La presión fuerza a Obama a justificar los ataques con ‘drones’ a estadounidenses

El Gobierno difundirá el argumentario legal de las batidas para garantizarse una nominación judicial

Prototipo de un 'drone' en una protesta frente al Capitolio. REUTERS
Prototipo de un 'drone' en una protesta frente al Capitolio. REUTERS

Presionado por el temor de que sea bloqueada la nominación de un cargo judicial, la Administración de Barack Obama ha decidido terminar su batalla en los tribunales y difundir el polémico memorándum elaborado en 2011 que justifica legalmente que ciudadanos estadounidenses en el extranjero puedan ser objeto de un ataque con drones, lo que supone una victoria para las organizaciones de derechos civiles y el senador libertario republicano Rand Paul, integrante del Tea Party, que llevan más de un año reclamando mayor transparencia al Gobierno.

Hace justo un año la Casa Blanca admitió por primera vez la muerte a finales de 2011, amparada en dicho memorándum, de cuatro ciudadanos estadounidenses en batidas con aviones no tripulados en Yemen y Pakistán en el marco de la lucha contra el terrorismo.

El Departamento de Justicia anunció el martes por la tarde que difundirá el documento en las próximas semanas. Lo hizo precisamente el día antes de que el Senado debatiera este miércoles la nominación de David J. Barron, uno de los autores del memorándum, para ocupar una plaza vacante en la Corte de Apelaciones del primer circuito en Boston, el nivel judicial inferior al Tribunal Supremo. Varios senadores habían amenazado con no apoyar la designación de Barron si la Administración no revelaba el marco legal en el que sustentan las controvertidas operaciones. Así, tras el anuncio de la publicación, se mostraron favorables a aprobar la nominación de este profesor de derecho en la Universidad de Harvard. Tras el debate de este miércoles la votación definitiva en la cámara tendrá lugar el jueves.

Varios senadores se negaban a apoyar la designación del abogado Barron, que elaboró el memorándum, si el texto legal no era difundido

Como letrado del Departamento de Justicia, Barron elaboró dos documentos en los que determinaba que sería legal asesinar, mediante un ataque con drones, al clérigo estadounidense Anuar el Aulaki, que falleció en septiembre de 2011 en Yemen, porque, según adujeron los servicios de inteligencia, el líder de operaciones en el extranjero de Al Qaeda en la península Arábiga estaba preparando atentados contra Estados Unidos y su captura no era factible. El año pasado, en una carta enviada a los líderes demócratas y republicanos en el Congreso, el fiscal general, Eric Holder, calificó de “legítima y justa” la decisión de matar deliberadamente a ese ciudadano estadounidense.

En la misiva, que llegó a los pocos meses de que la Administración reconociera por primera vez públicamente su programa de drones, Holder también confirmó las muertes -en esos casos por error- de otros tres ciudadanos estadounidenses en esa y otras batidas mediante aviones controlados a distancia por la CIA o el Pentágono.

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Las muertes de civiles, por los fallos de precisión en los ataques, son el principal argumento de los críticos al extendido uso de drones -que se ha multiplicado desde que Barack Obama llegó a la presidencia de EE UU en 2009- y han enfurecido a países como Afganistán. Según un informe de la ONU, publicado en marzo, en 2013 se registró un descenso significativo del número de ataques en Pakistán, pero un incremento en Afganistán y Yemen.

La decisión de la Casa Blanca supone una victoria para el senador libertario del Tea Party Rand Paul

Al optar por revelar la justificación legal detrás de las incursiones contra estadounidenses, el Departamento de Justicia ha decidido no recurrir un fallo de la Corte de Apelaciones del segundo circuito que le instaba a divulgar el memorándum. Esa orden, de finales de abril, anuló un fallo previo de un tribunal federal que determinó que la CIA y los departamentos de Defensa y Justicia no tenían que difundirlo. El proceso judicial para tener acceso a esos datos fue impulsado, por separado, por la Asociación de Libertades Civiles Americana (ACLU) y periodistas del diario The New York Times.

Ahora la Administración busca acordar con la Corte de Apelaciones si puede modificar parte del redactado del memorándum para proteger determinadas cuestiones de seguridad nacional. Por ejemplo, se desconoce si el ataque que acabó con la vida de El Aulaki lo efectuó la CIA o el Pentágono, que también ha llevado a cabo batidas en Yemen pero con menor frecuencia que la agencia de espionaje. Se trata de una dicotomía importante, pues el amparo legal de estas operaciones es mucho más restrictivo si las efectúa el Departamento de Defensa.

De hecho, esta diferencia es uno de los principales motivos del estancamiento del plan de traspasar de la CIA al Pentágono el control de los ataques de drones que prometió el presidente Obama en mayo del año pasado y con el que pretendía que las operaciones ganaran transparencia ante los crecientes reproches de demócratas, el ala más libertaria de los republicanos y grupos de derechos civiles, al margen de parte de la opinión pública.

En este sentido, la decisión de la Administración de revelar el memorándum supone una victoria para el libertario Rand Paul y su peculiar cruzada contra los drones. Le permite distanciarse del núcleo más belicista del Partido Republicano en un momento en que se especula si optara a las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2016. En marzo del año pasado el senador por Kentucky impidió con un discurso de casi 13 horas que la cámara alta votara la confirmación de John Brennan como director de la CIA en señal de protesta por la potestad del Gobierno de atacar con aviones no tripulados a ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense.

Este año ha centrado sus esfuerzos en reclamar más transparencia a la Administración y en denunciar que las batidas contra estadounidenses pueden vulnerar la Constitución, lo que le ha acercado a los postulados de organizaciones de derechos civiles en sus antípodas ideológicas, como la ACLU, pero con las que comparte ciertos principios sobre la protección de las libertades individuales. “No es una cuestión de ver el memorándum. Es una cuestión sobre el derecho a un juicio y a la presunción de inocencia de ciudadanos estadounidenses no involucrados en combate”, subrayó Paul este miércoles en la sesión del pleno del Senado sobre la nominación de Barron.

“Esperamos que este documento señale un cambio más amplio en el enfoque de la administración al secretismo alrededor de sus programas de asesinatos selectivos”, afirmó, por su parte, el director legal adjunto de la ACLU, Jameel Jaffer, tras conocerse la decisión del Gobierno.

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