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Palestina lanza su mayor desafío a Israel al pedir entrar en la Corte Penal

La solicitud para unirse al tribunal abre la vía para perseguir crímenes de guerra

Un manifestante palestino vestido de Papá Noel (centro) se enfrenta a un soldado israelí en una protesta cerca de Nablus.
Un manifestante palestino vestido de Papá Noel (centro) se enfrenta a un soldado israelí en una protesta cerca de Nablus. EFE

La decisión del presidente palestino, Mahmud Abbas, de adherirse a la Corte Penal Internacional (CPI), tendrá repercusiones en el corto y largo plazo en Oriente Próximo, a las que habría que sumar el fracasado intento de conseguir una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hubiera exigido el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos para finales de 2017. Los dos frentes diplomáticos abiertos por Abbas buscan sacar a Palestina de su aislamiento político.

La firma del Estatuto Roma para entrar en la CPI pretende abrir la vía para perseguir a Israel por crímenes de guerra. La propuesta no tiene efectos inmediatos aunque en Ramala se vivió con éxtasis. “Por fin podremos llevar a esos criminales a la corte”, exclamó un funcionario del Gobierno de Abbas que pidió no ser identificado. “Me siento más que satisfecho”, remarcó Mustafá Barghuti, director de la Iniciativa Palestina Nacional, un movimiento que respalda a los grupos que presionaron a Abbas a firmar el tratado. “Si alguien se opone a la participación de Palestina en la Corte Internacional, se opone a la ley humanitaria e internacional. Es un importante paso tanto para los palestinos como para los israelíes, para todos aquellos que quieren prevenir crímenes de guerra”, dijo Barghuti en una entrevista.

Pero llegar a un proceso de la CPI que discutiría posibles crímenes de lesa humanidad o de guerra implicaría años. Se prevé que Palestina será formalmente aceptada en unas seis semanas, pero su jurisdicción no es retroactiva, por lo que sólo podrán empezar a presentar acusaciones que surjan a partir de ese momento.

Además, el organismo opera como un tribunal complementario, en ámbitos en donde no hay un mecanismo legal y carece de competencia si un país o territorio investiga debidamente. En consecuencia, hay pocas posibilidades de que las causas contra militares o políticos israelíes puedan ser admitidas.

Una de las primeras consecuencias previstas es que EE UU e Israel impondrán severas sanciones económicas contra Palestina, ya que en los Acuerdos de Oslo se comprometió a no unirse a organismos internacionales de forma “unilateral” y no negociados.

EE UU condenó este miércoles lo que considera una “muy preocupante” decisión de Abbas. Este paso del presidente es “totalmente contraproducente” y no ayuda en nada a promover las “aspiraciones” palestinas de soberanía e independencia, advirtió Jeff Rathke, portavoz del Departamento de Estado.

El gran riesgo para Israel son los asentamientos en Jerusalén Este y en Cisjordania, ilegales según la ley internacional y, posiblemente, crímenes de guerra. “La gran pregunta es la de los asentamientos”, afirma David Kretzmer, profesor emérito de derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén. “El traslado de población de un país hacia un territorio ocupado es considerado un crimen de guerra, según el Estatuto de Roma. Esto podrá tener implicaciones para cualquier asentamiento posterior a la adhesión de Palestina a la corte, aunque es una propuesta legal que nunca se ha intentado”, sostiene.

Shawan Jabarin, director de Al Haq, una ONG palestina que ha asesorado al Gobierno de Abbas, estima que el impacto psicológico de esta iniciativa sobre la ciudadanía será positivo. “El sentir que esto tiene remedio, que existe un mecanismo para hacer justicia, no es poca cosa. Hasta ahora los criminales israelíes operaban con impunidad absoluta. Sin castigo repiten una y otra vez los mismos crímenes. La sensación de que puedan ser procesados los hará quizá reevaluar sus acciones. Claro que si un palestino actúa de igual forma pagará un precio. Esto nos servirá también para educar a los palestinos”, sostiene en una entrevista.

Kretzmer coincide: “Si alguien en Gaza lanza un misil contra Israel, se podrá presentar una queja legal y el problema es que mientras en Israel tenemos instituciones legales para investigar y juzgar, ellos no las tienen. Es un riesgo importante”, detalla.

Los grupos de activistas de la izquierda israelí que apoyan en principio la iniciativa palestina son ambivalentes. “Políticamente, esto es un regalo de dios para [el primer ministro Benjamín] Netanyahu. Le da a la derecha tremendas armas”, dice un activista.