzas Armadas aseguraron en un comunicado que aumentarán las operaciones en la zona.

“Egipto está en guerra con el grupo con más poder en dos siglos”, asegura el general

Pese a que en los últimos meses los atentados en el resto del país han disminuido, en el Sinaí han ido ganando en sofisticación y envergadura. En octubre pasado, otra acometida similar le costó la vida a 31 militares. Poco después el principal grupo yihadista de la zona, Ansar Beit al Maqdis, que también ha reivindicado los últimos ataques, juró lealtad al Estado Islámico (EI) y consideró el Sinaí una provincia del califato.

El Gobierno reaccionó decretando el estado de excepción y desalojando una extensión de unos 500 metros fronteriza con Gaza, por donde consideran que se cuelan armas y milicianos. La experta en Oriente Próximo del Centro Carnegie para la Paz, Michele Dunne, escribió entonces que “la represión política y los abusos de derechos humanos [por parte del Gobierno] constituyen la receta para estimular el reclutamiento de la militancia islamista”.

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Aunque sin mostrar pruebas, el régimen egipcio considera a los Hermanos Musulmanes una organización terrorista y los vincula a esos atentados. Al Sisi ha insistido en incluir a la lucha internacional contra el EI a la Hermandad. El analista político egipcio Hassan Nafaa remacha en conversación telefónica que el Estado ha fallado porque las “autoridades sólo han pensado en resolver el problema desde el punto de vista de la seguridad”. “No ha habido ningún intento de encontrar una solución política y ni siquiera un estímulo económico y cultural para los habitantes del Sinaí”, agrega.

EE UU considera a Egipto un aliado vital en la lucha contra el yihadismo por su peso en la zona y su influencia cultural como centro del islam moderado. Así, la Casa Blanca y después la UE condenaron los últimos atentados y remarcaron su “apoyo a Egipto en su lucha contra el terrorismo”.

Tras los ataques de octubre el Gobierno egipcio aprobó una norma por la que una gran cantidad de instalaciones del país pasaban a control militar y cualquier civil que provocara alteraciones en ellas podría ser juzgado en una corte marcial. No se descartan nuevas medidas de este tipo a la vuelta de Al Sisi de la cumbre de la Unión Africana, que abandonó tras afirmar que Egipto se encuentra en “guerra contra la organización secreta más poderosa de los dos últimos siglos”.

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