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Disney se suma a las empresas que evadieron impuestos con ‘LuxLeaks’

Las cuatro grandes de la auditoría y la consultoría mundial intermediaron en la trama

I.F.
Luxemburgo, el 23 de octubre de 2008.
Luxemburgo, el 23 de octubre de 2008. D. Faget (AFP )

El caso LuxLeaks vuelve a asestar un duro golpe reputacional a Luxemburgo y a su exprimer ministro y hoy presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha escrito este martes un nuevo capítulo del escándalo –que ha puesto de relieve los acuerdos de centenares de grandes empresas con el Gran Ducado para abaratar su factura fiscal– al añadir a Disney, a Skype, a la química estadounidense Koch y a una treintena de multinacionales más a los 340 nombres de empresas revelados a principios de noviembre. Las cuatro grandes de la auditoría y la consultoría a escala mundial (Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC -la participación de esta última ya se conocía-) también están directamente implicadas en la trama, al haber intermediado entre las compañías y el Estado luxemburgués para facilitar los acuerdos fiscales ad hoc.

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Según detalla el ICIJ, tanto Disney como Koch Industries (esta última, vinculada con el Partido Republicano estadounidense) emplearon sus filiales en el Gran Ducado para aligerar sus cargas impositivas a ambas orillas del Atlántico, la misma maniobra que han utilizado multinacionales de la talla de Ikea, Pepsi o Procter & Gamble. Para urdir el entramado fiscal que les permitió evadir centenares de millones de euros que legítimamente deberían haber recaudado los fiscos de los Estados en los que se generaron los beneficios (su volumen de negocio originado Luxemburgo es nulo o muy bajo, dependiendo de los casos), las casi 400 empresas que figuran en la investigación contrataron los servicios de las cuatro mayores empresas de servicios profesionales del mundo (Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG). Estas firmas fueron las responsables cerrar los detalles de sus respectivos acuerdos fiscales a medida –conocidos como tax rulings en la jerga financiera– con el Estado luxemburgués.

Los pactos impositivos, que rebajaban la factura fiscal hasta la décima parte de lo que deberían abonar en otros países de la UE, se firmaron mientras Juncker era primer ministro de Luxemburgo, el segundo Estado menos poblado de la Unión con poco más de medio millón de habitantes, pero uno de los grandes centros neurálgicos mundiales para la industria de los fondos de inversión y de las aseguradoras, que se instala en el país atraída por las ventajas fiscales que ofrece.

La publicación del segundo capítulo de la trama, que incluye a otras firmas de la talla de Telecom Italia (la primera empresa de telecomunicaciones del país transalpino), llega dos semanas después de una moción de censura fallida contra la Comisión Juncker en el Parlamento Europeo y justo cuando el presidente del Ejecutivo comunitario empezaba a recuperar aire tras el estallido de LuxLeaks. Desde que se desvelaron los primeros expedientes, Juncker ha defendido la "legalidad" de los mismos y se ha negado "pedir disculpas" por su implicación en un caso que ha debilitado prematuramente su imagen pública: solo lleva un mes al frente del brazo ejecutivo de la UE.

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Bruselas busca refugio en plena tormenta. "El presidente Juncker está al 100% contra la evasión y el fraude fiscal. Forma parte de sus prioridades políticas desde la campaña electoral [de las elecciones europeas] y no va a cambiar por lo ocurrido", ha respondido este miércoles un portavoz del Ejecutivo comunitario. "La Comisión considera que la competencia fiscal perjudicial es consecuencia directa de la falta de armonización. Nuestra respuesta es más armonización y coordinación para combatir la elusión y la planificación fiscal agresiva".

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Sobre la firma

I.F.
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS. Ha trabajado en las delegaciones del diario en Bruselas y Ciudad de México. Estudió Económicas y Periodismo en la Universidad Carlos III, y el Máster de Periodismo de EL PAÍS y la Universidad Autónoma de Madrid.

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