Nicaragua, el ‘Gran Canal’ y la perpetuación de Daniel Ortega
Un año de retrocesos en los alcances de la democracia en Nicaragua, tras la reforma a la Constitución que permite la reelección indefinida al presidente Ortega
En la historia de Nicaragua ha habido al menos 72 intentos para construir una ruta que, al travesar el país, uniera el Océano Pacífico con el Mar Caribe. Todos los intentos fallaron rotundamente, pero a pesar de ese fracaso cada tanto los caudillos que han liderado este país centroamericano apelan al deseo de salir de la pobreza de su población y prometen la construcción de un Canal Interoceánico. El más reciente intento lo impulsa el presidente Daniel Ortega, quien con el apoyo del empresario chino Wang Jing, inauguró el pasado 23 de diciembre lo que el Gobierno ha dado en llamar “las obras auxiliares” del “Gran Canal”, un gigantesco proyecto de 50 mil millones de dólares y rodeado de escepticismo y cuestionamientos.
La virtual construcción del Canal ha sido la noticia de la década en Nicaragua. No sólo porque está involucrado un empresario de una potencia con un crecimiento voraz, que aspira a ampliar su influencia en el mundo, sino porque el proyecto lo lidera un exguerrillero que luchó contra la dictadura somocista y aún mantiene un discurso incendiario contra el imperialismo, pero que entregó en 24 horas la concesión para la construcción del Canal a Wang Jing, con amplios poderes para decidir sobre la gran extensión de tierra que afectarían las obras de construcción. Se verían afectadas al menos 20.000 personas, aunque organizaciones de derechos humanos y ambientales hablan hasta de 100.000; que deberían ser forzosamente movilizadas hasta otras zonas del país, así como expropiados los terrenos que han cultivado y habitado durante décadas. El pasado 23 diciembre Ortega afirmó en una ceremonia especial en Managua, que las expropiaciones comenzarán en el primer trimestre de 2015.
“¡Fuera, chinos, de Nicaragua!”
El anuncio de que miles de campesinos podrían ser expropiados comenzó una movilización inédita en este país, con miles de personas en el interior plantando cara a la empresa china HKND Group y a Ortega. Fueron los campesinos quienes iniciaron la llama de la indignación en un país aletargado, con una población cansada después de la guerra civil de los ochenta y que dejó miles de muertos. Al grito de “¡Fuera, chinos, de Nicaragua!” los campesinos organizaron manifestaciones, cercaron las principales vías de acceso a Managua y se enfrentaron valientemente a la Policía y el Ejército. El 23 de diciembre, sin embargo, Ortega ordenó una dura represión contra los manifestantes, lo que dejó más de 50 heridos y 33 detenidos.
Los campesinos apresados fueron liberados horas después, pero las autoridades se ensañaron con seis de los líderes de las manifestaciones, quienes estuvieron apresados por seis días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua, popularmente conocidas como “El Chipote” y tristemente célebres por denuncias de tortura. Organizaciones de derechos humanos de Nicaragua catalogaron la captura de estos campesinos como secuestro y denunciaron a la Policía Nacional, controlada directamente por Ortega, por mantenerlos presos de forma ilegal, ya que violaron la ley al no presentar cargos o una acusación formal contra ellos, 48 horas después de detenidos. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) dijo que la represión desatada contra los campesinos de Nicaragua “tipifica a Ortega como un dictador”.
“Con Ortega forever”
Con esta represión el presidente Ortega hace una demostración de fuerza que deja sentado un fuerte mensaje en Nicaragua: las decisiones del Gobierno no se discuten. Así, el proyecto del Canal Interoceánico se mantiene sin que se conozcan los estudios de impacto ambiental –una de las principales preocupaciones de los científicos y ambientalistas del país–, de viabilidad comercial y técnica. Se trata de un avance más en la medida que hace el mandatario del nivel de tolerancia en Nicaragua, un país acostumbrado a los caprichos de sus caudillos y a la violencia política que de tanto en tanto se aparece en las páginas de su historia.
Ortega repitió en 2014 los viejos vicios de la cultura política de Nicaragua, convirtiendo su Administración en lo que el fallecido politólogo y gran conocedor de la historia de este país, Emilio Álvarez Montalván, catalogó como una “dictadura refinada”. El mandatario, aprovechando el control que mantiene en el Parlamento, hizo reformar la Constitución, eliminando los candados legales que prohibían la reelección continua. La Asamblea Nacional, unicameral, confeccionó una Constitución a la medida de Ortega, que le permite reelegirse cuantas veces quiera, en una repetición de la etapa somocista, cuando las huestes del dictador clamaban: “Con Somoza forever”.
Violencia política
El retroceso en los logros democráticos que había alcanzado Nicaragua desde la transición de 1990, cuando Violeta Chamorro derrotó en las urnas a un todopoderoso Frente Sandinista, han desembocado en una violencia política que mantiene tenso al país. El pasado 19 de julio, al regresar de la celebración del 35 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, en Managua, dos caravanas de simpatizantes del Frente fueron atacadas a balazos, causando cinco muertos y más de 20 heridos. Durante las largas horas que duraron las investigaciones, y el posterior juicio contra los supuestos autores de la masacre, las autoridades no pudieron esclarecer el móvil del crimen, mientras que el proceso legal fue fuertemente cuestionado por medios de comunicación críticos con el Ejecutivo, defensores de derechos humanos y expertos en Derecho Penal.
Fue hasta inicios de diciembre que una voz oficial decidió hablar de la masacre. La presidenta de la Corte Suprema de Nicaragua, la magistrada Alba Luz Ramos, dijo a la revista de investigación Confidencial, de Managua, que los 12 campesinos condenados el pasado 11 de octubre por participar en la masacre “mataron por razones políticas”. Con ello, Ramos confirmaba que en este país hay personas que se han armado de forma ilegal para hacer frente a las decisiones del Ejecutivo sandinista, lo que ha sido negado durante meses tanto por la Policía Nacional como por el Ejército.
2014 será recordado en las páginas de la historia de este país como un año sangriento, en el que Ortega se perpetuó en el poder y logró el control total de todas las instituciones del Estado, mientras encendía las esperanzas de los nicaragüenses de salir de la miseria con la construcción de un Canal Interoceánico liderado por un empresario chino, el intento número 73 después de 72 fracasos rotundos.
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