Los empresarios franceses se echan a la calle
Los patronos se movilizan contra "las trabas" a la actividad económica
Miles de empresarios franceses, uno de los escasos colectivos de peso que hasta ahora aplaudían la política reformista del Gobierno, se lanzaron este lunes a la calle en París y Toulouse porque consideran "asfixiantes" los "bloqueos y trabas normativas" para su actividad económica. Iniciaron así una inédita semana de movilizaciones por toda Francia, que acorrala aún más a un Ejecutivo con escaso apoyo cuando la derecha y la ultraderecha se rearman para preparar el asalto al poder.
La manifestación de París contó con la presencia de unas 6.000 personas, según la organización convocante, la Confederación General de la Pequeña y Mediana Empresa (CGPME), que agrupa a 600.000 sociedades con menos de 250 empleados. Las otras dos grandes asociaciones patronales, la Medef (Movimiento de Empresas de Francia) y la UPA (Unión de Artesanos) han organizado también una quincena de actos en otras tantas ciudades del país.
Los directivos se muestran inflexibles pese a las cesiones del Gobierno
En la capital, los manifestantes se congregaron cerca de Bercy, la sede de los ministerios de Economía y de Finanzas. Junto con pancartas con frases como "¿Quién pagará vuestros salarios?" o "Ya no nos queda nada", los congregados corearon gritos de "No se nos comprende, nos vamos a hacer oír" o "Pymes bloqueadas, liberemos nuestras empresas". "Estamos exasperados", insistía Jean-Eudes du Mesnil, secretario general de la CGPME.
El patrón de patronos y líder de Medef, Pierre Gattaz, había calentado el ambiente en las horas previas: "Los empresarios no podemos más. Estamos asfixiados". Es el propio Gattaz el que en agosto pasado alababa el plan del Gobierno, que en los próximos tres años prevé unas ventajas para los patronos de 41.000 millones en rebajas de impuestos y cotizaciones sociales. Ahora, Gattaz asegura que, entre 2011 y 2013, la presión fiscal a las empresas ya subió en 36.000 millones y que en estos momentos se han puesto en marcha nuevas cargas que supondrán al menos otros 3.000 millones. Las organizaciones patronales afirman que más de 60.000 empresas cierran sus puertas cada año.
A la espera de la ley liberalizadora
Las inéditas protestas patronales se producen la semana previa a que el ministro de Economía, Emmanuel Macron, presente al Consejo de Ministros la llamada Ley de Actividad, en la que los empresarios tienen depositadas esperanzas para que el Gobierno elimine trabas y bloqueos. La norma, reclamada insistentemente por la Comisión Europea, persigue "favorecer la iniciativa privada y modernizar la economía", como señala el documento oficial explicativo del proyecto, que busca una liberalización para mejorar la competitividad empresarial y el empleo.
La primera parte está centrada en las profesiones reguladas. Macron quiere abrir a la competencia o facilitar la entrada de accionistas en farmacias, despachos de abogados o notarios, así como rebajar sus tarifas y las de los servicios médicos. En septiembre, todos estos colectivos expresaron con huelgas y manifestaciones su rechazo al plan. Ese primer capítulo también prevé eliminar trabas para el transporte por carretera y para nuevas construcciones.
La segunda batería normativa persigue aligerar la legislación para estimular las inversiones. Por último, la ley Macron ampliará las opciones de apertura de comercios los domingos y creará nuevas zonas de especial afluencia turística en las que los horarios serán aún más flexibles. Los empresarios sostienen que se crearán decenas de miles de empleos.
El punto más espinoso de la norma es el relativo a la aplicación del límite de las 35 horas semanales. Macron quiere que la ley amplíe las posibilidades de que empresarios y empleados puedan pactar más fácilmente superar ese límite.
Pero las quejas más contundentes ahora son tres. La primera es la llamada cuenta personal para trabajos penosos, que entrará en vigor en enero. Recoge 10 supuestos, que van desde trabajos en ambientes ruidosos o con altas temperaturas a labores repetitivas o en posiciones corporales perjudiciales. Los empleados en esas situaciones podrán jubilarse hasta dos años antes y tendrán derecho a cursos de formación periódicos y a reducir en el futuro sus horarios sin sufrir mermas salariales. "Es totalmente inaplicable", se quejan los empresarios. Según cálculos del Ejecutivo, puede afectar a más del 15% de los trabajadores.
Una segunda medida prohíbe a los patronos firmar contratos temporales de un plazo inferior a 24 horas semanales. La tercera obliga a las empresas con menos de 250 empleados a informar a los trabajadores con dos meses de antelación de la intención de vender la sociedad.
La movilización patronal, que como precedente más inmediato tiene la protesta de 1999 contra el límite de 35 horas semanales, forzó este lunes mismo movimientos en el Gobierno para amainar el vendaval. El ministro de Finanzas, Michel Sapin, difundió un documento titulado Nueva gobernanza fiscal en el que advierte que las recientes cargas fiscales a las que se refería Gattaz "no serán retroactivas" y, por tanto, entrarán en vigor en 2015 y se anotarán en las declaraciones de 2016.
El ministro de Economía, Emmanuel Macron, recibió por la tarde a una representación de los manifestantes. "Apenas nos ha tranquilizado", declaró a este periódico nada más salir Du Mesnil, el líder de la CGPME.
En otra cesión gubernamental para calmar los ánimos, el Ejecutivo ya había anunciado que la cuenta de trabajos penosos solo se aplicará en 2015 a cuatro supuestos (nocturnidad, labores repetitivas, turnos de equipos continuos y buzos) y el resto, en 2016. "Si no hay acuerdo, seguiremos con movilizaciones", asegura Du Mesnil.
Fuentes de Economía señalaron a este periódico que el ministro es "comprensivo" con la reacción de los empresarios, pero en el partido gubernamental conviven otras sensibilidades. El portavoz del Ejecutivo, Stéphan Le Foll, comentó la semana pasada que era "poco entendible" la movilización, mientras el jefe del grupo socialista en la Asamblea Nacional, Bruno Le Roux, se quejó de que, pese a las ayudas a las empresas, estas no invertían y que, por lo tanto, podían reducirse las ventajas aprobadas.
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